México no está regido por un solo poder, y tampoco una sola “figura de autoridad” es la más importante y a la que debe respetarse. En México, y en todo país democrático, la protección fundamental de los derechos humanos está en los tribunales judiciales, ya que la función judicial es una garantía de todos los seres humanos frente al mismo Estado y otras personas, al estar dirigido a impedir arbitrariedades y abusos sobre sus derechos, así como obligar a las autoridades a satisfacerlos.
Entonces el Poder Judicial es un contra poder, que tiene encomendado el control de la legalidad, o la validez de los actos legislativos y de la administración pública, de los actos de particulares, y la protección de los derechos de las personas, frente a las afectaciones que puedan provocar esos particulares o autoridades.
Todas las y los jueces tienen la función de respetar, garantizar y proteger los derechos de quienes intervengan en un procedimiento jurídico, y controlar el orden constitucional y convencional cuando pueda afectar indebidamente los derechos de los seres humanos. Los Poderes Judiciales son una garantía por sí mismos.
Los Poderes Judiciales son fuertes cuando sus integrantes tienen una misión y visión proyectada a beneficiar jurídicamente a la sociedad en la que se desempeñan; cuando saben que pueden actuar libremente dentro del marco normativo para ejercer sus funciones, cuando sus criterios se van consolidando y perfeccionando a lo largo del ejercicio de la carrera judicial, y esto se refleja en el entendimiento de la protección judicial efectiva de los derechos de las personas.
Nosotros, nuestra sociedad, nuestro país, requerimos Poderes Judiciales que interpreten las normas no sólo en el sentido propio de sus palabras, los antecedentes sociales y legislativos, sino también con base a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de la justicia en la resolución de los problemas de la colectividad, puesto que el objeto del derecho debe dirigirse necesariamente a las conductas humanas en una situación concreta.
La mayoría de los ataques a los Poderes Judiciales, que tratan de mostrarlo como el enemigo, como corrupto, como un mecanismo de defensa de delincuentes y de afectación a las víctimas, se hacen para esconder las verdaderas negligencias, errores y actitudes indebidas en las creaciones de normas, de procesos, de operadores. Los Poderes Judiciales no tienen tantas culpas como se le atribuyen, sino que son el chivo expiatorio de otros factores que influyen en su operación. Si queremos disminuir la delincuencia, si queremos evitar que las personas hagan justicia por propia mano, si queremos eliminar la discriminación y el etiquetamiento social de las personas, si queremos resolver a favor del pueblo y no del “neoliberalismo”, la solución es aún más sencilla: dejemos de ignorar a los demás y de cerrar los ojos a la realidad: debemos respetar a los Poderes Judiciales, su estructura y funcionamiento, y no politizar temas de justicia, sino garantizar justicia para los que imparten justicia; y que nuestra política mexicana, deje de ser más criminal que política.
El problema es que, en México, la inoperancia, la sorda reflexión y ciega creatividad, ha contribuido, durante muchos años, a convalidar la convicción colectiva de que en la lucha por la supervivencia todo vale y que nada razonable puede esperarse de la autoridad (Elbert), más que su adoración por encima de todos los demás. Los ataques a las demás Instituciones se incrementan en la medida en que el poder central tiene un carácter más absoluto y a la sociedad se le impide desarrollarse para exigir sus derechos.
En pleno siglo XXI no hay que “modernizar” los viejos discursos o remendar armazones. Debemos crear nuevas estructuras con discursos operativos que aterricen en el fortalecimiento de Poderes igualitarios, protagonistas, autónomos e independientes, respetados y coordinados, que aseguren el respeto absoluto de la dignidad humana y sus derechos.
Así, Los Poderes Judiciales no son simples organismos que componen al Estado; los Poderes Judiciales son una garantía por sí mismos, y si comprendemos que las garantías son los mecanismos que protegen los derechos de las personas y que ayudan a que se ejerzan adecuadamente, el Poder Judicial no es sólo un poder, es el poder que se ubica por encima de los demás poderes para proteger a los seres humanos de autoritarismos del Estado y los particulares.
Cuando se ataca a los Poderes Judiciales, se está atacando a la autoridad más importante para protegernos; cuando se ataca a los Poderes Judiciales, el atacante muestra que su intención es destruir el único mecanismo que tenemos para defender nuestros derechos. Entonces, defender a los Poderes Judiciales es defender nuestros derechos; así de simple, así de claro, así de real.
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José Luis Eloy Morales Brand es consultor internacional experto en sistema penal acusatorio y derechos humanos. Profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Rector de la Universidad Judicial del Estado de Aguascalientes, México.
