El 19% de los mexicanos que han sufrido al menos una violación a sus derechos humanos es de Jalisco. Si bien el marco jurídico mexicano cuenta con elementos suficientes para el respeto, la garantía, la protección y la defensa de los derechos humanos, esto sigue siendo uno de los principales retos para el país.

La violación sistemática a los derechos humanos que existe en nuestro país es de tal magnitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó esta situación como una “grave crisis de derechos humanos”^[1], e incluso el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha definido la situación en nuestro país como un “entorno crítico en materia de derechos humanos”^[2].

La defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional desde 1992, cuando se facultó al Congreso (con la adición del apartado B del artículo 102 de nuestra carta magna) para crear organismos especializados que atendieran quejas relativas a actos violatorios de los derechos humanos.

Los organismos de protección a los derechos humanos se encargan desde ese entonces de proteger a la población de las violaciones a sus derechos por parte de alguna autoridad o servidor público.

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y que el Estado mexicano debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

No obstante, en México siguen ocurriendo con suma frecuencia abusos de autoridad contra la población. Durante el sexenio que está por concluir ocurrieron casos emblemáticos de tal magnitud que ocuparon las primeras planas de numerosos diarios nacionales e internacionales:

• La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, en Guerrero.
• La detención arbitraria y ejecución extrajudicial de 22 personas por parte militares, tras un enfrentamiento armado en 2014, en Tlatlaya, Estado de México.
• La ejecución extrajudicial por parte de elementos federales de al menos 16 civiles desarmados que se encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal de Apatzingán en 2015, en Michoacán.
• La muerte de 42 civiles tras un enfrentamiento entre las fuerzas federales y un supuesto grupo de criminales en el cual se presume hubo actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas en 2015 en Tanhuato, Michoacán.

Además de estos casos, en los que se evidenció a gran escala la falta de capacidad para ejercer la fuerza pública, las quejas que consignan la constante vulneración de los derechos humanos suman miles.

Los derechos humanos en cifras

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos de 2017 del Inegi, durante 2016 se recibieron 217 mil 718 solicitudes de queja en todo el país. La inmensa mayoría fue interpuesta ante los organismos estatales (el 79%).

Con base en la calificación o el desecho de dichas solicitudes, realizado por los organismos defensores de derechos humanos nacional y estatales, resultó que hubo para ese año 149 mil 959 presuntas conductas de servidores públicos que transgredieron al menos un derecho humano.

De acuerdo con este censo, el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal es el que más ha sido vulnerado en nuestro país. Este derecho agrupa un conjunto de violaciones tales como: la detención arbitraria, la retención ilegal, la violación del principio de que las funciones públicas se realicen en el ámbito de la legalidad, la violación al principio de inocencia, entre otros.

Tales violaciones constituyen más del 37% de todas las ocurridas en el país, lo cual involucró un poco más de 56 mil casos registrados en los expedientes.

La situación de Jalisco

En 2016 se registraron en Jalisco 19 mil 641 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, es decir, cerca del 13% del total de los casos ocurridos a nivel nacional.

Lo anterior coloca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco como el segundo organismo defensor de derechos humanos con más  más hechos presuntamente violatorios registrados en todo el país, únicamente por debajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde se concentró el 21% del total.

Asimismo, en nuestra entidad  hubo más casos reportados que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual concentró el 10% del total, ocupando el tercer lugar nacional.

A diferencia de lo que ocurre en el contexto nacional, en nuestro estado la trasgresión a los derechos relacionados con un medio ambiente sano, una vivienda adecuada y alimentación ocuparon el primer lugar.

Se trata de casi 6 mil hechos violatorios, los cuales representan el 30% del total estatal. En particular, se tiene registro de que en 849 casos fue trasgredido el derecho al acceso al agua potable y al saneamiento.

Resulta relevante que el organismo de protección de derechos humanos de Jalisco no tiene especificado el hecho violatorio de 25% de los expedientes de quejas que fueron clasificados como presuntamente violatorios (cerca de 49 mil 992 hechos), lo cual impide que se conozca la naturaleza de un cuarto del total de las trasgresiones que se cometieron en el estado.

En el caso de Jalisco, las trasgresiones que se relacionan con el derecho a seguridad jurídica y libertad personal se ubican en segundo lugar, ya que sumaron 3 mil 874 hechos violatorios.

Los actos de corrupción ocuparon el tercer lugar: en Jalisco se registraron 3 mil 377 hechos que violaron el principio de la legalidad en el desempeño de las funciones públicas.

La prevalencia de la corrupción en nuestro estado ya se ha documentado en otros ejercicios estadísticos. En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental resultó que el 92% de la población jalisciense mayor a 18 años percibió que la corrupción es frecuente o muy frecuente.

Desaparecidos

La violación del derecho a la vida es el cuarto más frecuente en nuestro estado. Este derecho incluye las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

Si bien las estadísticas de derechos humanos solo documentaron la desaparición forzada de tres personas en Jalisco durante 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró durante ese año la desaparición de 468 personas investigadas por el fuero común.

A nivel nacional, esa cifra ascendió a 4 mil 525 personas investigadas por el fuero común y 45 por el fuero federal.

De acuerdo con ello, durante la última década (entre abril de 2008 y abril de 2018) se registró en el fuero común la desaparición de 3 mil 264 jaliscienses y de 22 en el fuero federal.

La imagen muestra los nombres de las personas desaparecidas desde 1968. El tamaño de cada nombre está relacionado con la frecuencia con la que aparece en la base de datos

Igualdad ante la ley y no discriminación

El organismo estatal de derechos humanos reportó que se cometieron 909 actos violatorios al principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, con lo cual es el quinto derecho que registró más violaciones.

La Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 reveló que, en Jalisco, el 21.3% de la población que tiene 18 años y más fue discriminada por algún motivo como el tono de piel, la manera de hablar, su peso o estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, por su clase social, el lugar donde vive, sus creencias religiosas, sexo, edad u orientación sexual.

Las víctimas

El Censo Nacional de Derechos Humanos identificó que 152 mil 807 personas fueron víctimas de al menos una violación a sus derechos. De ese total, 29 mil 298 son jaliscienses, es decir, el 19% del total nacional.

Esa cifra colocó a nuestro estado como el que más víctimas concentra en todo el país, por arriba de lo que registraron la CNDH y el Estado de México.

De los actos u omisiones que trasgreden el derecho a un medio ambiente sano fueron víctimas poco más de 5 mil jaliscienses, mientras que 3 mil 377 lo fueron de violación al principio de legalidad en el desempeño de función pública.

En casos extremos se evidencia que el abuso de la autoridad se manifestó en actos de tortura (293 víctimas), de violaciones al derecho a la vida (mil 318 víctimas), detenciones arbitrarias (113 víctimas) y la aplicación arbitraria del sistema disciplinario en establecimientos de reclusión o prisión (94 víctimas).

La cantidad de quejas que se presentaron ante el organismo de protección a los derechos humanos y la cantidad de hechos violatorios que de ellos han derivado es solo una muestra de la cantidad de arbitrariedades que se comenten.

De ahí el reto y el largo camino que aún queda por recorrer para dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo primero constitucional: garantizar el cumplimiento de todos los derechos que reconoce la carta magna y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

[1] CIDH, Situación de los derechos humanos en México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/mexico/mexico.html

[2] Entrevista para el programa México Social del 12 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FrDbjA8ggQE&t=738s