El segundo nombramiento federal oficializado en Baja California es el de Rodulfo Figueroa, al frente de Instituto Nacional de Migración, pero activistas señalan que la política del funcionario no es humanitaria.

De junio de 2013 a abril de 2018, la Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California deportó 8,467 personas extranjeras, tres veces más que las 2,714 de los cinco años anteriores.

En ese lapso, la dependencia federal recibió 100 quejas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos recomendaciones por diversas violaciones a derechos de migrantes.

Así, el “Inami” se colocó año con año entre las delegaciones en el estado con más quejas ante la CNDH.

El periodo corresponde a la primera gestión de Rodulfo Figueroa Ochoa como delegado del INM, quien dijo que salió de este debido a cambios realizados con todos sus homólogos del país.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país y la asignación de Tonatiuh Guillén en la Dirección del INM, Figueroa fue nombrado el primero de diciembre del año pasado  coordinador del Instituto en Baja California, figura que sustituye al delegado, confirmó él mismo.

“Pensábamos que con el cambio de gobierno federal habría una persona que tuviera una perspectiva de derechos humanos, no de persecución o criminalización de los migrantes”, dijo Paulina Olvera Cáñez, directora de la asociación Espacio Migrante.

La activista recordó los señalamientos contra el entonces delegado durante el arribo masivo de migrantes haitianos y africanos en 2016 y 2017, así como de las caravanas del sur de México y Centroamérica.

Dichos cuestionamientos se plasmaron en la queja que presentó el “Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria de Tijuana” —organismo ciudadano creado a partir de la llegada masiva de migrantes en 2016 para coordinar los apoyos de la sociedad a esta población— y cuatro asociaciones civiles ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en enero de 2017.

Según el documento, la delegación de Figueroa y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos  incurrieron en “responsabilidad por omisión al negarse a reconocer la existencia de una crisis humanitaria y actuar en consecuencia”.

“No han implementado una estrategia clara y definida que contemple un plan de acción con dotación de recursos económicos y abastecimiento de alimentos permanente  de manera que se garantice la atención integral y el respeto a los derechos humanos de esta población migrante”, dice la queja.

Ante los señalamientos, se buscó contacto con el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén vía telefónica, por medio de Comunicación Social y durante una visita no anunciada al albergue temporal de El Barretal, en Tijuana, pero no se tuvo éxito.

Con ello, la atención a esta población recayó en la sociedad civil; ante la falta de infraestructura pública, iglesias, comedores comunitarios e incluso centros de rehabilitación para adictos fueron utilizados como albergues de migrantes.

“Si bien están atendiendo las necesidad primarias de alojamiento, alimentación, no reciben el apoyo ni los recursos suficientes del gobierno federal para solventar los gastos que conlleva la atención a esta  crisis humanitaria”, exponían los denunciantes.

La queja se amplió cuando los migrantes requirieron la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) para acceder a diversos derechos que les permitirían integrarse a la ciudad, pero la delegación de Baja California se los negó con el argumento de que la tarjeta de visitante por razones humanitarias no se los otorgaba.

“Y eso fue por falta de voluntad del delegado, porque nosotros veíamos y les decíamos que en otras partes como Chiapas o en Jalisco, con la misma tarjeta se les otorgaba el CURP y con eso tenían acceso a derechos”.

Aunque la queja no procedió por falta de elementos, tras un cambio a la ley de Migración que ordena la entrega de dicho documento ahora también en Baja California se les otorga.

Con esos antecedentes, los activistas expresaron preocupación por el nombramiento del ex delegado.

El coordinador del INM explicó su reingreso debido a su experiencia en el tema y también al trabajo previo con Tonatiuh Guillén y con el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas.

Asegura que, aunque ya no pertenecía al Instituto, los apoyó con consultas e información relativa a la situación migratoria en Baja California.

“Yo he estado trabajando en este tema todo este tiempo, nunca me desconecté. Conozco bien al doctor Guillén de cuando nuestra experiencia cuando coincidimos él como director del Colegio y yo como delegado. También tengo un grado de buena interlocución con el secretario Encinas, y estuve consultando y apoyándolo a ellos con la información a nivel nacional y específicamente a la de Baja California”, explica.

Según los datos de la Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante la primera gestión de Rodulfo Figueroa, de los 8,467 deportados, la mayoría son ciudadanos estadunidenses.

De ahí le siguen los centroamericanos, sobre todo los salvadoreños y hondureños que salen de su país en el contexto de las crisis económicas, políticas, de derechos humanos se registran.

Y los haitianos, que también llegaron a esta frontera en busca de asilo político en Estados Unidos ante las condiciones que permanecen por los efectos del terremoto de 2010.

En entrevista, Figueroa Ochoa reconoció el aumento de las cifras de deportaciones durante su periodo, que alcanzó un 211%. Se lo atribuye por un lado, a las disposiciones del gobierno federal de entonces.

“Las instrucciones y la forma en que se hacía el trabajo anteriormente (en la delegación) era consistente con las instrucciones y con la forma de hacerlo”.

