Tal como ocurrió con el tema de la migración centroamericana, el gobierno de Francisco Vega no tardó en señalar a la federación como responsable de su falta de liquidez, en este caso para pagar sueldos y prestaciones a maestros jubilados y pensionados en Baja California.

Al cierre de esta edición no responden cuántos organismos públicos se han visto afectados en total, ni a cuánto asciende la deuda conjunta, pero el Instituto Estatal Electoral (IEEBC), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC) y el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California —que se observa en la imagen— entre otros, han dado a conocer sus casos.

El analista político, Benedicto Ruiz, opina que hay una actitud de descuido frente al gasto del gobierno, pero dice que hay elementos para pensar que se trata de una estrategia política, más que de una crisis.

“Es muy raro que un gobierno esté colapsando a finales de año. Lo que intentan es negociar porque temen que, como ya vienen elecciones, se les reduzca el presupuesto”.

Dice que el dinero en Baja California está ligado a las campañas.

Pero David Rocha tiene otro punto de vista. Es profesor en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana y coordina la Licenciatura en Administración pública.

“Lo que veo es que se gasta mucho y mal”.

El índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) le da razón.

Baja California es una de las entidades que ejercieron más de lo aprobado en 2018.

En viáticos, por ejemplo, ejerció un monto equivalente al 365% de su gasto en salud.

Pero Rocha también observa que el estado y los municipios no cobran sus impuestos de manera adecuada.

“Ha sido una bola de nieve con los años. ¿Cuánto dinero se le estará yendo al gobierno estatal por no obligar a [los ciudadanos] a estar al corriente con sus pagos?”, cuestiona.