Perú: ONU exige al gobierno poner fin a ola de asesinatos de defensores ambientales | Newsweek México


Perú: ONU exige al gobierno poner fin a ola de asesinatos de defensores ambientales

“LAS AUTORIDADES peruanas deben investigar con urgencia una serie de homicidios de defensores ambientales en el último año, como también garantizar el acceso pronto y efectivo a la justicia y actuar con mayor énfasis en la prevención”, exigió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la última semana se reportó el homicidio de Mario Marco López Huanca, defensor ambiental asháninka en la comunidad nativa Shirarine del distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. “Este caso se suma a, al menos, otros siete ocurridos desde el inicio de la pandemia”, informó la ONU este lunes.

En Perú, las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas y dedicadas a la protección de la naturaleza requieren de medidas urgentes para su protección, especialmente en zonas donde existe limitada presencia del Estado y proliferan actividades como la minería informal e ilegal, la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas o el narcotráfico, pidió en su mensaje la organización.

“En este contexto, es fundamental que el acceso a la verdad y la justicia ocurra sin obstáculos, con pertinencia cultural y perspectiva de género, mediante una investigación fiscal y judicial que reconozca la gravedad de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

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“Sus familiares deben tener acceso a las investigaciones y ser informados sobre los avances, libres de estigmatización, amenazas, represalias y/o revictimización”, dijo Jan Jarab, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur.

En mayo pasado, la ONU instó al gobierno de Perú a poner fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos medioambientales y a garantizar que el poder judicial del país “no se utilice como medio para silenciarlos”.

“Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín, que conllevan penas de más de 10 años de prisión, sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas”, declaró Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. N

 

 

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