Han pasado diez años de la Gran Recesión y, de acuerdo con la abogada chilena Magdalena Sepúlveda Carmona (@Magda_Sepul) [1], aunque en América Latina algunos países han dado pasos importantes en la lucha por la justicia social, la región está lejos de poder declarar ganada la batalla contra la desigualdad.

 En entrevista con Saúl Arellano, director general de Newsweek Coahuila, Sepúlveda habla sobre la necesidad de que nuestra región haga una crítica a sus estructuras desiguales para lograr un cambio, desde una movilización social y feminista, en cuyo centro esté la dignidad de todo ser humano.

¿Por qué la reflexión en torno a la Gran Recesión iniciada en el año 2008 no permeó en los organismos internacionales? ¿Por qué no fue más allá, sobre todo en un contexto en el que, tal como lo ha señalado Bernardo Kliksberg, solo el 1% de la población mundial concentra más del 50% de la riqueza generada en todo el planeta?

Sí hubo un cambio importante de paradigma, ya que la crisis se vinculó a los derechos humanos y cambió la perspectiva de las instituciones financieras internacionales, aunque no como esperábamos.

Así como ha habido importantes “grietas” dentro de las instituciones financieras internacionales, se han dado pasos importantes en la protección de los derechos humanos a nivel mundial.

Estamos en la década perdida
de los derechos humanos

Hay ciertos temas que pasaron de estar totalmente relegados a estar en el centro de la discusión mundial, como el de la desigualdad. Lamentablemente, estos cambios no se han reflejado en los gobiernos, los cuales siguen aplicando medidas de austeridad sin mirar las consecuencias. Estamos en la década perdida de los derechos humanos.

Al revisar lo que pasó hace diez años, se observa que uno de los temas nodales en la crisis financiera fue el de la corrupción, así como la falta de regulación del Estado en materia de transparencia. ¿Cómo percibes los avances hacia una mayor regulación y un mayor control de la corrupción?

 Una de las grandes respuestas a la crisis de 2008 debió ser una mayor regulación de las entidades financieras, lo cual no ocurrió. En relación con la corrupción, los organismos dedicados a hacerle frente han fallado en demostrar que se trata de un delito que tiene víctimas, y que estas generalmente pertenecen a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

La lucha anticorrupción y la lucha de los derechos humanos deben trabajar en consonancia

La lucha contra la corrupción la vamos a ganar cuando el ciudadano común entienda que un acto de corrupción a nivel global implica un impacto en su propia vida. El problema que tenemos es que, en muchos lugares, la corrupción se ha institucionalizado y se ha normalizado.

Tenemos que cambiar la estrategia, necesitamos hacer un cambio en el lenguaje y señalar que la corrupción significa violación de derechos. Así, la lucha anticorrupción y la lucha de los derechos humanos deben trabajar en consonancia.

¿Hay algún país que haya logrado construir un régimen fiscal y hacendario que permita una redistribución progresiva y que cuente con mecanismos apropiados de redistribución?

 Tras la crisis de 2008, los gobiernos nos hicieron creer que las medidas de austeridad eran inevitables y que solo era posible la reducción del Estado; no dieron alternativas, como la ampliación del espacio fiscal para el gasto público, y en cambio tomaron medidas contrarias para enfrentar la crisis.

Muchos países han imitado a Estados Unidos con la adopción de ciertas políticas, como la exención fiscal, que beneficia a los más ricos. Hay otros países, los menos, que sí lo están haciendo bien, como Uruguay.

Si hay algo que está bajo amenaza en América Latina es la democracia. La llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, así como lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela y en Brasil es un signo de alarma, de que algo ha fallado en la protección de la democracia, ¿tú cómo percibes este tema?

 El tema de la democracia está totalmente vinculado al de las desigualdades y lo que está pasando es que en el contexto actual de desigualdad los intereses corporativos están jugando en nuestros congresos. En Chile, por ejemplo, hay empresarios ligados al poder, quienes traen su cúmulo de intereses económicos a la toma de decisiones.

La consolidación de la democracia requiere necesariamente atacar de raíz el tema de la desigualdad y poner en marcha políticas redistributivas que le permitan a la clase media y a la clase más empobrecida poder participar en el juego político.

La consolidación de la democracia requiere necesariamente atacar de raíz el tema de la desigualdad

En todos los países de la región vemos el descontento social y necesitamos encontrar el equilibrio; la dificultad radica en cómo hacerlo en la estructura desigual en la que nos encontramos.