Sin embargo, dijo,  también responde al aumento del flujo migratorio en el estado, que de 150 mil personas en 2013 pasó a más de dos millones y medio en 2018, y de los controles migratorios en las entradas.

“Yo creo que antes de que yo llegara de delegado en la gestión anterior, había menos controles migratorios en la línea (los puertos de entrada a Baja California desde Estados Unidos)”.

También se le preguntó por la naturaleza del centenar de quejas que recibió la CNDH por presuntas violaciones a derechos de migrantes o extranjeros.

“¿Cien quejas? Bueno, hasta donde yo sé, a nosotros nos hicieron solamente dos observaciones, que fueron cumplidas cabalmente”.

Se refiere a las dos recomendaciones que recibió la delegación. La primera fue la 14/2018 emitida en abril de 2018.

En ellas se señalan a derechos de la libertad, integridad personal por actos de tortura, a la protección de la salud y a la seguridad jurídica de un ciudadano salvadoreño que fue detenido cuando acompañaba a otro centroamericano a entregarse para retorno asistido.

De acuerdo con el documento, la víctima fue detenida en la Estación Migratoria en Mexicali, cuyos agentes de la estación lo golpearon, amenazaron y encerraron. Le impidieron acceso a atención médica especializada, así como contacto con consulado de El Salvador e intentaron forzarlo a firmar documentos.

Y la 68/2017, sobre el caso de una mujer con doble nacionalidad que fue deportada a Estados Unidos por la Delegación del INM.

Refiere violaciones a los derechos a la nacionalidad, libertad, seguridad personal y jurídica, por haber sido detenida de manera arbitraria, así como violación al principio de presunción de inocencia, entre otros.

Mientras que en el caso de las denuncias que han quedado registradas en 100 quejas ante la CNDH destacan hechos violatorios por prestar indebidamente el servicio público (80); faltar a legalidad en el desempeño de funciones (87); acciones u omisiones que transgreden derechos de los migrantes o de sus familiares (58), y empleo arbitrario de la fuerza pública (15).

De las 100 quejas, 30 se han concluido por orientación, es decir, 24 durante el trámite respectivo, 4 por desistimiento del quejoso, tres por acumulación, una por falta de interés procesal del quejoso y solamente en 6 se ha considerado que no había elementos suficientes para seguir el procedimiento para determinar agravio a derechos. Actualmente, 35 continúan en trámite.

Louise, quien pidió omitir su nombre, es una migrante haitiana que llegó a Tijuana en 2017, señala que ha sido testigo de irregularidades en el servicio de la otrora Delegación del INM en Baja California.

Mientras esperaba turno para ser atendida en la Estación Migratoria de Tijuana, la empleada refirió que el personal de la dependencia continuamente se niega a dar información clara.

Denuncia maltrato y rechazo a atenderle.  “Imagínate, si ellos no nos dan la información, nosotros no sabemos qué hacer”.

Louise tardó meses en renovar su tarjeta de visitante por razones humanitarias.

La haitiana considera que es una situación que afecta solamente a sus connacionales y que se debe a discriminación. “ Por color (de piel). Una cosa de racismo”, dijo.

Por su parte los integrantes de la asociación Visión de los Migrantes, la primera organización de haitianos en el estado, acusaron incluso amenazas de deportación por errores de redacción al llenar formatos.

“Dice que es el error de la persona. No hace caso y cancela la solicitud de la persona y da obligación de la persona de salir de el país en 30 días. Se tiene que ir”, expresó Danielle.

Linda, una residente colombiana, también enfatizó las trabas que ponen en las distintas áreas de la estación migratoria para la ejecución de los trámites. “Parece que no quieren que nos regularicemos”, expone.

Cuestionado por las diversas irregularidades denunciadas por activistas y migrantes, Rodulfo Figueroa aseguró que se ha respondido con “apego a la legalidad”.

Ante el incremento de las actividades del INM en Baja California, “se ejecutaron en la medida de las capacidades, de forma ordenada y legal”, dijo.

Ahora, con la llegada de las caravanas de centroamericanos, la actividad migratoria también incrementó.

De los más de cinco mil personas que arribaron desde noviembre a esta frontera para solicitar asilo en los Estados Unidos, Figueroa señala que han sido entregadas casi 2,000 tarjetas de visitantes por razones humanitarias.

Alrededor de 1,200 han regresado de manera voluntaria a sus lugares de origen y 40 fueron deportados solo en noviembre.

“La instrucción es muy clara, es el privilegiar el bienestar de esta población, el darles la oportunidad de regularizarse. La mayoría de ellos han tomado esa ruta”, expresó.

El pasado 7 de enero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció el reforzamiento de medidas de seguridad en el acceso a México por Chiapas.

La funcionaria reiteró la postura manifestada por el gobierno federal, de que se hará con el objetivo de proteger los derechos humanos de los migrantes y facilitarles una estancia digna y segura mientras estén en el país.

En tanto, el fantasma de una nueva caravana con las mismas proporciones que la anterior, que presuntamente se prepara para salir de Centroamérica, pone en alerta a la estructura de la autoridad migratoria en Baja California.