La pareja sentimental del periodista saudí Jamal Khashoggi y una organización pro Derechos Humanos con sede en Washington presentaron una demanda civil en Estados Unidos contra el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, por el asesinato del periodista en 2018 en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul.
Colaborador del diario The Washington Post y crítico del régimen de Riad, de cual alguna vez fue próximo, Khashoggi fue asesinado y descuartizado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, a donde había ido a buscar un documento. Sus restos jamás fueron encontrados.
Hatice Cengiz, su prometida de nacionalidad turca, estima que miembros de la embajada saudí en Washington “atrajeron” al periodista “al consulado saudí en Turquía mediante un ardid (según el cual) era único lugar en el que podría obtener el documento que precisaba”.
“Esta falsa orientación ocurrió en Estados Unidos y es parte de una conspiración mayor destinada a tener impacto directo en las actividades políticas de Khashoggi en Estados Unidos”, indica la demanda presentada en una corte federal estadounidense.
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La demanda apunta especialmente al príncipe heredero saudí y a “muchos miembros de su círculo cercano”, entre ellos el exconsejero Saoud al Qahtani y el ex número dos de inteligencia, el general Ahmed al Assiri.
Ambos fueron identificados por los investigadores turcos como los instigadores del asesinato y fueron procesados por un tribunal de Estambul.
“Lograr la verdad y justicia”
La demanda busca el pago de daños civiles y aclarar a través del sistema de justicia estadounidense el nivel de implicación de altos cargos saudíes en el asesinato de Khashoggi, incluida la publicación de información de funcionarios y agentes de Inteligencia.
Cengiz ha expresado su esperanza en “lograr la verdad y la justicia para Jamal a través de esta demanda”. “Pongo mi confianza en el sistema de justicia civil estadounidense para dar voz a lo que ha pasado y hacer que los responsables rindan cuentas por sus acciones”, agregó en un comunicado.
La muerte de Khashoggi sumió a Arabia Saudita en una de sus peores crisis diplomáticas y oscureció la imagen del príncipe heredero que fue señalado por turcos y estadounidenses como instigador del crimen.
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Tras haber negado el asesinado, Riad afirmó después que había sido cometido por agentes que actuaron por su cuenta y sin recibir ordenes de sus superiores.
En diciembre pasado, cinco saudíes fueron condenados a muerte y otros tres a penas de prisión por un tribunal saudita. Las penas capitales fueron conmutadas en septiembre.
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Saud al Qahtani, antiguo asesor de Bin Salmán y uno de los principales sospechosos, fue liberado por falta de pruebas. Asimismo, el ‘número dos’ de la Inteligencia saudí, Ahmed al Asiri, y el cónsul general de Arabia Saudí en Estambul en el momento del crimen, Mohamed al Otaibi, fueron exonerados.
La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, que realizó una investigación del caso, dijo en junio de 2019 que las pruebas sugieren que Bin Salmán y otros altos cargos serían responsables del asesinato. Posteriormente, dijo que los fallos finales eran “una parodia de justicia”.
Con información de AFP y Europa Press.
