Una nueva crisis política atraviesa el presidente izquierdista Pedro Castillo que acabaría con su gobierno en Perú. El sábado último se reveló la declaración de una empresaria que lo acusa ante el ministerio público de liderar una red criminal. Presuntamente, mediante esta red se direccionan millonarias licitaciones dentro del Estado.
En esa tarea, además, según denunció la empresaria, al presidente lo acompañarían ministros, congresistas, amigos y familiares cercanos.
Karelim López Arredondo se llama la empresaria que denunció a Castillo. En su testimonio, divulgado por la prensa local, señaló que el maestro rural lidera una mafia dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para recibir sobornos a cambio de otorgar obras.
En dicha tarea contaría con la complicidad del titular de la paraestatal, Juan Silva, quien ideó una estructura secreta.
La empresaria López mencionó no solo a Castillo, sino a cinco parlamentarios del partido centroderechista Acción Popular que integran la red criminal. Igualmente, dos sobrinos del presidente, el exsecretario general Bruno Pacheco, así como dos empresarios amigos de Castillo, Zamir Villaverde y Segundo Sánchez.
La declaración de López también alcanza a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, quien sería el aparato legal para detener las investigaciones.
La empresaria, que ha sido investigada por la licitación irregular de 57,6 millones de dólares a favor de un consorcio suyo y un contrato para vender 280,000 barriles de biodiésel a la empresa estatal Petroperú por 74 millones de dólares, decidió hablar debido a que recibe amenazas de muerte.
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Tras las graves revelaciones, Castillo rechazó lo dicho por Karelim López y acusó al Ministerio Público de formar parte de un complot para destituirlo.
Por su parte, la oposición anunció que presentará mociones de vacancia contra el presidente por incapacidad moral al estar involucrado en actos de corrupción.
“Se encuentra en una situación muy delicada”, sostuvo la politóloga Katherine Zegarra a Newsweek en Español. Señaló que, tras la acusación contra el presidente Castillo, el Congreso deberá evaluar qué decisión política resulta más conveniente en esta coyuntura polarizada que hay en el país.
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“Va a depender de cómo las fuerzas políticas en el Congreso interpreten esta situación por la que atraviesa el presidente. Si consideran que esto es grave para empezar algún tipo de proceso de vacancia o si van a medir el impacto social respecto a la información que, poco a poco, vayamos teniendo”, dijo.
Zegarra indicó que, si Castillo termina siendo destituido, no habrá grandes movilizaciones como las ocurridas en noviembre de 2020 contra el expresidente Martín Vizcarra.
Además, considera que Dina Boluarte, la vicepresidenta que reemplazaría a Castillo en una eventual vacancia, no tendría un gobierno con suficiente legitimidad y confianza de la población. N
