EN UN INFORME sin precedentes, la Organización de las Naciones Unidas se centra en la autonomía corporal de las mujeres y los datos muestran que la mitad de estas en el mundo no tienen la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo.
A casi la mitad de las mujeres, en 57 países en desarrollo, se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticoncepción o buscar atención de la salud, de acuerdo con el Estado de la Población Mundial 2021, titulado “Mi cuerpo me pertenece”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, explicó que, en esencia, el informe revela que cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. “Sus vidas son gobernadas por otros”, advirtió en un comunicado.
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“El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos”, afirmó.
El UNFPA midió el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos y el grado en que la legislación en los países apoya o interfiere con el derecho de una mujer a tomar estas decisiones.
El informe también documenta las maneras en las que se vulnera la autonomía corporal de mujeres, hombres, niñas y niños, al documentar que 20 países o territorios tienen leyes que obligan a casarse con el violador, lo que significa que un hombre puede escapar de un proceso penal si se casa con la mujer o niña que ha violado.
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También se registró que en 43 países se carece de una legislación que aborde el problema de la violencia sexual durante las relaciones de pareja (la violación por parte de un cónyuge). Mientras, en 30 países se restringe el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar.
Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto.
El informe señala que 55 por ciento de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a tener relaciones sexuales.
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En tanto, 71 por ciento de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales y un porcentaje similar (75 por ciento) protege el acceso pleno y equitativo a la anticoncepción.
Alrededor del 80 por ciento de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales. Mientras, 56 por ciento apoyan la educación integral en sexualidad. Estos porcentajes confirman que, a pesar de que en numerosos países existen garantías constitucionales en materia de igualdad de género, en el plano mundial las mujeres tienen, en promedio, solo 75 por ciento de los derechos jurídicos de los hombres como reportó, en 2020, António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.
El Fondo de Población advierte que los costos de esta situación implican una potencial depresión de la productividad económica de las mujeres, así como el menoscabo de sus habilidades. Además de otros costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.
“La negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas que refuerza las inequidades y perpetúa la violencia derivada de la discriminación por razón de género”, anotó Kanem.
