“LOS ESTADOS deben garantizar que las víctimas de la trata de personas no sean consideradas responsables de ninguna actividad ilícita realizada como consecuencia directa de su situación”, señala la Relatora Especial sobre la trata de personas, Siobhán Mullally.
La relatora ha presentado este martes un informe en el que asegura que “la detención, el retorno forzoso, la privación arbitraria de la ciudadanía y la imposición de sanciones por delitos de inmigración o por ejercer el trabajo sexual o la prostitución violan tanto el principio de no castigo como el de no discriminación”.
El informe también aborda la situación de los niños usados como soldados. “Los niños detenidos por asociación con grupos armados, incluidos los grupos designados como terroristas, deben ser reconocidos como víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. Debe darse prioridad a la recuperación, la reintegración y la reunificación familiar, no al castigo”, asegura.
La representante especial del Secretario General sobre la Violencia contra los niños, Najat Maalla, ha señalado la vulnerabilidad específica de los infantes en el contexto de la violencia armada en las comunidades, incluida la violencia relacionada con las pandillas, y ha observado que niños de tan solo 9 o 10 años participan en la trata de personas, actuando como guías, vigías o informantes.
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“También se les puede pedir que vigilen los pisos francos y eviten las fugas; y posteriormente, pueden estar armados para participar en tareas más peligrosas, como el secuestro y el asesinato”.
Es por ello que Najat Maalla señala la obligación legal de los Estados de no “victimizar por partida doble” a los niños que han sido secuestrados, reclutados, utilizados y expuestos a la violencia a una edad temprana, y de garantizar que todos los niños vinculados a las partes en conflicto y encontrados en operaciones de seguridad sean tratados principalmente como víctimas y no como una amenaza a la seguridad. N
