Como un gran riesgo es como calificó el Presidente de la Barra Mexicana de Abogados en Baja California, Leonardo Abarca Jiménez las propuestas de reformas al Poder Judicial anunciadas por el ejecutivo federal.
“El pasado 5 de febrero de 2024, el presidente López Obrador presentó el “Plan C”, un conjunto de iniciativas que proponen reformas significativas al poder Judicial Federal mexicano. Entre las propuestas más controversiales se encuentra la elección mediante voto popular de Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta medida, plantea serias inconveniencias y riesgos para la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial”, expresó.
Agregó que la propuesta ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica y entre los observadores políticos. Y recordó que actualmente, los Jueces de Distrito y Magistrados son seleccionados mediante exámenes y concursos de oposición, asegurando que sus nombramientos se basen en méritos profesionales y conocimientos jurídicos especializados. “Este sistema, aunque no exento de críticas, garantiza una cierta independencia de criterio en las decisiones judiciales”, dijo.
Alertó que en contraste, la elección popular podría socavar este principio fundamental de independencia judicial ya que los candidatos, en lugar de ser evaluados por su competencia jurídica, podrían verse obligados a satisfacer las preferencias políticas del electorado, situación que podría llevar a una politización de la justicia, donde los Ministros electos estén más inclinados a tomar decisiones basadas en la popularidad o en intereses particulares en lugar de en la interpretación objetiva de la ley.
“Además, la necesidad de financiamiento para las campañas electorales de los candidatos a Ministros podría abrir la puerta a la influencia indebida de intereses económicos o políticos. Este riesgo aumenta cuando se considera la posible intervención de grupos de poder o incluso la delincuencia organizada, comprometiendo seriamente la imparcialidad y la integridad del sistema judicial”, alertó el especialista.
Y es que desde un punto de vista práctico, los temas más cruciales y controvertidos suelen ser decididos por la SCJN, por lo que es esencial que los Ministros posean una sólida formación jurídica y una experiencia probada en el ámbito legal, de ahí que designar a los Ministros basándose únicamente en su popularidad podría resultar en una falta de preparación técnica y una menor capacidad para resolver los complejos desafíos legales que enfrenta México.
Finalmente mencionó que aunque la intención de promover la participación ciudadana en la elección de Ministros puede parecer loable, las consecuencias de esta medida podrían ser profundamente negativas para la independencia judicial y la estabilidad del Estado de Derecho en México. “La experiencia y la competencia deben seguir siendo los criterios primordiales para la selección de los integrantes del Poder Judicial, garantizando así que las decisiones judiciales sean tomadas con imparcialidad y objetividad, fundamentales para mantener la confianza en el sistema judicial del país”, concluyó. N
