Civiles acribillados, ciudades sitiadas. Una reciente escalada de ataques del crimen organizado en México develó las fragilidades de la política de seguridad del gobierno, cuya solución se ve lejana, según expertos. Los atentados pusieron en entredicho la estrategia de “abrazos, no balazos” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Acusado de “militarizar” el país al dejar la seguridad ciudadana en manos de la Guardia Nacional, un cuerpo con mando civil integrado principalmente por soldados.
El más reciente desafío, con bloqueos y quema de vehículos, ocurrió hace una semana en Zacatecas (centro). Antaño un estado pacífico donde los homicidios ahora son cotidianos. Pero los hechos más violentos sucedieron a mediados de agosto en Guadalajara (oeste), Guanajuato (centro), Ciudad Juárez y Baja California (frontera norte con Estados Unidos). Con saldo de 12 muertos y comercios en cenizas.
Aunque estos eventos no son nuevos ni estarían conectados entre sí, causaron conmoción por los ataques contra civiles y la advertencia de Washington sobre un impacto económico.
“En la población generan pánico, en las autoridades políticas desconcierto, y las autoridades de seguridad se ven paralizadas”, dice a la AFP David Saucedo, consultor en seguridad.
En un país donde operan varios cárteles del narcotráfico y bandas dedicadas desde el robo de gasolina hasta la extorsión y el tráfico de migrantes, especialistas coinciden en que los ataques responden a múltiples lógicas.
En Jalisco y Guanajuato, por ejemplo, ocurrieron tras el fallido intento por capturar a dos capos del Cártel Jalisco Nueva Generación, por cuyo jefe, Nemesio Oseguera, Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares. En Juárez obedecieron a guerras entre pandillas ligadas al narco. Saucedo juzga la ofensiva como “narcoterrorismo”, término que López Obrador evita. En su lugar, el gobierno izquierdista la tilda de “propaganda criminal” ante sucesivos golpes.
MÉXICO CERRÓ CON UNA TASA DE 29 HOMICIDIOS EN 2021
En una reacción parecida a las de los dos gobiernos precedentes, a los que acusa de haber exacerbado la violencia al militarizar la lucha antidrogas, López Obrador autorizó desplegar soldados.
“La respuesta no fue examinar por qué sucedió e implementar estrategias probadas”, sino “desplegar tropas para tratar de prevenir que esto suceda de nuevo”, señala Michael Lettieri, del Mexico Violence Resource Project de la Universidad de California, en San Diego.
Desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) envió militares a combatir los cárteles, con financiación de Washington, México acumula unos 340,000 asesinatos, la mayoría atribuidos a los criminales. En tanto, las desapariciones se dispararon hasta los 100,000 casos, según cifras oficiales.
Aduciendo que esa iniciativa fracasó, López Obrador defiende que su plan se enfoca en reducir la pobreza como raíz del problema, y dedica ingentes recursos a programas sociales (23,000 millones de dólares en 2022).
“Con esta estrategia básica estamos reduciendo la violencia”, proclamó el pasado jueves en su informe anual, destacando que los delitos federales bajaron 29.3 por ciento durante su gestión, que comenzó en 2018. Además, entre enero y julio los homicidios cayeron 8.7 por ciento frente a igual período de 2021, con 18,093 víctimas.
Pero Lettieri opina que el plan es insuficiente ante la profunda marginalidad y violencia doméstica que prevalecen en México. El presidente, elegido hasta 2024 y cuya aprobación ronda 61 por ciento, apuesta además por dejar la Guardia Nacional bajo mando del Ejército. Según él para aprovechar la experiencia de esa institución.
Una reforma en tal sentido fue aprobada en la Cámara baja y debe ser discutida en el Senado. Entre denuncias de opositores y activistas de que profundizará la militarización y las violaciones de derechos humanos.
Señalamientos similares llevaron a sustituir la Policía Federal por la Guardia en 2019. México cerró 2021 con una tasa de 29 homicidios por 100,000 habitantes.
LA OTRA GUERRA
Caracterizados por su espectacularidad y amplia difusión, los recientes ataques desataron una ola de críticas al gobierno.
Pero detrás de esos hechos se oculta otra violencia que también desangra al país, comenta Laura Atuesta, coordinadora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
“Siguen encontrando gente muerta, matando, entrando a casas y desapareciendo a personas”, dice Atuesta, cuyo equipo monitorea las noticias criminales en todo el país.
Añade que son “dos guerras”: una, en la que se detienen cabecillas y hay reacciones violentas; otra, que golpea al ciudadano común y no es atendida por el gobierno.
“En Guerrero están matando a distribuidores de pollos, en Guanajuato matan a mecánicos en talleres, están matando a taqueros (vendedores de comida)”, sostiene.
Los incidentes en Jalisco y Guanajuato dejaron un presunto delincuente muerto, pero ese mismo 10 de agosto fueron asesinadas otras 11 personas en ambos estados. Los expertos consultados señalan que aun si la Guardia queda subordinada al Ejército, le tomará tiempo desarrollar capacidades operativas.
Mientras, López Obrador parece solo “administrar el problema”, según Saucedo. “Lo que está haciendo es sentar las bases para una guerra futura, pero no va a ocurrir” en este gobierno. N
