El sistema bancario mexicano se sostiene bajo el principio básico de toda la banca en el mundo: funciona como mero intermediario mediante la realización de operaciones de crédito, recibiendo y otorgando créditos de y para sus clientes; es decir, el dinero que se capta de los ahorradores sirve para otorgar financiamiento a quienes los requieran. En México forman parte de dicho sistema la banca privada o múltiple y la banca de desarrollo (Nafin, Bancomext, Banobras, etcétera).

Los bancos comerciales no son otra cosa que empresas o sociedades anónimas, igual que cualquier otra empresa del sector privado, aunque su función no es como la de “cualquier otra empresa”, sino que sus resultados influyen de manera determinante en la estabilidad del país.

La relación de la banca mexicana con el poder público históricamente no ha sido tersa. El momento más tenso en este rejuego entre el poder económico privado y el público se dio el primero de septiembre de 1982, cuando López Portillo decidió nacionalizar la banca como una respuesta a lo que él entendía como un saqueo a la nación.

A consecuencia de ello, durante el gobierno de De la Madrid, los bancos sufrieron graves rezagos en comparación con la banca internacional, desde la realización de operaciones tradicionales, hasta los sistemas informáticos.

Durante el periodo de Salinas, los bancos volvieron a manos privadas y para 1992 todos los bancos del país ya habían sido devueltos a particulares, en lo que resultó un gran negocio para las finanzas públicas.

Poco después, en 1995, llegaría la gran crisis económica con la devaluación del peso, situación a la que el Estado mexicano tuvo que hacer frente para socorrer a las instituciones financieras a través del Fobaproa (un maestro mío en la especialidad le decía el “fugaproa”), entre otros instrumentos, para afrontar la situación con dinero proveniente de los impuestos.

A la fecha, muchos de esos bancos que fueron rescatados están en manos de capitales extranjeros, como Bancomer y Banamex.

Lo anterior se dice rápido, pero la crisis del 95 significó una verdadera desgracia para miles de familias mexicanas; muchas de ellas quedaron marcadas en la pobreza hasta la fecha.

De pronto, los mexicanos vieron crecer sus deudas de manera exponencial, con tasas de interés por las nubes, tornándose impagables. Nacieron incluso “movimientos” para proteger a los deudores del “despojo” de sus casas, “El Barzón” por ejemplo.

En la actualidad la banca mexicana ha sido un negocio boyante y ha obtenido buenas ganancias, en parte explicadas en función de las comisiones que cobra a los clientes.

Las comisiones bancarias son reguladas por el Banco de México mediante las “Disposiciones de carácter general que establecen prohibiciones y límites al cobro de comisiones”, publicadas en 2010. Fuera de esas limitaciones ahí contempladas, los bancos suelen cargar comisiones en diversos productos, como en las disposiciones de dinero en efectivo mediante tarjetas de crédito o pagos de anualidad, entre otros.

La banca comercial es un sector de la economía sumamente vigilado; además del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la regula y sanciona a los bancos y, por su parte, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) otorga servicios de defensa a los clientes de los bancos.

No obstante, parece que todo ello no ha resultado suficiente para que los bancos moderen el cobro de comisiones en los diversos actos que no necesariamente están limitados por las disposiciones del Banco de México y demás organismos de supervisión.

Los mexicanos no tenemos una cultura generalizada para inconformarnos por los cobros indebidos y arbitrariedades en las que suelen incurrir los bancos, sabedores de que el cliente de a pie es poco probable que se defienda.

Una manera de allegarse recursos es precisamente mediante las comisiones que estamos dispuestos a pagar como si fuese algo normal y aceptable. Los “usos bancarios” terminan por imponerse sobre la voluntad de los cuentahabientes.

Recientemente el senador Ricardo Monreal Ávila ha presentado una iniciativa de adiciones a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley de Instituciones de Crédito. Esta batería de adiciones está expresamente dirigida a restringir en mayor medida el cobro de comisiones bancarias. Como una primera reacción del sector al contenido de esta iniciativa, la Bolsa Mexicana de Valores ha caído este jueves en un 5.8 por ciento.

¿Existen razones válidas como para provocar esa reacción? No necesariamente tendría por qué ser así; hay razones para sostener que los bancos ciertamente han abusado en este tipo de cobros, pero, por otro lado, es necesario considerar si un banco estaría dispuesto en invertir en servicios necesarios para el usuario, pero cuyos costos no podría recuperar, como, por ejemplo, la habilitación de más cajeros automáticos o sistemas digitalizados más eficaces y seguros.

Se trata de un tema delicado que no puede abordarse a partir del maniqueísmo tan recurrente en estas épocas, considerando a los banqueros como vampiros chupasangre ni a los usuarios como las pobres víctimas inocentes.

No solo hay que dosificar el cobro de comisiones, sino también facilitar el sistema de inconformidades ante cobros excesivos o francamente injustificables, ya entrados en el tema.