La reforma que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales podría tener consecuencias adversas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) si no se acompaña de medidas de apoyo. Así lo advirtió Roberto Novoa Toscano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León.
Aunque reconoció la importancia de mejorar las condiciones laborales en el país, Novoa Toscano alertó que más del 90 por ciento de las unidades económicas en México son MIPYMES, muchas de las cuales no están en condiciones de absorber los costos que implicaría la reducción de horas sin un plan estructurado.
“Sabemos que es fundamental fortalecer las condiciones de las y los trabajadores, pero también es necesario que existan incentivos o esquemas claros de implementación, porque no se ha explicado cómo se hará la transición”, señaló el dirigente.
El presidente del CCE de León subrayó que el empresariado está dispuesto a participar en las mesas de trabajo rumbo a 2030, año que el gobierno federal ha planteado como meta para concretar la reforma, pero insistió en que el proceso debe ser gradual, flexible y adaptado a las diferentes realidades del país.
“México tiene muchas diferencias económicas y sociales entre regiones. Cualquier reforma de esta magnitud debe considerar esas variables para evitar que las MIPYMES se vean rebasadas”, apuntó.
Finalmente, Novoa Toscano recalcó que el éxito de la iniciativa dependerá del diálogo abierto entre los sectores involucrados: gobierno, empleadores y trabajadores.
“Sólo con un diálogo tripartito permanente se podrá sacar adelante esta reforma de manera responsable”, concluyó.