A tres años de las reformas constitucionales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, únicamente en el 50 por ciento de las entidades del país operan los Sistemas Estatales de Combate a la Corrupción, entre ellos, el de Oaxaca, informó el integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) en la entidad, Adán Córdova Trujillo.
En entrevista, destacó el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en proceso de construcción, ante la falta de miembros, no obstante, las limitantes de origen no han impedido que realicen trabajos y aprueben acciones.
“Las ausencias impiden su funcionamiento total, lo que representa una contradicción del discurso por parte del ejecutivo federal, que ha ponderado el combate a la corrupción”, dijo.
Precisó que hasta el momento, de las 32 entidades del país, 21 cuentan con todo el andamiaje jurídico completo, 26 tienen comité de participación ciudadana, 22 ya instalaron su Comité Coordinador, pero sólo 16 se encuentran operando con todos sus integrantes, entre los que se encuentra el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca.
*Percepción social
Indicó que el segundo tema de mayor interés en la sociedad –después de la inseguridad—es la corrupción, de ahí que su complejidad y los múltiples impactos negativos que genera, ha permitido que su combate se posicione en las agendas gubernamentales de los diferentes niveles.
Refirió que las reformas a la Carta Magna publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo consistió en ser la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; y bajo las consideraciones del artículo 116 se da origen a los Sistemas Locales Anticorrupción.
“En enero del 2017 se conforma el Comité de Participación Ciudadana (CPC), que encabeza los trabajos del Comité Coordinador –integrado por los titulares o presidententes de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y un representante del Consejo de la Judicatura Federal–, estructura que se refleja en la integración de los sistemas estatales con sus homólogos locales”, resaltó.
A pesar de la falta de integrantes en el Comité Coordinador, el ente ha realizado diversas encuentros para definir acciones que permintan el combate a la corrupción a nivel nacional, como ejemplo, durante las últimas semanas se realizaron actividades en estados como la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Guerrero, lo que expresa el interés de los sistemas locales por avanzar.
La sanción de los actos de corrupción y el castigo a los culpables, dijo, han sido hasta hoy, los actos de mayor interés bajo la consideración de que es lo prioritario para la comunidad.
“Los procesos iniciados y las detenciones realizadas, poco o nada han cambiado las percepciones del colectivo sobre el gobierno, las instituciones, y la impunidad; actos que obligan al cuestionamiento de si ¿es lo qué en realidad se necesita para avanzar en el combate a la corrupción?”, concluyó.
