La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en su última sesión que el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes deberá investigar supuesta censura en contra de la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano Anayeli Muñoz, esto luego de que ella denunciara numerosas veces, incluso en redes sociales, que dos proveedores se negaron a exhibir sus lonas en distintos puntos del estado. Fue la magistrada Janine Otálora quien determinó que sí podría haber un impacto en materia político-electoral por estos hechos.

“Se propone el desechamiento de la demanda. Este asunto se relaciona con el retiro de propaganda de la actora que es candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Aguascalientes. Y viene controvirtiendo actos que atribuye a proveedores de propaganda electoral, registrados ante el Instituto Estatal Electoral, que a su juicio constituyen censura previa por una parte, y en su caso violencia política de género” explicó la magistrada, quien se pronunció en contra de que la demanda se desechara.

De acuerdo con la demanda, aseguró, hay al menos dos empresas, así como el titular de las mismas, que se han negado a fijar la propaganda electoral que se contrató con tales proveedores para difundir su candidatura.

“De la demanda se advierte, en efecto, un escrito de la empresa dirigido al coordinador de campaña de la actora, en el que señala que, de acuerdo con la postura de la empresa, se ven en la necesidad de retirar las lonas en las que aparecen imágenes y frases que hacen alusión negativa a otras candidatas” aseveró.

Dado que estos actos se atribuyen a proveedores de propaganda electoral registrados ante el INE, estos casos pueden constituir incluso violencia política de género, ya que habría inequidad en la contienda dado que no todas las candidatas estarían compitiendo en igualdad de condiciones. 

El proyecto original del Magistrado José Luis Vargas Valdéz pretendía desechar el recurso de la candidata de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, al final los cinco magistrados presentes en la sesión decidieron rechazar dicho proyecto y ordenaron la investigación.