La deforestación en los diferentes biomas brasileños aumentó 20.1 por ciento en 2021, según un informe independiente publicado este lunes, el cual estima que el año pasado la Amazonía perdió 18 árboles por segundo.
“Brasil perdió 16,557 km2 (1 millón 655,782 hectáreas) de cobertura de vegetación nativa en todos sus biomas el año pasado”, frente a 13,789 km2 (1 millón 378,929 hectáreas) en 2020, detalló la plataforma colaborativa Mapbiomas, que compila datos provenientes de diferentes sistemas de mapeo satelital.
El 59 por ciento del área deforestada en 2021 se concentró en la Amazonía, seguida por el Cerrado (la sabana brasileña), que respondió por el 30.2 por ciento del área talada, la Caatinga (semiárido del noreste) con 7 por ciento, el Bosque Atlántico con 1.8 por ciento y el Pantanal con 1.7 por ciento.
“Solo en la Amazonía, se deforestaron 111.6 hectáreas por hora, o 1.9 hectáreas por minuto, lo que equivale a cerca de 18 árboles por segundo”, agregó Mapbiomas, una red de ONGs, universidades y empresas de tecnología.
La agropecuaria se mantiene como el principal “vector de presión” de la deforestación, respondiendo por casi el 97 por ciento del área talada. En el estado de Pará (norte), la minería ilegal también fue un vector “expresivo”, según Mapbiomas.
En los últimos tres años, período que coincide con la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro al poder, la superficie deforestada en todos los biomas alcanzó los 42,000 km2, “casi el área del estado de Rio de Janeiro”, de acuerdo con el informe.
AMAZONÍA BRASILEÑA PIERDE MÁS DE 3,000 KM2 DE SELVA
Ambientalistas y opositores acusan al gobierno de Bolsonaro de fomentar la devastación con su retórica a favor de la explotación comercial de la Amazonía y de debilitar los organismos de control ambiental.
Datos oficiales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) muestran que entre enero y junio de 2022 la porción de la selva amazónica que se ubica en Brasil perdió 3,988 km2 por la deforestación, un récord para un primer semestre del año desde 2016, inicio de la serie de registro del Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Deter) basado en alertas diarias.
Las cifras oficiales muestran que desde que Bolsonaro asumió el poder en enero de 2019, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó 75 por ciento respecto de la década anterior.
DEVASTACIÓN SE ENSAÑA CON LAS TIERRAS DE LA AMAZONÍA
La codicia del hombre sobre la riqueza amazónica tiene vía libre en las ‘selvas públicas no destinadas’ de Brasil, una inmensa área no regulada donde invasores de tierras, mineros y madereros ilegales campan a sus anchas.
Por avatares de la historia y desidia de las autoridades, unos 830,000 km2 -cerca del 20 por ciento de la Amazonía brasileña, casi el tamaño de Venezuela- no están catalogadas ni como unidad de conservación, ni como reserva indígena, ni como tierra privada, y por ello están menos vigiladas y más expuestas a la explotación indiscriminada. Desde hace décadas, florecen iniciativas para regularlas y protegerlas.
A orillas del río Manicoré, un serpenteante curso de agua negra que surca el sur del estado Amazonas (norte), quince comunidades tradicionales que viven de la pesca, la caza y los frutos, luchan desde 2006 por constituir las casi 400,000 hectáreas de frondosa selva donde viven en una Región de Desarrollo Sostenible (RDS), una de las formas de conservación previstas en Brasil.
Un puñado de casas precarias de madera, entre las que merodean gallinas y puercos, una pequeña escuela y una iglesia forman la comunidad Terra Preta, donde varias familias se sustentan con la producción de harina de yuca, de açaí -una fruta rica en fibra-, o el aceite de andiroba -fruto con propiedades medicinales y cosméticas-.
“La devastación la vemos en forma de balsas que bajan cada día por el río llenas de madera de la selva”, relata a la AFP Cristian Alfaia, uno de los líderes comunitarios de la región.
Según datos del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), entre 1997 y 2020, el 87 por ciento de la deforestación amazónica en suelo público tuvo lugar en áreas ‘no destinadas’, gran parte en tierras invadidas y registradas de forma fraudulenta como privadas. El 13 por ciento restante se lo reparten las tierras indígenas y las unidades de conservación. N
(Con información de AFP)
