“La policía es el pueblo y el pueblo la policía.”

— Sir Robert Peel, Fundador de la Policía Metropolitana de Londres

Desde hace casi 200 años, en Londres se acuñó el principio de “policía por consentimiento”, el cual se basa en un pacto mediante el cual la comunidad cede voluntariamente su seguridad a policías que también son miembros de esa misma comunidad. Es decir, los policías son ciudadanos uniformados. Este principio se ha aplicado en la mayoría de los países occidentales, incluyendo a México.

La ONU define la seguridad ciudadana como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Esto implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos.

En México, con la transición democrática a finales de los años ochenta y principios de los noventa, la seguridad pública también se fue democratizando. Algunos ejemplos de este proceso son la creación, por primera vez en el país, de la figura del ombudsman, cuya función es la promoción y protección de los derechos humanos, así como el surgimiento de la carrera policial y los órganos de control interno, entre otras instituciones que han apoyado esta transición.

Las corporaciones policiales en las principales zonas metropolitanas del país comenzaron a desarrollarse y fortalecerse institucionalmente durante esas décadas, al igual que los gobiernos locales de los que formaban parte.

Sin duda, las instituciones de seguridad pública locales en México han experimentado una gran evolución en los últimos 40 años, aunque no sin enfrentar también grandes retos.

La gran fortaleza de las instituciones de seguridad estatales y municipales radica en que son la autoridad más cercana a la población. Son quienes responden a las emergencias y reportes, patrullan las calles, conocen su territorio, controlan el tránsito, intervienen ante faltas administrativas y responden ante delitos del fuero común y federal, incluyendo los de alto impacto. Son casi siempre los primeros en llegar cuando un ciudadano reporta una emergencia.

Los policías locales conocen su ciudad y a la población a la que sirven. Vigilan nuestras escuelas, centros de trabajo y hospitales. Se despliegan territorialmente para tener la mayor presencia posible y permanecer en los sectores, listos para responder de inmediato a las emergencias. Sin la existencia de las policías locales, nuestras ciudades caerían en caos. Es por ello por lo que es indispensable que, como política de estado, se apoye el fortalecimiento de las policías locales a través de una estrategia nacional y mediante la asignación de subsidios provenientes de fondos federales y estatales, para que continúe la profesionalización y el desarrollo de estas corporaciones.

Una gran ventaja de las policías locales es que, al depender de un liderazgo político electo democráticamente, son más sensibles a las necesidades de la comunidad a la que sirven y les resulta natural establecer vínculos con la comunidad y con sus líderes. Esa cercanía funciona como un control democrático: si la población no está conforme con la gestión de su policía, normalmente esto provoca cambios en los liderazgos de la corporación o en su estrategia.

Proteger estas instituciones resulta especialmente relevante ahora, ante la prioridad que se le ha dado en México a la Guardia Nacional, institución que surgió como una policía civil y que, con la reciente aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la reforma a la Guardia Nacional, se propone que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Obviamente, las fuerzas armadas, por la naturaleza de su misión, no tienen el mismo nivel de vinculación con la comunidad que tienen las policías locales. Esto conlleva grandes desafíos, por lo que es indispensable la permanencia y fortalecimiento de las instituciones de seguridad civiles.

Desde mi perspectiva, la Guardia Nacional debe ser una corporación subsidiaria de las policías civiles, que las complemente y no las reemplace; que atienda delitos federales y de alto impacto relacionados con la delincuencia organizada, en esas tareas las fuerzas armadas tienen gran experiencia y han demostrado efectividad, dejando las funciones de prevención a las policías locales.

Estamos ante una disyuntiva, y espero que México elija el camino que han seguido otros países con democracias liberales, que han optado por el desarrollo de sus policías civiles y han obtenido resultados positivos. Las policías democráticas están centradas en la seguridad de la población a la que sirven, más que en la seguridad del estado.

En mi opinión, no debería existir conflicto entre el fortalecimiento de las policías civiles y el de la Guardia Nacional. Al contrario, si el diseño institucional que se apruebe desde el legislativo es el correcto, sus funciones se pueden complementar, apoyándose en beneficio de la seguridad de nuestras comunidades.

La seguridad debe seguir construyéndose desde el ámbito local, priorizando la prevención y observando el primer principio creado por Sir Robert Peel hace ya casi 200 años:

“…Prevenir el crimen y el desorden como alternativa a su represión mediante la fuerza militar y la severidad del castigo legal…”

El autor es abogado y consultor internacional en seguridad, tiene una carrera de 25 años, fue Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California y Director del Centro C4 Baja California.