El pánico inducido por las escenas apocalípticas de la escasez de gasolina en las principales ciudades de Guanajuato, ha colocado en un segundo plano informativo al fatal accidente del autobús urbano de la ruta 84 de la ciudad de León donde 11 personas murieron, incluyendo al chofer de la unidad y a una mujer embarazada junto con su bebé.
La coyuntura de crisis seguramente pasará en unos días, sin embargo, lo que no mejorará será la deficiencia del sistema de transporte que padece la principal ciudad de Guanajuato gracias, entre otras cosas a la creciente complicidad entre autoridades y transportistas que hoy no conforman un binomio de concesionario de un servicio público y regulador normativo del mismo, sino que han regresado a los tiempos del viejo pulpo camionero orientado a extraer ganancias sin garantizar calidad.
Un accidente como el ocurrido en el bulevar Calcopirita el sábado 29 de diciembre tendría que cimbrar al sistema y obligar a una seria revisión de todos sus parámetros: las condiciones mecánicas de las unidades, el diseño de las rutas, los horarios de los operadores, la supervisión del municipio. Algo de primera importancia debería ser conocer la voz de los propios usuarios.
No ha sido así. La triada que conforman los empresarios transportistas, las autoridades municipales y el ministerio público encargado de investigar las causas del accidente ya parecen haber decidido que la responsabilidad es del operador fallecido, José Melesio Guerra, lo que se desprende del único dato oficial ofrecido hasta ahora: una conversación entre el alcalde Héctor López Santillana y el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, revelada por el primero.
De acuerdo a esa charla, Zamarripa le habría adelantado al edil leonés que la causa del accidente había sido el exceso de velocidad. Dicho así, sin matices ni explicaciones adicionales, la responsabilidad quedaría en el conductor de la unidad, quien ya no está en posibilidad de defenderse. La solución exculparía a los empresarios dueños de la unidad.
Sin embargo, hay otras versiones publicadas por los medios. Una oportuna entrevista del reportero José Antonio Castro del diario A. M. de León a una sobreviviente, deja claro que el chofer se enfrentó a una falla mecánica, probablemente una falla en los frenos, que lo hizo advertir a los pasajeros cercanos para que trataran de sujetarse ante el aumento de velocidad en la pendiente. Queda claro también que el camión llevaba pasajeros de pie y por lo tanto, sobrecupo en un tramo de por sí riesgoso.
Pero, más allá de las versiones discordantes, ante lo que nos enfrentamos como sociedad es a una preocupante carencia de instituciones imparciales y objetivas que puedan garantizar una investigación profunda y una asignación de responsabilidades que permitan conocer la verdad de lo ocurrido y extraer enseñanzas que nos sirvan como sociedad.
¿Por qué ante un accidente mayor que cobra la vida de 11 personas, el Procurador de Justicia, que busca afanosamente convertirse en Fiscal General, elige darle a conocer el resultado de sus investigaciones solo al alcalde de León y no la opinión pública y a los ciudadanos afectados?
¿Por qué López Santillana lo informa públicamente en una entrevista banquetera, minimizando la seriedad de la investigación? ¿Tan poco respeto merece la vida perdida de 11 leoneses y la de miles más que usan a diario un transporte que en algunas de sus rutas pone en riesgo su integridad?
A raíz del accidente, han salido a relucir aspectos que no deberían ser tolerados en el sistema de movilidad de una ciudad que quiere ser altamente competitiva, como los horarios excesivos de los operarios, la falta de descansos y la exigencia que pesa sobre ellos para cubrir rutas en tiempos que no resultan realistas ante las complicaciones que ya muestra la ciudad.
Un exceso de velocidad en una pendiente podría deberse a irresponsabilidad del operador, pero también a una falla en los frenos agravada por el sobrepeso, como relatan los pasajeros. Una investigación incompleta o dolosa no se lo merecen ni las víctimas ni esos sufridos pasajeros que no tienen otra opción que seguir usando un transporte que no se muestra a la altura de esa ciudad ideal de la que habla la propaganda de la actual administración.
El mejor homenaje, el único posible para esas once víctimas de todas las edades, sería conocer la verdad y utilizarla para evitar riesgos y prevenir eventos futuros que puedan ser nuevamente trágicos.
“León cada vez mejor”, es el eslogan de la propaganda de López Santillana después de su reelección. Si de verdad el alcalde quiere que eso se convierta en realidad, el camino pasa por ejercer el papel de autoridad ante una tragedia de enormes proporciones, no en el solapamiento, la omisión o, peor aún, la complicidad.
Urge que el peritaje sea público y que participen en él expertos independientes. Por si algo faltara, la actitud del procurador Zamarripa al proporcionar una conclusión “en lo oscurito” solo al alcalde, sigue exhibiendo la enorme necesidad de independencia del ministerio público, algo que no ocurrirá si el Congreso dominado por el PAN, como ya amenazaron, lo convalida como Fiscal General del Estado.
Así que, sin gasolina, con violencia desatada, con servicios públicos decadentes y con autoridades que eluden su responsabilidad, qué difícil resulta esperar cosas buenas en este 2019. Ojalá nos equivoquemos.
