ARTÍCULO DE OPINIÓN
Abrumadas por el descrédito generalizado, las procuradurías federales y estatales en México, se reconfiguraron en un cambio autonómico.
Se consideró en un principio que más allá de lo cosmético, el nuevo esquema de organización generaría mejores resultados en las investigaciones, en el sistema integrado contra la delincuencia, el auxilio en la aplicación de la ley y en el alcance de la justicia social, al no depender en teoría, directamente de las decisiones e intereses de los responsables del poder Ejecutivo, históricamente el más influyente en la realidad del país. El mandón de los poderes.
Bien se sabe, ‘Dura Lex Sed Lex’ (Latinajo común que significa que la ley es dura pero es la ley). Para ricos y pobres debiera de aplicarse sin distinción en la verdad del hecho y consecuentemente alcanzar la anhelada justicia.
Los expertos insisten, cúmplase ante todo primero con la ley. Subrayan con acierto que, si acaso la ley es mala, cámbiese, modifíquese o deróguese. Para ello están, en primera instancia, o debieran de estar, los legisladores, que oyendo las recomendaciones civiles y de los otros dos poderes, debieran demostrar su compromiso para modernizar y actualizar la legislación hacia el logro del bienestar social.
Lo que no se vale es que cada autoridad interprete la ley a su entender y conveniencia y en lugar de tener un estado de derecho se vuelva común lo chueco, como popularmente sabemos que ha ocurrido en multitud de casos.
El descrédito de jueces, ministerios públicos y del Poder Judicial en su conjunto, salvo honrosas excepciones, también abona a identificar a las fiscalías como ligadas a intereses de grupo o crematísticos y aún como parte de la delincuencia institucional.
Entre lo sobresaliente, desde luego está Emilio Lozoya; ex director de Pemex, que se la pasa campechanamente, entre firma y firma, mientras la Fiscalía investiga a Luis Videgaray (superpoderoso ex secretario de estado) acusado hasta de traición a la Patria y luego aparentemente exonerado por la misma autoridad), Tomás Zerón feliz, feliz en Israel donde ya seguramente lo vacunaron, junto con Roemer y César Duarte (exgobernador de Chihuahua) en un proceso de extradición “infinito”.
El general Salvador Cienfuegos o “El Padrino” (ex secretario de la Defensa Nacional) y el expediente tachado, que independientemente de su inocencia auxiliada por los dichos de la DEA, pudiera tener responsabilidad en otros casos como en Ayotzinapa, Tlatlaya o en la muerte de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey confundidos con narcos, por ejemplo, asimismo, los lamentables casos de feminicidios como el de Aide Mendoza, Mariana Sánchez y muchos más.
Si algún observador de un país extranjero, incluso desde Andorra, evaluara imparcialmente los resultados de nuestras ex procuradurías y actuales fiscalías, seguramente afirmaron: “que folklóricos los mexicanos se esmeran en no dar una”
Nada nos debería sorprender. Expertos investigadores calculan que la cifra negra en México, es decir, los crímenes que no se denuncian ante la autoridad es de alrededor del 94% de ellos, un 96% no se resuelven.
Siguiendo nuestra arraigada filosofía kafkiana, esto se debe en gran parte a la extrema desconfianza ciudadana y a la ineficacia de las instituciones encargadas de perseguir y castigar los delitos.
En efecto, no hay suficientes denuncias ciudadanas y todo se olvida en esa área negra de negación apocalíptica: vamos bien… mientras cada quien jala por su lado.
En realidad, esta nueva Fiscalía Federal, como antes las procuradurías ha dejado mucho que desear, por sus magros resultados.
Extraordinariamente si les apuró el caso de “El Padrino” y su exoneración. Y recientemente, la orden de aprehensión al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que parece anda ya protegido y arrastrando a su partido.
Parece obvio que la Fiscalía federal ha esperado el momento adecuado, cerca de las elecciones del 6 de junio próximo, para dar información de tal envergadura que cuando menos justifique el presupuesto ya gastado en las investigaciones y tenga impacto en la decisión de los votantes.
No cabe duda, todo está fríamente calculado, aunque usted no lo crea.
Arturo Martínez Cáceres
Economista (UNAM – Mención Honorífica) (U de Londres-LSE PSc). Maestro universitario en México y USA. Escritor. Conferencista.
*Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente las
ideas de Newsweek Baja California.
