EL CONGRESO de Guatemala suspendió esta madrugada su polémico presupuesto para el próximo año, cuya aprobación desató protestas el fin de semana en las que manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente conservador, Alejandro Giammattei.
“Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021”, informó el presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, en un mensaje a la nación por el canal del Congreso.
Rodríguez explicó que el procedimiento legislativo fue suspendido, y por tanto, el decreto que avala el presupuesto ya no será remitido al presidente guatemalteco, a quien le correspondía aprobarlo o vetarlo.
Ahora, los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según estipulan las leyes guatemaltecas. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10,390 millones de dólares.
El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó el martes pasado un presupuesto récord para 2021, de casi 12,800 millones de dólares.
Sectores disconformes, que han reclamado también la renuncia de Giammattei, llamaron entonces a manifestaciones contra el gobierno por no destinar en el presupuesto suficientes recursos para combatir la pobreza y la desigualdad.
“ACTOS TERRORISTAS”
El sábado, miles de guatemaltecos manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.
El domingo, cientos volvieron a las calles a protestar.
Según Rodríguez, los manifestantes utilizaron el presupuesto como “el argumento principal para dar sustento y soporte a la manifestación”, que tenía “el objetivo de romper el orden constitucional y lograr acceder al poder”.
El presidente parlamentario tildó además los hechos contra la sede del Congreso como “actos terroristas”, tras afirmar que darán con los responsables y pedirán a la Fiscal General, Consuelo Porras, que sea designado un fiscal específico para esa investigación.
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Sin embargo, comentó al mismo tiempo que ahora que el trámite de aprobación del presupuesto fue suspendido crearán un “espacio de discusión para la gobernabilidad del país”.
Giammattei dijo en un comunicado la noche del domingo palabras similares, al indicar que las protestan eran de grupos “minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado”.
El gobernante abogó también por hablar con distintos sectores para analizar la situación, ya que “no es sino a través del diálogo (…) que nuestro país podrá superar los desafíos que hoy confronta”.
Antes de que se suspendiera la tramitación del presupuesto, la Universidad de San Carlos, la única estatal del país, había hecho un llamado para convocar un paro nacional este lunes.
En tanto, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) desmintió este lunes que vaya a bloquear carreteras del país.
LA CRISIS
El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos “por el bien del país”, pidió el domingo al Ministerio Público que investigue la quema de oficinas del Congreso, pero también la represión policial.
Si llegaran a renunciar ambos gobernantes, el Congreso tendría que juramentar al canciller, Pedro Brolo.
El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.
La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por un joven cercano al mandatario.
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El Congreso había aprobado préstamos por más de 3,800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15 por ciento de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de oenegés fiscalizadoras.
El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido criticado por su vicepresidente, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.
Según datos oficiales, se registran casi 120,000 contagios de COVID-19 y más de 4,000 muertos en este país de 17 millones de habitantes. N
