La CFE, Comisión Federal de Electricidad de México, tiene actualmente el control del 70 a 75 por ciento del total de la energía eléctrica generada debido a que los contratos legados y subastas venden en forma directa a la empresa del Estado, y esta, al mercado eléctrico por medio de CFE Suministro. Los privados solo tienen 25 por ciento para vender a usuarios finales dentro del mercado.
El negocio de la electricidad está en las ventas y no en la generación debido a que las empresas medianas representan el 60 por ciento del total del consumo con 410,000 usuarios. El mal negocio es el doméstico, pues son muchos usuarios que atender, 40 millones, y con solo el 27 por ciento (CFE, único suministrador).
Para la CFE, el mercado que mayor reditúa en ingresos provienen de la venta de electricidad en la parte industrial (empresa mediana y Gran Industria) y después la domestica.
La explicación para la realización de la propuesta de la modificación de la ley y la Constitución fue concebida derivado de que la CFE presentó una serie de argumentos que afectaban a su negocio dentro del mercado eléctrico; resaltan los siguientes:
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a) Contratos que beneficiaban a las empresas productoras independientes de energía (PIE) en la parte de contratos legados.
b) La existencia de un subsidio a empresas bajo contratos de autoabasto, los cuales no realizan el pago de la transmisión y distribución de la electricidad, entre el generador y el usuario final.
c) La creación de los Certificados de Energías Limpias (CEL), los cuales eran aplicados solo a empresas que invertían en energías limpias (aquella que produce electricidad emanando no más de 100 kg de CO2/MW producido), aplicando solo aquellas que fueron realizadas después de la reforma energética.
d) Pérdida de mercado dentro del sector eléctrico al no permitirle participar en otros mercados.
¿SON PUNTOS CLAROS?
Estos puntos son válidos por parte de una empresa dentro del mercado, pero debemos dejar en claro que los puntos a y b son una relación comercial entre particulares, deberían ser resueltos entre ellos, y los puntos c y b deben ser revisados a fondo por los reguladores del mercado, incluyendo a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y no modificar leyes.
Es importante aclarar que la CFE, en el artículo 3 de su ley, indica: “El derecho mercantil y civil serán supletorios”, esto señala que hay formas legales y negocios que la empresa productiva del Estado puede realizar sin involucrar al Ejecutivo y Poder Legislativo.
Recordemos que, hasta antes de 2015, teníamos un monopolio eléctrico, el cual requirió de inversión público-privada para poder tener la infraestructura actual, organización y confiabilidad en desarrollo.
Sobre el inciso a podemos indicar que una posible solución sería revisar cada planta, el tipo de tecnología y el costo real nivelado que incluya las amortizaciones de cada una, costos fijos y variables. Este cálculo lo puede realizar el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) con CFE-PIE, debido a que cada año realiza estudios de costos de generación nivelados.
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En el caso del inciso b, pasar los contratos baja la ley eléctrica vigente a donde paguen los costos de transmisión y distribución que emiten cada año por parte de los órganos reguladores en el Diario Oficial de la Federación y que pasen a la nueva ley vigente.
Sobre los certificados CEL, poder considerar plantas de este tipo que no fueron contempladas, siempre y cuando demuestren que realizaron inversiones para mejorar la eficiencia y capacidad para generar la electricidad, y que esté ligado al tiempo de amortización de dicha inversión.
Sobre el último inciso, el d, la propuesta basa en gran parte la modificación debido a que, según CFE, es el más débil en el mercado, pero al realizar un análisis al respecto se indica que no es así. En este enlace se explica el porqué.
En 2021, a la CFE el gas natural la está lacerando, pudiendo tener una afectación de 100,000 millones de pesos, y esto el gobierno lo trasladará como un subsidio para poder mantener las tarifas por debajo de la inflación. Ahora imagina, si CFE controla el todo, cuánto subsidio tendría que programar la SHCP o qué incertidumbre adicional respecto a los egresos de la nación en el corto y largo plazo.
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Ante la nueva forma de producir la energía en el mundo, ¿la nación está preparada y habrá el dinero suficiente para mejorar la calidad del aire? El desafío es tener plantas de electricidad más eficientes, combustibles para automóviles que puedan mejorar la calidad de lo que respiramos con base en lo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado, y estamos a tiempo.
Entonces, si es una disputa entre entes del mercado, por qué tienen que intervenir los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto debería ser una competencia de los órganos reguladores y comisiones vigentes. ¿No es más fácil resolver entre ellos y dejar a la Constitución tranquila debido a que esta tiene más adiciones o modificaciones que cualquiera que podamos evaluar?
¿Cambiamos la Constitución, sí o no, o la cambiamos cuando no conviene a cada administración en turno? ¿Qué Opinas? N
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Ramsés Pech es analista y asesor de la industria energética y en economía. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
