Honduras elige el domingo un nuevo presidente en comicios marcados por la corrupción y el narcotráfico, que tocan hasta las más altas esferas de poder, y por un temor ciudadano de que un resultado apretado genere choques violentos.
“Esperamos que haya unas elecciones en paz, que no haya problemas y que todo sea transparente, que cada quien [de los candidatos], si ganó, gracias a Dios, y si no, también”, dice Delia Flores, una vendedora de comida en una plaza del centro de Tegucigalpa.
Su temor no es gratuito. En 2017, una cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández desató enfrentamientos con represión policial, que dejaron una treintena de muertos.
A punto de dejar el poder, Hernández fue señalado en un tribunal en Estados Unidos, donde su hermano cumple cadena perpetua por narcotráfico, de ser cómplice de ese delito, cargo que rechaza.
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Quien lo suceda deberá luchar contra la pobreza que afecta a más de la mitad de los 10 millones de habitantes, y que obliga a muchos jóvenes a migrar irregularmente a Estados Unidos en busca de empleo.
“Esperamos que el próximo presidente dé trabajo, educación, que ayude a la gente pobre a salir adelante y ojalá no haya disturbios (…), nosotros somos los afectados”, considera Wilson García, vendedor de verduras en un mercado capitalino.
Washington envió a Honduras al jefe de su diplomacia para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, a pedir elecciones “transparentes y pacíficas”.
El Partido Nacional (PN, derecha), en el poder desde 2010, espera seguir al mando, ahora a través de su candidato, el actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura.
“Después de una docena de años de gobierno del Partido Nacional, marcados por la corrupción y la criminalidad generalizadas, la mayoría de los hondureños están descontentos con el estatus quo y parecen estar buscando un cambio”, consideró Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano.
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Asfura no está envuelto en narcotráfico aunque es investigado por malversar fondos públicos. Su principal contendora es Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda). Podría ser la primera mujer en gobernar Honduras.
Es esposa de Manuel Zelaya, presidente derrocado en 2009 por girar a la izquierda y aliarse con el chavismo.
Aunque no se permite divulgar encuestas en esta fase de la elección, Libre asegura tener un sondeo que ubica a Xiomara con amplia ventaja.
“Pero no se debe subestimar la maquinaria del Partido Nacional, y se puede esperar que muchos intereses poderosos hagan lo que puedan para impedir que Castro tome las riendas del país”, considera Shifter.
En la conservadora Honduras, el Partido Nacional ataca las propuestas de Castro relacionadas a la legalización del aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.
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Esta semana Washington envió a Honduras al jefe de su diplomacia para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, a pedir elecciones “transparentes y pacíficas”.
En esta contienda participan 13 candidatos, uno de los cuales fue detenido, señalado por narcotráfico y homicidios.
“La administración de Joe Biden está presionando por un voto limpio y justo (…) quiere evitar una repetición de 2017″, con una crisis que puede provocar más migración hacia Estados Unidos, dice Shifter.
Si Castro ganara por un pequeño margen, “el Partido Nacional alegará fraude y … eso podría ser peligroso para la estabilidad del país”, dijo Víctor Meza, director de la ONG Centro de Documentación de Honduras y exministro de Gobernación y Justicia de Manuel Zelaya.
En tanto, si Asfura gana, no importa por cuánto, “la oposición derrotada no lo aceptará … y exigirá un recuento de votos por voto o nuevas elecciones”, agregó.
Meza cree que un triunfo de Castro por amplio margen, tendría más opciones de ser aceptado.
En esta contienda participan 13 candidatos, uno de los cuales fue detenido, señalado por narcotráfico y homicidios.
Otro de los postulantes es Yani Rosenthal, del Partido Liberal, quien pasó tres años en una cárcel de Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico.
En 2020, el Congreso disolvió la Misión Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) de la OEA, y aprobó un nuevo código Penal que rebaja las sentencias para casos de corrupción y tráfico de drogas.
Varias figuras políticas estaban siendo investigadas por la MACCIH. El primer desafío es “reconstruir el tejido institucional democrático el país”. Honduras “es un estado degradado, parcialmente cooptado por el crimen organizado”, dijo Meza. N
