«Si quieres esconder a tus hijos de su padre o madre para poder
manipularlos y exigir un pago de pensión alimenticia, este
es el mejor momento en toda la historia para hacerlo…»
TRADICIONALMENTE, la sustracción de menores por parte de los padres se ha practicado en la cultura mexicana durante décadas. Esconder a un menor de su padre o madre para poder alienarlo o utilizarlo como moneda de cambio, aprovechando un sistema de justicia lento y obsoleto para poder exigir pagos de pensión alimenticia elevados o cualquier otro tipo de manipulación, se ha practicado con mucho éxito en nuestro país.
La deficiencia en el sistema del Poder Judicial, en específico del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, vinculado con la falta de presupuesto anual, el cual impacta directamente en la imposibilidad de la contratación de suficiente personal para la asistencia jurídica, psicológica y social de los involucrados en procedimientos judiciales, ha propiciado la “democratización de la cultura de la sustracción de menores” en nuestro país.
Aunado a ello, la pandemia por el covid-19 llegó para forjar aún más gruesas las cadenas de la esclavitud de los niños cuando son víctimas de sus padres alienadores, que los toman como rehenes, escudos humanos o armas de ataque para poder exigir a la contraparte pensiones alimenticias elevadas o caprichos personales a cambio… de poder ver a sus hijos.
Si de por sí en los juzgados familiares donde antes de la pandemia las controversias del orden familiar podían tardar en resolverse un promedio de dos años, tiempo suficiente para que el padre/madre alienador pueda manipular mentalmente a su hijo en contra de su progenitor, y para que cuando termine el juicio el menor ya no quiera volver naturalmente a su padre/madre por temor u odio inculcado, ahora con la pandemia estos tiempos se han alargado aún mucho más. Y no solo eso, también con el home office ahora es prácticamente imposible localizar a una persona que esconde a su hijo para poder notificarle una demanda familiar, sin mencionar que las “neoempresas tech” muchas veces no tienen oficinas físicas, lo cual fomenta el ambiente propicio para la incubación de la sustracción de menores.
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Tal, es el caso de Tatiana G que, al recibir un comentario del padre de su hijo, Mikel G, donde el hijo le confesó a su padre que “Tim, el novio de su mamá, lo tocaba”, ella, en lugar de confrontar a su novio, Tim, prefirió esconder a su hijo de su padre argumentando que el menor estaba muy chiquito y que seguramente estaba confundiendo los hechos y que el padre estaba celoso.
Hasta el día de hoy el padre lleva siete meses sin poder saber absolutamente nada de su hijo de cinco años, y a pesar de que existe una denuncia penal por sustracción, una Alerta Amber, una denuncia penal por abuso sexual infantil y una demanda familiar por parte del padre, ha sido imposible poder notificarle a Tatiana G la demanda debido a que trabaja en una empresa “tech” y realiza home office escondida en cualquier parte de México.
Incluso, la misma empresa, dirigida en Recursos Humanos por una mujer, Berenice G, es cómplice y ha brindado protección a Tatiana G al no querer proporcionar información sobre el paradero de la madre y su hijo.
Mientras tanto, el hijo de cinco años se encuentra prisionero de su derecho a convivir con su padre y, además, con la agravante de que posiblemente sigue siendo abusado por el presunto pederasta novio de la madre de Tim.
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Los grandes alienadores parentales son la falta de leyes contundentes, prontas y expeditas de las que carece el sistema judicial. Como mencioné, eso propicia la incubación y proliferación de una cultura de sustracción de menores que no tiene consecuencias a corto plazo, sino, más bien, a largo plazo, pero en contra de los mismos niños que supuestamente el Estado busca proteger en honor del “bien superior del menor”.
Por eso el presente escrito está dirigido a reflexionar. Mi propuesta para el presente problema se enfoca en la reforma al Código Civil de la Ciudad de México, especialmente los artículos 282 y 283, para el fortalecimiento psicológico de los involucrados en procesos familiares contenciosos, y la obligatoriedad del juez familiar de ordenar terapias psicológicas a todos los involucrados que tengan menores de edad en proceso judiciales en materia familiar.
Asimismo, acelerar los procesos de notificación y procesos buscando medidas alternas de notificación auxiliares y apoyados en la tecnología, como podría ser un correo electrónico legal u otros mecanismos controlados. #JusticiaParaMikel #NoMásAlienaciónParental. N
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Valeria Ortiz Rubio Anzorena es una abogada con 20 años de experiencia exclusivamente en derecho familiar. Es fundadora del Despacho Ortiz Rubio Legal. Frecuentemente es invitada a programas de televisión y radio para hablar sobre la defensa de los derechos de familia que involucra a menores de edad.
