La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó al gobierno de Israel de perpetrar crímenes contra la humanidad, como el apartheid y persecución contra los palestinos y ha instado a la comunidad internacional a condicionar cualquier relación con las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes al fin de estos abusos, así como a examinar los acuerdos existentes –incluidos los comerciales– para verificar que no contribuyen indirectamente a violaciones de Derechos Humanos.
En el informe ‘Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución’, la organización aseguró que el gobierno de Israel favorece sistemáticamente en los territorios bajo su control a los judíos mientras reprime a los palestinos, una política que se agudiza en el caso de los territorios ocupados.
HRW concluye que se dan condiciones equiparables al apartheid, un término acuñado en Sudáfrica y que describe una “intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro”, un “contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado” y “actos inhumanos”. También detecta indicios de persecución, consistente en “la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo con intención discriminatoria”.
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El director ejecutivo de la ONG, Kenneth Roth, advirtió que “el apartheid acecha a la vuelta de la esquina si las prácticas de dominio de Israel sobre los palestinos no cambian”, alertando de los efectos de unas políticas que van desde maximizar la cantidad de tierra disponible para los judíos y concentrar a palestinos en zonas con mayor densidad.
Según el informe, las autoridades israelíes han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito públicamente como la “amenaza” demográfica palestina. En Jerusalén, el plan oficial, que incluye también la parte ocupada, establece el objetivo de “mantener una amplia mayoría judía en la ciudad” e incluso especifica las proporciones demográficas que espera mantener.
Asimismo, “para mantener la dominación”, las autoridades israelíes estarían discriminando de forma sistemática a los palestinos, con recursos reducidos en servicios básicos como la educación y leyes que avalan la exclusión. HRW ha constatado también restricciones de movilidad, traslados forzosos y la suspensión de derechos civiles básicos.
Los expertos han determinado que medidas como la denegación recurrente de permisos de construcción a los palestinos y la demolición de miles de viviendas carecen de justificación en materia de seguridad. El pretexto de la seguridad también serviría para congelar los registros de población en territorios ocupados y, en consecuencia, bloquear la reunificación familiar y prohibir a los residentes de la Franja de Gaza vivir en Cisjordania.
“Negarles a millones de palestinos sus derechos fundamentales, sin que exista una justificación legítima de seguridad y por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, no es meramente una ocupación abusiva”, ha señalado Roth, al hablar de una política que, a su juicio, “busca privilegiar a un pueblo sobre otro”.
Reacciones al informe
Antes incluso de la publicación de este informe, el ministerio israelí de Relaciones Exteriores dijo a la AFP que se trataba de un “panfleto de propaganda”, sin ninguna vinculación con “los hechos o la verdad” y redactado por una organización movida “desde hace tiempo por una agenda antiisraelí”.
La Autoridad Palestina consideró que el informe es un “testimonio fuerte y creíble del sufrimiento de los palestinos”.
“Llevamos años diciendo que estamos cerca del apartheid (en Israel/Palestina) y creo que ahora está claro que se ha cruzado el umbral”, declaró a la AFP Omar Shakir, autor de este informe de más de 200 páginas.
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El “umbral” al que se refiere el responsable se ha cruzado, según él, con el aumento de las colonias israelíes en Jerusalén Este (la parte oriental de la Ciudad Santa, ocupada en 1967 por Israel y anexionada posteriormente) y en Cisjordania, también ocupada.
El autor del informe estima que hay casi 700,000 colonos israelíes viviendo en estos asentamientos, que iban a ser “temporales” y se han convertido en construcciones “permanentes” por falta de acuerdo para el reconocimiento de un Estado palestino.
En su informe, HRW cita también las restricciones de movimiento, las confiscaciones de tierras, el traslado forzoso de población, la negación de los derechos de residencia y la suspensión de derechos civiles como ejemplos de los abusos que Israel comete hacia los palestinos.
Justicia internacional
La decisión de HRW de utilizar un término tan sensible como “apartheid” y de calificar de “persecución” las políticas israelíes hacia su población árabe y hacia los palestinos se produce semanas después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes cometidos por Israel desde 2014 en los territorios ocupados.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la decisión de la CPI de “antisemita”.
La organización ha instado a las autoridades de Israel a revertir sus prácticas abusivas y desmantelar toda forma de represión y discriminación, si bien ve igualmente necesario que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) avance en sus investigaciones para depurar responsabilidades.
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También plantea el principio de jurisdicción universal y la imposición de sanciones individuales para apelar al compromiso de otros gobiernos extranjeros.
La oenegé, con sede en Nueva York, también exhorta a la ONU a crear una “comisión internacional de investigación” sobre la situación en Israel y los territorios palestinos, y a los países a “no ser cómplices” de la política israelí hacia los palestinos, dijo Shakir. No obstante no pide el boicot contra Israel.
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Con información de AFP y Europa Press.
