La pandemia y otros ejemplos recientes han demostrado que sin salud no hay nada. Por ello, los profesionales de la salud y la sociedad en general debemos asumir la responsabilidad de buscar opciones innovadoras para construir un sistema de salud robusto; esto requiere contar con fondos y fuentes de financiamiento estables y sostenibles.
Las prioridades de cualquier organización dependen de la asignación de su presupuesto. El presupuesto en salud que los gobiernos destinan refleja en gran medida su compromiso con la salud de los ciudadanos.
El sistema de salud debe proteger a la población y garantizar los servicios necesarios, para lo cual es indispensable disponer de mecanismos institucionales y financieros adecuados. Este desafío es aún mayor frente a la tendencia hacia la cobertura universal y la transición epidemiológica, que incrementan los costos de atención médica. Lograrlo implica aumentar los ingresos y el gasto público en salud, con una mejor asignación y distribución, así como un financiamiento equitativo.
En México, el sistema de salud es mixto y está fragmentado en al menos ocho subsistemas. Las instituciones de seguridad social para trabajadores formales (IMSS, ISSSTE y Pemex, entre otros) se financian mediante cuotas obrero-patronales de empresas y trabajadores. Para quienes no cuentan con seguridad social, el IMSS-Bienestar y las secretarías de Salud de los estados dependen de impuestos generales, como IVA y el IEPS.
Por su parte, el sector privado atiende a quienes tienen capacidad de pago, pero esto frecuentemente genera gastos catastróficos para las familias.
¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS FONDOS PARA LA SALUD?
Del gasto total en salud, 42.1 por ciento proviene del gasto de bolsillo del sistema privado, mientras que las primas de seguros voluntarios representan el 6.1 por ciento. El sistema público aporta el 51.8 por ciento, de los cuales el 31.6 por ciento proviene de cuotas obrero-patronales, y el 68.4 por ciento restante, de impuestos generales.
La desigualdad en el financiamiento, el gasto y el acceso a la salud genera descoordinación e ineficiencias, limitando la posibilidad de avanzar hacia un sistema con cobertura universal. Por ejemplo, el gasto per cápita para los derechohabientes de Pemex es 13.8 veces mayor que el de los de IMSS-Bienestar.
Desde 2010 el gasto público en salud en México ha oscilado entre el 2.5 y el 2.95 puntos del PIB, muy por debajo de la recomendación de destinar al menos 6 puntos del PIB.
Los países que se han acercado más a la cobertura universal utilizan contribuciones obligatorias a un fondo común que cubre a quienes no pueden pagar, acompañado de una clara priorización de servicios. En México, conceptos similares se han implementado a través del Seguro Popular, el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) y, recientemente, el IMSS-Bienestar. Sin embargo, estos mecanismos han sido insuficientes para garantizar la atención de quienes no cuentan con seguridad social.
Es claro que avanzar hacia la cobertura universal de salud requiere un cambio sustancial en el financiamiento. Sin un aumento en el gasto no será posible ofrecer servicios diferentes ni suficientes.
EL CAMINO QUE NOS FALTA POR RECORRER
Para ello, es necesario igualar la recaudación para igualar la atención. Esto implica buscar fondos adicionales y diversificar las fuentes de financiamiento, como impuestos específicamente destinados a salud (por ejemplo, ampliar el IEPS a más productos), gravámenes sobre empresas altamente rentables, impuestos a transacciones de divisas, bonos gubernamentales dirigidos a ciudadanos en el extranjero, entre otros, etiquetados específicamente para salud.
Otras estrategias incluyen el cofinanciamiento público-privado, se pueden explorar impuestos progresivos, bonos de impacto condicionados al éxito del proyecto y otras herramientas que compartan la corresponsabilidad en la salud, como el programa de ELSSA del IMSS, que actualmente reduce riesgos laborales, pero podría extenderse al control de enfermedades crónicas.
Es fundamental reducir el gasto de bolsillo, prevenir riesgos financieros para las familias y evitar la doble o triple tributación para salud, como ocurre con personas derechohabientes de distintas instituciones que además pagan impuestos generales y recurren a gastos privados.
Existen opciones para incrementar el financiamiento en salud, pero es crucial garantizar la transparencia y la claridad en el uso de los fondos. Esto generará confianza en la población e inversionistas, reforzando el compromiso de México con la salud de su población.
La salud es la base de todo. Por ello, debemos construir un sistema centrado en la prevención de riesgos, enfermedades, complicaciones y muertes, considerando no solo aspectos biológicos, sino también financieros, económicos y sociales. N
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El Dr. Rodrigo Romero Feregrino es coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología. La Mtra. Valeria Magali Rocha Rocha es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de los autores.
