Es responsabilidad tanto del Consejo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como del Mecanismo de Protección Federal supervisar la aplicación de las medidas con las que se pretendía resguardar la integridad del periodista Alejandro Martínez Noguez en Celaya.
Así lo advirtió el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas luego del crimen ocurrido el 4 de agosto cuando Martínez Noguez fue atacado después de haber realizado la cobertura de un accidente vial en la carretera entre Villagrán y Celaya, en Guanajuato.
El vehículo de la policía municipal en el que viajaba fue atacado por hombres armados, al intentar repeler la agresión dos de los agentes asignados como escoltas resultaron heridos. Por ello, el consejo exigió que se determine la responsabilidad en la asignación de policías municipales como escoltas.
El consejo confirmó como antecedente que Alejandro había sido víctima de un ataque armado en noviembre de 2022 en Celaya, por lo que desde entonces contaba con medidas de protección, que implicaban la coordinación entre el Consejo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Mecanismo de Protección Federal.
“Si bien hay declaraciones públicas de autoridades estatales que señalan que Martínez Noguez solicitó directamente escoltas de policía municipal de Celaya, y que dicha corporación decidió asignar una patrulla rotulada como policía de tránsito, tanto el Consejo Estatal como el Mecanismo Nacional son responsables de supervisar la aplicación de las medidas”.
El señalamiento se refiere a la declaración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el 5 de agosto cuando refirió que fue el periodista quien “solicitó que fueran tránsitos municipales hubo muchas opciones; estuve platicando quién estuvo en su momento con la Secretaría de Gobierno, se le dieron varias opciones y él dijo que confiaba especialmente en esta corporación, entonces por eso digo que hay que revisar qué tanto están los protocolos bien activados”.
Los integrantes del consejo recordaron que el artículo 28 de la Ley en la materia señala que, tanto el estudio de evaluación de riesgo y de acción inmediata se “realizarán de conformidad con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas”. Por ello, consideraron que debe determinar la responsabilidad en la asignación de personal de policía municipal como escolta.
“Este Consejo considera de extrema gravedad que periodistas que se encuentran incorporados al Mecanismo Federal sean asesinados, lo que da cuenta de la ausencia de eficacia en las medidas de protección aprobadas en casos concretos”, resaltaron.
Por todo lo anterior, hicieron un llamado a todas las autoridades involucradas en el ámbito municipal, estatal y federal, a redoblar esfuerzos en la gestión y monitoreo del riesgo, así como en el trabajo articulado, para que existan garantías de no repetición para que las y los periodistas protegidos puedan continuar desarrollando su labor.
