El presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, afrontará este miércoles 7 de diciembre su tercer proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción durante 16 meses de gestión. El Congreso de la República lo ha citado para hoy, pero al cierre de este reporte no ha confirmado su asistencia a la sesión.
Castillo tendrá que responder en el proceso de destitución por qué en su administración hubo un copamiento y desmantelamiento del aparato del Estado. Lo anterior, a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos para favorecer a los intereses de su entorno.
Además, las investigaciones de la Fiscalía General que devinieron en la denuncia constitucional por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión por los casos Puente Tarata y Petroperú. También por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado.
PRÓFUGOS DE SU GOBIERNO
Por último, el presidente tendrá que aclarar si está involucrado en un “presunto encubrimiento” para no atrapar a los prófugos de su gobierno. Así como el supuesto plagio en su tesis de maestría. Estos puntos deberá responderlos con la asesoría de sus abogados.
A pesar de que tiene que ser escuchado, la oposición —conformada por Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular y otros independientes— adelantó que votará por la salida de Castillo del poder. Por estos días, buscan a parlamentarios de la izquierda oficialista para que se sumen.
La Constitución peruana señala que para destituir a un presidente se requiere de 87 de 130 votos en el Parlamento. Por esa razón, dos procesos de vacancia contra Castillo fracasaron en noviembre de 2021 y marzo pasado porque no se llegó a la cifra antes mencionada. Sin embargo, una serie de factores podría cambiar este panorama y terminaría con la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte en el poder.
NOMBRAMIENTOS CUESTIONADOS
La crisis política actual en Perú se debe a que el Gobierno de Castillo decidió interponer una cuestión de confianza para derogar una ley que restringía la convocatoria de un referéndum. El Parlamento rechazó de plano esta iniciativa, lo cual fue interpretado como una censura al primer ministro Aníbal Torres.
Torres, un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero como cuarto jefe de Gabinete de Castillo en 16 meses, renunció a su puesto y fue reemplazado por Betssy Chávez. Ella es una joven parlamentaria que ocupó los ministerios de Trabajo y Cultura durante los últimos meses.
Chávez es investigada por la Fiscalía General por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias, tras la publicación de un reportaje que describió como supuestamente habría beneficiado con contratos a una familia que vive en su ciudad natal, Tacna.
La nueva primera ministra de Castillo generó rechazo en la oposición y el oficialismo en el Parlamento. El asunto se agravó más cuando Chávez decidió mantener en su equipo a su predecesor Torres. Además sumó a Raúl Noblecilla, un abogado que presentó varias denuncias contra la Fiscal General, Patricia Benavides, por las investigaciones que tiene sobre Castillo por delitos de corrupción.
Hace unos días, el Gobierno también colocó a Wilson Barrantes, exgeneral del Ejército, como flamante jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esto a pesar de que aparecieron fotografías suyas junto a representantes del Movadef, una fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso que acabó con la vida de miles de peruanos durante las décadas de los ochenta y noventa.
Los recientes nombramientos en el círculo del presidente Castillo han provocado la percepción en la oposición. Y los medios de comunicación que el Gobierno buscaría cerrar el Parlamento de manera inconstitucional.
MÁS ACUSACIONES PARA PEDRO CASTILLO
A los nombramientos cuestionados también se le añade que Castillo afronta nuevas acusaciones. José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia nombrado por el actual Gobierno, denunció este martes que el mandatario dio la orden para que se facilite las fugas del país de su exministro de Transportes, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez Castillo.
“Se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos. Estamos hablando del sobrino Fray [Vásquez Castillo] y del exministro [Juan Silva]. Yo he tomado conocimiento [del encubrimiento] como hombre de inteligencia. El presidente de la República dio la directiva, ¿quién más iba salir involucrado?”, dijo a un canal de televisión.
Fernández Latorre señaló que la orden de Castillo fue ejecutada por los exministros Dimitri Senmache y Juan Carrasco; el actual titular de la cartera de Justicia, Félix Chero, y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Julio Palomino. Como prueba de ello, presentó el audio de una conversación que sostuvo con Beder Camacho, exsubsecretario general de la Presidencia.
Juan Silva y Fray Vásquez son piezas claves en una de las seis investigaciones que afronta Castillo. El exministro de Transportes y el sobrino del presidente de Perú son investigados por la Fiscalía General por los presuntos delitos de colusión. Además del tráfico de influencias y organización criminal por el caso Puente Tarata.
En septiembre pasado, la Fiscalía recibió la información que ambos personajes realizaron un viaje por una carretera para salir por la ciudad norteña de Tumbes rumbo a Ecuador. Para de ese punto seguir su ruta hacia Venezuela. N
