Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el gobierno federal ha reestructurado su estrategia de seguridad pública. Se trata de un rediseño institucional que crea tres grandes subsecretarías, múltiples unidades especializadas y un discurso de modernización que promete más coordinación, más inteligencia y más prevención. Pero, ¿puede un nuevo organigrama resolver un problema estructural que lleva décadas profundizándose?

La nueva SSPC se articula en tres grandes ejes: la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la Subsecretaría de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, y la Subsecretaría de Prevención de las Violencias. En papel, suena bien. Pero en la práctica, la historia mexicana está plagada de instituciones que nacen fuertes en el reglamento y débiles en el territorio.

La primera subsecretaría concentra el músculo operativo. Coordina unidades antisecuestro, ciberinteligencia, delitos de alto impacto, crimen organizado y operaciones encubiertas. Tiene acceso a Plataforma México, produce mapas delictivos, gestiona bases de datos y dirige operativos especiales. Es el corazón táctico del aparato.

El riesgo, sin embargo, es que ese corazón no tenga cerebro autónomo. Sin controles judiciales, sin contrapesos civiles y con una tradición de uso político de la inteligencia, esta concentración de poder operativo puede ser más peligrosa que eficaz. La historia reciente muestra que las agencias sin transparencia se vuelven vulnerables a la corrupción o a la manipulación desde el poder.

La segunda subsecretaría parece más técnica: planeación de política criminal, protección civil, derechos humanos, combate a la corrupción interna, vinculación institucional y supervisión administrativa. Es decir, el esqueleto legal y administrativo de la SSPC. Pero es precisamente aquí donde el discurso de reforma suele quedarse en letra muerta. Una política criminal moderna necesita un sistema de justicia funcional, y eso no depende de esta secretaría. Si las fiscalías no investigan, si los ministerios públicos siguen siendo tan corruptos como ineficaces, si los jueces no sancionan, la planeación es irrelevante.

Y no podemos olvidar que esta subsecretaría también se encarga de los derechos humanos. Una ironía dolorosa, cuando se recuerda que México tiene un largo historial de abusos policiales y que muchas violaciones provienen del propio aparato del Estado.

La tercera subsecretaría (Prevención de las Violencias) es, tal vez, la más noble en intenciones. Busca atender las causas estructurales de la violencia, desarrollar programas comunitarios, coordinar acciones sociales con enfoque territorial, trabajar con jóvenes y comunidades vulnerables. Habla de cultura de paz, cuidado comunitario y resolución alternativa de conflictos.

Pero aquí también hay un problema estructural: no basta con tener el discurso correcto. La prevención social requiere permanencia, recursos, formación y medición de impacto. Esta administración ha desmantelado programas previos con base territorial para sustituirlos por transferencias monetarias directas, que si bien son legítimas como política social, no sustituyen una estrategia de prevención del delito. No se combate la violencia solo con dinero.

Además, esta subsecretaría parece más decorativa que ejecutiva. Carece de autonomía real, depende del respaldo de otros niveles de gobierno, y opera en un contexto donde los territorios más violentos del país están controlados por cárteles, no por el Estado.

A esta estructura le falta una pieza crítica: las fiscalías. El gran problema de seguridad en México no es solo la violencia, sino la impunidad. Y la SSPC no tiene competencia directa sobre la procuración de justicia. Puede perseguir, puede prevenir, puede planear. Pero si no hay castigo, si no hay sentencias, si no hay justicia, el sistema entero fracasa.

La impunidad en México es estructural: más del 90% de los delitos no se sancionan. Mientras las fiscalías no funcionen, mientras la corrupción siga presente en ministerios públicos y jueces, ninguna subsecretaría podrá lograr lo que no puede sostenerse desde el sistema judicial.

Además, no se observa en este rediseño una apuesta por la profesionalización policial seria y sostenida. Años de militarización han debilitado los cuerpos civiles, y hoy se enfrenta una doble crisis: policías sin carrera y militares sin controles. Sin una política pública de formación, evaluación y estímulo a los cuerpos de seguridad civil, la seguridad seguirá dependiendo de las Fuerzas Armadas, lo cual es insostenible a largo plazo en un régimen democrático.

El nuevo diseño normativo otorga a la SSPC más poder, más atribuciones y más estructuras. Pero no necesariamente más resultados. Las promesas de coordinación, inteligencia y prevención ya las hemos escuchado antes. Lo que falta no es discurso, sino decisión política real de fortalecer el Estado de Derecho.

En resumen, esta reestructuración es un paso necesario, pero está lejos de ser suficiente. La seguridad para la paz requiere justicia, transparencia, profesionalismo, recursos y ciudadanía activa. No bastan los mapas delictivos, los operativos encubiertos o los folletos sobre cultura de paz. Se necesita enfrentar al poder criminal, fortalecer las instituciones, proteger a las víctimas y hacer valer la ley.

Omar García Harfuch, cuenta con la experiencia y el conocimiento y necesarios, también con el apoyo de la presedente Sheinbaum. Ahora habrá que esperar los nombramientos… Además de construir paralelamente una cultura de civilidad y legalidad tambien en la ciudadanía.

La paz no es un decreto ni un manual operativo. Es una construcción colectiva que exige voluntad, integridad y visión de país. La nueva SSPC tendrá que demostrar que es una institución capaz de proteger sin reprimir, de prevenir sin simular, y de construir seguridad sin sacrificar libertad.

Mientras eso no ocurra, el riesgo es que esta nueva estructura se convierta, como tantas otras, en un edificio vacío, robusto en la forma, pero débil de fondo en resultados.N

Fernando Shütte Elguero

Analista y consultor en seguridad.