En junio de 2017, el procurador de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre, el mismo que hoy hunde la credibilidad del PAN con el intento de permitirle 18 años en el cargo al ratificarlo como fiscal general por los próximos 9 años, anunciaba con espectacularidad la detención del ex guerrillero chileno Raúl Escobar Poblete, el mítico Comandante Emilio del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien vivía en San Miguel de Allende bajo la fachada de un tranquilo y apreciado expatriado de nombre Ramón Guerra Valencia.
Lo que parecía un éxito policial de resonancias continentales había sido logrado por una casualidad: la denuncia de un taxista a quien se le encomendó llevar un paquete conteniendo una carta y un dedo mutilado, de que era seguido por una persona en un vehículo.
Interceptado por policías municipales de San Miguel, Guerra Valencia o Escobar Poblete fue detenido desde el día primero de junio de 2017.
Las acusaciones de Zamarripa contra el exguerrillero, que fueron dadas a conocer más de una semana después, el 10 de junio, incluían su participación en varios secuestros, acontecidos a lo largo de una década en Guanajuato, algunos tan sonados como el de Diego Fernández de Cevallos, que ocurrió en Jerécuaro, a casi dos horas de distancia de San Miguel de Allende.
Con un solo caso en las manos, relacionado con la carta y el dedo mutilado, el de una mujer norteamericana, Carlos Zamarripa se dispuso a sacarle jugo al caso. Se filtró a los medios información relativa a diversos casos de secuestro, mezclando todos los detalles. A Raúl Escobar/Ramón Guerra se le colgaron historias como la de los “ataúdes” donde encerraba a sus presuntas víctimas. La prensa internacional se regodeó con las historias de “la banda del ataúd”.
Sin embargo, a lo largo de un año y medio, el espectacular caso se ha ido cayendo a pedazos. La procuraduría de Zamarripa Aguirre ha sido incapaz de fincar responsabilidades en el caso de secuestro de la norteamericana que fue mutilada, pues la detención ocurrió por casualidad, las pruebas con las que cuenta son todas circunstanciales y además subsiste una recomendación por tortura en contra de la policía ministerial del estado por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato.
Quizá es por eso que este lunes se conoció la decisión de un juez federal, divulgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de que fue concedida la extradición de Escobar Poblete solicitada por el gobierno de Chile, a fin de que el ex combatiente guerrillero responda “por el delito de atentado terrorista con resultado de muerte del Senador Jaime Guzmán Errázuriz, acontecido el 1 de abril de 1991 en la Ciudad de Santiago.”
La noticia pone en evidencia a las autoridades ministeriales de Guanajuato, ya que de haber ocurrido un delito probado en el país donde estaba oculto un individuo con una orden internacional de búsqueda, primero tenia que responder por esa falta y hasta después procedía la extradición.
Ante la total opacidad con la que se maneja la PGJE Guanajuato, que se tardó 10 días en dar a conocer la detención de Escobar y lo hizo hasta que su identidad brincó en la base de datos de Interpol, hoy no sabemos en que estado se encuentra el juicio por el secuestro de la mujer norteamericana y mucho menos si se fincaron acusaciones por el resto de los casos de los que se habló alegremente en los medios de comunicación, violando todos los principios de presunción de inocencia.
De concretarse la extradición de Escobar Poblete, en Guanajuato quedará un vacío legal y un nuevo caso de impunidad. Toda la algarabía mediática con la que se adornó la Procuraduría de Guanajuato por la resolución no de uno sino de media docena de secuestros, quedará en nada. Ni el jefe Diego, ni la ex nuera de Vicente Fox, ni el empresario Eduardo García Valseca, ni la norteamericana mutilada, recibirán justicia, mucho menos reparación del daño.
Así es como se ha venido construyendo el mito de la supuesta “eficiencia” de Carlos Zamarripa en la que quiere cubrirse el gobernador Diego Sinhue Rodríguez para asestarle al pueblo de Guanajuato la afrenta de dejarlo en el cargo ¡nueve años más!
Hoy que en Guanajuato existen tres voceros de seguridad que por cierto no informan nada, sería muy bueno saber qué va a pasar con las acusaciones de secuestro en contra de la desalmada banda que encabezaba, de acuerdo a la leyenda, Raúl Escobar Poblete, si a este lo trasladan a Chile para responder por acciones cometidas hace 27 años.
Mientras Guanajuato se desangra con las peores cifras de violencia criminal del país, sus autoridades de justicia solo buscan como aferrarse al poder, con la complicidad de políticos y de empresarios que responden a la necesidad de paz y de seguridad ¡con incrementos de impuestos!
En serio, ¿en qué están pensando?
