Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca presentaron el informe “Bajo ataque”, los derechos humanos en Oaxaca 2013-2018, mismo que se enmarca en el Examen Periódico Universal (EPU) que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los 193 países miembros, de los cuales México forma parte.
A la exposición acudió el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, así como los miembros de las embajadas de Alemania, Anja Kersten y Reino Unido, Chris Wall.
El informe ciudadano que se lleva a cabo por tercera ocasión en el estado, consta de ocho capítulos que analiza las políticas públicas en el contexto de los derechos humanos; los ataques a personas defensoras de derechos humanos; la criminalización de la protesta social; la tortura; periodistas y libertad de expresión; tierra, territorio y derechos de los pueblos indígenas; niñas, niños y adolescentes, así como violencia feminicida.
Los representantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yésica Sánchez Maya, Servicios para una Educación Alternativa, Angélica Castro y Razhy González de CIPAC, coincidieron en señalar que se han registrado retrocesos en materia de defensa de derechos humanos en la entidad.
Entre los señalamientos realizados en la presentación, así como en el documento, destaca el riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos y los periodistas, al carecer de mecanismos para su atención.
“Los ataques del Estado a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado significativamente en Oaxaca, tanto en frecuencia como en el nivel de violencia”, indicaron.
Y apuntaron que tienen documentados nueve detenciones ilegales contra defensores de derechos humanos en 2017; 64 casos de agresiones verbales, amenazas e intimidación y 51 de agresiones físicas.
Además de que en ese mismo año se registraron seis asesinatos, uno de los cuales ocurrió mientras se encontraba bajo resguardo del Estado en una cárcel municipal.
Uno de los problemas identificados por las organizaciones es la impunidad, misma que da cuenta “de la permisibilidad gubernamental hacia los ataques a personas defensoras de derechos humanos”.
En el informe también realizan recomendaciones entre las que se encuentran la abrogación de la reforma educativa y abrir un proceso amplio de consulta con diversos actores; sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca; garantizar el ejercicio del libre derecho a defender los derechos humanos; evaluar los mecanismos nacionales y estatales para la protección de defensores y periodistas, entre otros.