Sin duda, se requieren más voces como la de México Social a nivel global, más voces que lleguen a la gente de otra manera. Necesitamos una nueva visión en nuestra región que haga una crítica a las estructuras desiguales existentes.

¿Cómo percibes la lucha que encabeza la Organización Internacional del Trabajo a favor del trabajo digno y la erradicación de todas las formas de explotación?

 Desde el año 2010, la región ha liderado políticas públicas innovadoras en estas materias. Como consecuencia de la crisis de 2008, la mayor parte de los países de América Latina tomaron medidas contracíclicas y aumentaron los programas de protección social, pero en 2016 el dinero que invirtieron en dichos programas disminuyó.

Este es el gran problema, y lo que debe hacerse es volver a expandir estos programas, tanto en cobertura, como en beneficios. Al mismo tiempo, debe impulsarse el salario, pues tenemos salarios paupérrimos y por lo tanto tenemos millares de personas que aun laborando no pueden sostener a sus familias.

Todo esto tiene un enfoque de género; la mujer latinoamericana ha entrado de manera contundente al mercado de trabajo, sin embargo, todavía se encuentra en los eslabones más bajos del salario, frecuentemente trabaja en el sector informal y no tiene protección social.

 Lo que debe trabajarse en la región es el aumento de los pisos de protección social y asegurar que todos los individuos tengan acceso a ésta durante todo el ciclo de su vida, y esto es más factible que un tipo de renta básica universal.

¿Cómo le hacemos para dirigirnos hacia una ética pública mundial que permita recuperar otro tipo de valores que rijan al comercio global, así como a las relaciones al interior de los países y que lleve a una mejor democracia y a una mayor conciencia sobre la importancia de la cultura de paz y de derechos humanos, pues parece que la crisis no es económica sino ética?

 El cambio debe venir desde abajo. Tiene que haber una movilización social y feminista. Es el momento de volver a las organizaciones de base que trabajan directamente con las comunidades.

Muchas grandes organizaciones de derechos humanos internacionales y algunas grandes a nivel nacional han fallado, pues han perdido el contacto con las zonas no urbanas y se han enfocado en discutir temas muy técnicos del uso del derecho, así como en el disfrute de los derechos civiles y políticos, dejando de lado el tema de la desigualdad y de los derechos económicos sociales y culturales. Es hora de hacer este cambio de paradigma.

 Necesitamos poner al ser humano en el centro; hoy no es así. Todas las decisiones de tipo económico y financiero, de política pública y de política global deberían poner al centro la dignidad del ser humano en general.

En la región tenemos buenos ejemplos de que sí es posible. Uruguay ha emprendido una serie de políticas innovadoras en materia de igualdad de género y políticas redistributivas. Una transformación es posible, pero es necesario seguir mejorando lo que tenemos.

 La lucha por la justicia social debe seguir; ha habido algunos triunfos, pero estamos lejos de declarar la batalla ganada.

[1] Magdalena Sepúlveda Carmona (@Magda_Sepul)

La doctora Magdalena Sepúlveda es investigadora asociada en el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT / icrict.com). De 2008 a 2014 fue la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

De 2013 a 2017 formó parte del Panel de Expertos de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas. En 2015, fue reconocida entre Global Tax 50, entre aquellos individuos y organizaciones con el mayor impacto en el tema de impuestos a nivel mundial.

La carrera de 20 años de la señora Sepúlveda se ha centrado en la intersección de la pobreza, género, desarrollo y los derechos humanos y ha unido la investigación y el activismo. Ha trabajado como investigadora en el Instituto Holandés de Derechos Humanos, como abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como codirectora del Departamento de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad para Paz de Naciones Unidas en Costa Rica y como directora de Investigación en el Consejo Internacional de Política de Derechos Humanos, en Ginebra.

También se ha desempeñado como consultora de varias organizaciones internacionales, incluidas ONU Mujeres, el Banco Mundial, el ACNUR, la OIT y el ACNUDH. Ha publicado numerosos artículos sobre derechos humanos, corrupción, pobreza, género y desarrollo y ha impartido diversos cursos de posgrado en universidades de América Latina. Actualmente es profesora visitante en la Universidad de Oxford.

La señora Sepúlveda es abogada por la Universidad de Valparaíso (Chile), con un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, un LL.M de la Universidad de Essex en el Reino Unido y un diploma de posgrado de la Universidad Católica de Chile.