Este miércoles, en una audiencia incidental, se otorgó la suspensión definitiva contra el proyecto Villa Portia, de Grupo San Cristóbal. Esto, tras el amparo interpuesto por organizaciones ambientales y activistas, después de que Newsweek Aguascalientes diera a conocer que un nuevo desarrollo pretendía levantarse en el Bosque de Cobos, uno de los pulmones más importantes de Aguascalientes al sur de la ciudad. 

En dicho amparo, se argumentan varios puntos que atentaban contra la preservación de la zona, pues el polígono se encuentra justo a un costado del Área Natural Protegida, y abarca más de 50 hectáreas de relevancia hidrológica, ambiental e incluso histórica para la entidad. Pese a ello, la delegación local de la SEMARNAT había otorgado el cambio de uso de suelo, lo que ahora queda sin efecto tras otorgarse la suspensión definitiva.

“Y lo que se logró es detener esto en tanto se resuelve el juicio de amparo, y en tanto nos dan la resolución final”, explica Sofía González, quien coordina la organización civil Salvemos La Pona, y es parte del bloque activista que defiende Bosque de Cobos. “Las constructoras deben detener inmediatamente los trabajos, se debe evitar el derribo y tala de la vegetación forestal” asegura. 

Ahora, aunque está dado el permiso del uso de suelo, las autoridades, en el marco de sus atribuciones, deberán de tomar las medidas necesarias para que se interrumpan los trabajos o alteraciones en el proceso de realización, incluido el desarrollo y conclusión de Villa Portia.

Explica además que ahora las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de salvaguardar el suelo forestal, y tienen facultades para evitar actos ilegales, como la afectación al polígono y la tala de árboles. 

“Se reconocieron derechos: la legitimidad de quien interpone el amparo. Y se está poniendo por encima el derecho humano a un medio ambiente sano” subraya Sofía González, quien explica que existe una consideración a la función ecológica de la zona. 

Este proceso legal puede llevar meses antes de llegar a un resolutivo, pero en tanto no se resuelva, la constructora debe abstenerse de intervenir y arrancar las obras del fraccionamiento.