La Fiscalía General del Estado cuenta con un fondo de resarcimiento del daño para víctimas del delito, que actualmente asciende a 2 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo al fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, sería necesario triplicar este monto para ampliar la atención para las personas ofendidas por la comisión de algún delito.
“Si quisiéramos hacer un buen ejercicio de apoyo, yo calculo que el fondo debería ser de entre 5 y 6 millones de pesos para poder solventar los casos, porque no pagamos el 100%, y en su mayoría aportamos con un 60% de los gastos o a veces con menos para abarcar a más personas”.
En entrevista para Newsweek Aguascalientes, el titular de la Fiscalía General del Estado señaló al ampliar el presupuesto para este concepto, se permitirá tener una cobertura para un mayor número de víctimas del delito.
“Lo hemos solicitado ya a la Secretaría de Finanzas, porque aún y cuando la Fiscalía es un ente autónomo, dependemos de que pase todo el filtro, primero con Finanzas y luego con el Congreso del Estado”, comentó.
Desde el 2016 a la fecha, 63 personas víctimas u ofendidos del delito han tenido acceso a los recursos del Fondo de Atención a Víctimas, por un monto de 2 millones 421 mil 430 pesos. Sin embargo, esa cantidad representa sólo el 55% del presupuesto que se ha destinado para este rubro en ese periodo, como lo documentó previamente Newsweek Aguascalientes.
Al respecto, el fiscal general del estado aseguró que los recursos no aplicados permanecen en el fondo para que en meses posteriores se otorgue a las personas que así lo requieran.
“Este es un fondo observable y el recurso es únicamente estatal, no tenemos recursos federales y es un recurso que la Fiscalía obtiene exclusivamente para este fin. En el caso del ejercicio 2018 no se sobró recurso ya que todo se gastó en la última sesión de diciembre”.
Figueroa Ortega indicó que los recursos del fondo están destinados para cualquier persona que haya sido víctima de algún delito en el estado, con preferencia para las personas de escasos recursos o cuya situación económica no le permita absorber los gastos derivados de la comisión de algún delito.
En su mayoría los recursos del Fondo de Víctimas y Ofendidos del Delito son empleados en el pago de gastos médicos y servicios funerarios o terapias psicológicas, aunque también pueden ser apoyos en especie como alimentos y becas educativas.
“La Fiscalía gestiona a través del Instituto de Educación de Aguascalientes o ante la Secretaría de Desarrollo Social algunas prestaciones, no necesariamente económicas, e incluso cuando se requiere algún apoyo de tipo psicológico nosotros mismos lo podemos otorgar”, indicó.
El procedimiento de otorgación de recursos del fondo es a través de una Comisión de Análisis, conformada por el Fiscal General del Estado o un representante, la Dirección de la Fiscalía encargada de la atención de las víctimas, un representante del DIF Estatal, un representante de la Secretaría de Finanzas Estatales y un representante del Instituto de Servicios de Salud del Estado.
Esta comisión se encarga de recibir las solicitudes de las personas que busquen tener acceso al fondo. Posteriormente se realiza un estudio socioeconómico para evaluar la situación económica de la familia, así como las facturas de los gastos, para luego turnar el expediente a la sesión mensual de la comisión, en la que se libera el presupuesto a las víctimas del delito.
“Yo creo que el 75% de las personas que piden, se les apoya. Este año, por ejemplo, tuvimos el caso de un chico al que se le apoyó con casi medio millón de pesos por un accidente que sufrió, es decir que en un solo caso se nos fue una cuarta parte del fondo”.
Buscará Fiscalía General ampliar prescripción para reparación del daño a víctimas
El Fondo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito funge como una bolsa de recursos para atender temporalmente a las personas afectadas mientras el imputado cumple con la reparación del daño. Sin embargo, en muchos casos no se cumple con el resarcimiento por el tiempo de las sentencias en prisión, reconoció Jesús Figueroa Ortega.
“En más de un 90% no se paga por parte del imputado y nosotros ya no recibimos el reembolso, porque muchas de las ocasiones hablamos de homicidios, en los que se les apoya para gastos funerarios y el imputado tiene que purgar hasta 20 años de prisión y el tiempo que él esté en prisión corre en su favor para no pagar la reparación del daño. Una persona que está recluida rara vez para la reparación del daño”.
En la actualidad existe un plazo de cuatro años de prescripción de la reparación del daño a las víctimas por la vía penal, por lo que se buscarán ampliar las condiciones para que los imputados por un delito cumplan con el resarcimiento de los daños a las víctimas.
“La reparación del daño prescribe en cuatro años por la vía penal, entones a partir de ese tiempo el imputado dice ‘yo ya no estoy obligado a pagarte’, aunque la víctima puede demandarlo por la vía civil y ahí tiene hasta 10 años para exigir la reparación del daño si no lo pagó por la vía penal, por eso creemos que se debería establecer más tiempo para el pago de las reparaciones del daño por la vía penal”, concluyó el fiscal.
