“…la noticia no es que haya corruptos, es que hay impunidad”
José Silva Pacheco
López Obrador había asumido la posición de no perseguir a los autores de actos de corrupción de gobiernos pasados para no generar lo en su percepción sería una crisis política. En entrevista con su periodista de cabecera, Carmen Aristegui, el presidente electo consideró que iniciar una pesquisa contra los corruptos sería tanto como “conspirar contra la estabilidad política del país”.
A contracorriente de lo anterior y ante los cuestionamientos, de pronto se le vino a la cabeza la idea de someter a consulta de los ciudadanos la decisión de llevar a juicio a los últimos cinco exmandatarios del país.
Del nonagenario Echeverría ni se acordó, a pesar de que la izquierda radical siempre lo ha señalado como responsable de la matanza del 68 y del Halconazo, lo que supondría la comisión de delitos de lesa humanidad, que no prescriben, de manera que no habría obstáculo también para perseguirlo.
Pero lo relevante es que la actitud del presidente electo López Obrador, en un principio enviaba el mensaje de una política de “punto final”, para muy pronto desdecirse y someter a voluntad del pueblo si absuelve o condena, y así, al puro “estilo Pilatos”, lavarse las manos.
La equívoca y contradictoria posición de López Obrador provoca algunas reflexiones. Sabemos que el próximo presidente no es abogado ni se caracteriza por su intuición jurídica, por lo tanto, no está obligado a apegarse a la pulcritud del lenguaje técnico; sin embargo, a lo que sí está constreñido, es a conocer cuáles serán sus nuevas funciones y cómo apegarse a las facultades que en adelante le competerán.
En tal sentido, resulta confuso que el próximo mandatario hable de “enjuiciar” a los expresidentes. No, no le toca a él y tampoco al “pueblo bueno” decidir si se “enjuicia” o no a nadie.
El verbo enjuiciar no existe jurídicamente; empero, al escucharlo, se intuye que se está hablando del inicio de la actividad jurisdiccional, es decir, someter a alguien a juicio o, técnicamente hablando, a proceso. Supongo que, al emplear este vocablo, quiere referirse a que sean sujetos a proceso penal.
Asumiendo que a eso se quiere refiere el próximo jefe del Ejecutivo federal, entonces primero sería necesaria una denuncia o querella y que el Ministerio Público abriera una carpeta de investigación, para que, con base en las indagaciones que realice, se determine si se debe ejercitar o no la acción penal en contra de alguno de los imputados. Esto es importante destacarlo porque no basta la voluntad del presidente de la República para someter a juicio a alguien, sino que ello solo puede ser producto de una averiguación.
Para “enjuiciar” penalmente a cualquier persona en este país no basta la voluntad del titular del Ejecutivo, por mucho que se encuentre sustentada en los resultados de una encuesta popular abierta, aun y cuando ochenta millones de mexicanos votaran a favor de someter a juicio a los expresidentes.
Sujetar o no a investigación a cualquier persona no depende de la voluntad popular, sino del ejercicio de facultades propias y exclusivas del órgano del Estado legitimado constitucionalmente para hacerlo.
Suponiendo, en el extremo de lo absurdo, que el “pueblo sabio” decidiera por mayoría que no se “enjuiciara” a los expresidentes, esa decisión tampoco sería obstáculo para que la autoridad ministerial ejerciera sus facultades investigadoras y acusadoras.
En caso de que la consulta arrojase como resultado una abrumadora mayoría por someter a juicio a los expresidentes, como sería de esperarse, ¿qué haría el Ministerio Público si seguida la investigación no encontrase elementos suficientes como para apuntalar jurídicamente una acusación firme? ¿Acaso tendría que actuar de cualquier manera para acatar la voluntad popular? Son preguntas retóricas, desde luego.
Ahora bien, si los expresidentes serán sometidos a la acción penal como consecuencia del resultado de una encuesta, no hay razón para no seguir el mismo criterio con otro tipo de acusados, como narcotraficantes, secuestradores y asesinos, puesto que no habría motivo para diferenciar unos delitos de otros, de manera que cuando se trate de corrupción proceda la encuesta y cuando se trate de otros, incluso graves, no aplique este criterio.
Desafortunadamente, nada de esto resulta comprensible ni hace sentido. La acusación misma basada en una encuesta sería motivo suficiente como para desestimar judicialmente la causa, puesto que sería un vicio de origen. Pero ya doña Olga Sánchez se encargará de justificar con algún argumento retórico y cantinflesco las imposturas de su patrón, para explicar algo de suyo inexplicable.
Nada de eso haría falta si el próximo régimen se abocara a instaurar de una vez por todas una fiscalía autónoma para que sea ese órgano del Estado quien determine lo que corresponda, sin el influjo del señor presidente.
Pero como ello no será posible, al menos ojalá exista un ápice de cordura y respeto al orden jurídico, y, si es el caso acusar a algún expresidente, adelante, que así sea, pero con la Constitución en la mano y no solo por el clamor del respetable.
