Ante los proyectos de alto impacto social y ambiental que pondrá en marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Transístmico y el Plan Nacional de Infraestructura Carretera, organizaciones nacionales y estatales advirtieron “el deficiente diálogo entre gobierno y comunidades indígenas”.
Una decena de agrupaciones, entre ellas el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y Defensores Comunitarios del Istmo de Tehuantepec, externaron su preocupación al considerar que estas obras se contraponen con el derecho a la libre determinación de los pueblos.
Desde este viernes 21 y hasta el domingo 23, el presidente de la República encabezará eventos públicos tanto en la capital del estado, como en la Sierra Norte, Mixe y el Istmo de Tehuantepec.
Ante ello, las organizaciones destacaron que en los últimos años se ha observado el surgimiento de numerosos procesos de defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales de pueblos y comunidades a lo largo y ancho del país, como consecuencia de las reformas estructurales que privilegian los intereses de la iniciativa privada antes del respeto de los derechos humanos de los pueblos y comunidades.
Señalaron que el impulso de megaproyectos de generación de energía, la industria extractiva y la privatización del agua, son algunos de los ejemplos de las graves violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a los bienes naturales que han repercutido de manera negativa en el derecho a la vida digna de muchos pueblos y comunidades en México.
Recordaron que en las últimas semanas han sido testigos de la realización de una “Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, así como de la “Consulta Nacional sobre los Programas Prioritarios”.
Cuestionaron que se discutan proyectos de enormes dimensiones, sin que se hayan cumplido con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas a que está compelido el Estado Mexicano.
Por lo que destacaron la existencia de la normatividad en materia de libre determinación, derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado que tienen los Pueblos y Comunidades en México, mismos que están contemplados en el artículo dos de la Constitución Mexicana.
Por su parte, defensores comunitarios del Istmo de Tehuantepec consideraron que el presidente de la República, no solo debe pedir permiso a la tierra para la instalación o puesta en marcha de un “megaproyecto” sino “pedir permiso” a los pueblos indígenas quienes anhelan una consulta libre, previa e informada.
