El conflicto político en Juan C. Bonilla no empezó con el bloqueo a Bonafont en abril pasado.
El municipio a 20 kilómetros de la capital trae una larga historia en que las autoridades municipales de distintos partidos, hoy gobernado por Morena, están involucradas, especialmente con actos de corrupción que permiten a empresas y particulares extraer y vender el agua de sus mantos freáticos.
Bonafont es un caso, pero no el único de explotación industrial del agua, tema que si bien es cierto involucra a la Comisión Nacional del Agua, las autoridades municipales cobran “igualas” a los empresarios para dejarlos “trabajar” sin problemas.
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En el pasado la comunidad se vio involucrada en el bloqueo a la construcción del gaseoducto Morelos, que pasa muy cerca de ahí y han encontrado apoyo en organizaciones indígenas hasta llegar el domingo pasado a la presencia de representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no tenía mayor trabajo en el estado, pero ahora por la belicosidad mostrada en Juan C. Bonilla se ve que en su agenda es prioridad acercarse a la capital de la República.
“Las comunidades indígenas hemos tomado el control de las instalaciones de la empresa Bonafont y hoy lo declaramos como centro social de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca”, declaró José Leovigildo Cinto Tepoale, presidente auxiliar de Santa María Zacatepec, de Juan C. Bonilla.
En una entrevista concedida a El Universal Puebla, manifestó que “los pobladores de la zona estamos cansados de que los empresarios exploten nuestros recursos naturales con la protección de los tres niveles de gobierno”.
En el caso de Zacatepec insistieron que el agua es de los pueblos y por eso clausuraron de manera simbólica la planta de la empresa Bonafont, misma en la que el domingo pasado irrumpieron y el lunes la denominaron la Casa de los Pueblos.
Ante las declaraciones de la empresa y el gobierno del estado, respecto las denuncias penales y que se ejercerá la acción de la justicia, señaló que las más de 20 comunidades que integran Pueblos Unidos, se han organizado para responder.
“A final de cuentas los estudios que den a conocer sobre el origen del socavón, el Atlas de Riesgo, el reporte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), o del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), es información hechiza, porque todo lo que hace (el gobierno) es con la intención de despojar a los pueblos de su territorio, para industrializar a toda la región de Juan C. Bonilla, Coronango, Calpan y Cuautlancingo, donde hay mucha agua”, insistió.
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“El dirigente de Pueblos Unidos afirmó que los datos que ellos tienen y que están sustentados por geólogos certificados es que la sobreexplotación fue la causa del socavón en Santa María Zacatepec, más la contaminación que generan las empresas instaladas alrededor de la zona.
“Todo habitante de Zacatepec cuenta con un pozo artesanal, y a decir de Cinto Tepoale, a casi cinco meses de que cerraron Bonafont los niveles de agua en los pozos crecieron, incluso una bomba de agua que abastecía a cerca de 300 personas ya no funcionaba por falta de agua y hoy nuevamente está llena”.
Por su parte, la empresa Bonafont emitió un comunicado en el que demandó la aplicación de la ley por parte de la Fiscalía estatal en contra de quienes irrumpieron en sus instalaciones, pero a decir del integrante de Pueblos Unidos si el gobernador quiere ejercer la justicia debe comenzar por aplicarla en los empresarios.
“En ese sentido, dijo que Bonafont recibía ganancias por 4 millones de pesos diarios por la explotación de los mantos acuíferos de Juan C. Bonilla a costa de perjudicar a la población y privarla del agua.
“Además, en la manifestación que hicieron trabajadores de la planta, el pasado jueves frente a Casa Aguayo, dijo que no fueron trabajadores de la empresa, sino gente de San Miguel Canoa a quienes les dieron uniformes de la marca y de 500 a mil pesos por manifestarse.
“Sería una vergüenza que el gobierno procediera en contra de los pueblos. Asumimos nuestra responsabilidad siempre y cuando el gobierno comience por aplicar la ley en contra de la empresa y el saqueo que hizo del agua durante 29 años”, insistió.
Durante la asamblea pública que celebraron la tarde del domingo, los representantes de las 20 comunidades “enjuiciaron” y condenaron como culpables a los representantes de Bonafont, Conagua, Semarnat, gobierno estatal y federal, por haber “robado” todos los recursos naturales de Juan C. Bonilla.
Tras el juicio, decidieron tomar las instalaciones de la planta Bonafont y permanecen 100 personas en el turno de la noche y 100 en el turno del día vigilando y bloqueando a la empresa que declararon la Casa de los Pueblos.
Advirtió que, ante una posible represión por parte de la policía estatal, de la Guardia Nacional, granaderos o de los empresarios de Bonafont, se han organizado para responder, no necesariamente de forma pacífica.
Presumió que cuentan con el apoyo de toda la región cholulteca, ejidatarios, comuneros, productores campesinos e iglesias, y todos están monitoreando y preparados para tocar campanas, juntar a la gente y entrar en defensa del agua.
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Es un tema donde sin duda la gobernabilidad y la paz social en la región, a unos kilómetros de la ciudad de Puebla y de la capital de la República, están en juego.
Detrás de la irrupción en Bonafont hay mucho más que agua de fondo.
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Con información de Lo de Hoy Noticias
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