El titular de la Contraloría Estatal, David Quezada Mora, aseguró que desde el inicio de la administración de Martín Orozco Sandoval, en diciembre de 2016, se han conformado 300 expedientes de posibles procedimientos sancionatorios en contra de ex funcionarios públicos y en activo, que van desde la omisión en la entrega de documentación personal hasta desvíos de recursos.
“Tenemos cerca de 300 expedientes iniciados con nosotros, de los que ya hemos mandado varios a la Sala Administrativa”.
De acuerdo a los cambios a la legislación, la Contraloría del Estado está facultada para sancionar las conductas no graves en las que incurran los funcionarios públicos. Cuando se detectan anomalías graves, el expediente es turnado a la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, y si el caso es considerado como “muy grave” se turna a la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Quezada Mora aseveró que la imposición de sanciones suele ser un proceso muy lento ya que se tienen que reunir todos los elementos probatorios de las irregularidades administrativas denunciadas, o de lo contrario podrían ser desechadas.
“Nos han regresado algunos expedientes porque falta algún criterio o algo que nos faltó integrar al expediente y por eso la idea es integrar un buen expediente, un buen producto, para que la Sala Administrativa pueda resolver si corresponde una inhabilitación y cuando son irregularidades no graves, nosotros mismos los estamos sancionando”.
Agregó que los desvíos de recursos no necesariamente indican que el funcionario público haya sustraído recursos del erario para su beneficio personal, sino también la utilización inadecuada de los presupuestos.
“El desvío de fondos tiene que ver como cuando tenemos un recurso etiquetado para un fin, como el pago de una nómina, y que en lugar de eso se haya gastado en la compra de material de obras. En estos casos se arma un expediente, primero contra la dependencia, y luego contra el funcionario”, subrayó.
El contralor estatal aseveró que en lo que va del año se han impuesto algunas sanciones económicas en contra de funcionarios públicos que no han presentado sus declaraciones patrimoniales, aunque atribuyó esta situación al desconocimiento de algunos de ellos de las nuevas disposiciones legales, más que a una negligencia y omisión.
Anteriormente había alrededor de 2 mil 500 funcionarios públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, sin embargo con las modificaciones a la ley, se han aumentado a 6 mil, por las responsabilidades que tienen en las dependencias gubernamentales.
“Ahora estamos subiendo hasta 6 mil funcionarios obligados a presentar su declaración, de hecho es lo que estamos trabajando con el Sistema Estatal Anticorrupción para adecuar la plataforma a lo que ya dispone el Sistema Nacional Anticorrupción”.
Cabe puntualizar que además a la declaración patrimonial, se suman las declaraciones fiscal y de intereses, que fueron aprobadas en los formatos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que a más tardar en mayo se deberán publicar en la plataforma digital del sistema.
“Ya viene una parte que ya debe ser pública para que cualquier persona pueda estarlos consultando, aunque todavía hay unos datos que se deben de proteger, pero estamos hablando de que estos nuevos formatos de declaraciones ya están alineados a lo que sería la 3 de 3”, refirió.
Arrastra Aguascalientes más de 2 mil mdp de observaciones en auditorías federales
En otro tema, el contralor del estado, David Quezada Mora, dio a conocer que desde la administración estatal anterior se acumulan más de 2 mil millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función pública, principalmente por desvíos de fondos.
“Tenemos con la Función Pública señalados 1,035 millones de pesos, de los que unos están en observación y otros ya en procedimientos en los que nos solicitaron algunos recursos para reintegrarlos; en el caso de la Auditoría Superior tenemos alrededor de 1,300 millones de pesos observados, de los cuáles estamos justificando porque algunos de ellos ya datan desde el 2011 y 2012 hasta el 2017”.
Sin embargo, el gobierno del estado se encuentra presentando información que justifique la aplicación de los recursos para evitar el pago de montos resarcitorios.
“Estamos enviando información para que no nos afecte al estado el reintegro de algunos recursos”, concluyó.
