La información de la obra por 90 mdp no está en transparencia ni se entregó a Newsweek Baja California como prometió Bonilla.
El gobierno de Jaime Bonilla Valdez no ha transparentado los contratos públicos que celebró con tres empresas para limpiar las canalizaciones del río Tijuana y arroyo Alamar, como dijo este día en una transmisión.
Las empresas beneficiadas con más de 90 millones de pesos promovida por el gobernador como magna, fueron los contratistas Constructora Makro, S.A. de C.V.; MJ Industrial, S.A. de C.V.; y la constructora Prodesa.
“Sí están hechos públicos, están ahí en la organización. No tenemos nada que esconder, somos muy transparentes”, sostuvo al ser cuestionado este día por qué no los hacía públicos.
Pero esta afirmación del gobernador es falsa.
En ninguna base de datos del gobierno estatal y federal se encuentran publicadas ni las licitaciones ni los contratos que por ley el gobierno de Bonilla debió transparentar.
En un análisis de los 588 registros de contratos celebrados en 2020 por la Oficialía Mayor del gobierno de Baja California, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), no se encontró ninguno de los acuerdos legales con las tres constructoras que hoy desazolvan los dos cauces de agua.
El equipo de Newsweek Baja California analizó los contratos estatales publicados en Compranet, la plataforma de Transparencia de Baja California y la Plataforma Nacional de Transparencia, donde el gobierno debió haber publicado los convenios de las obras.
Lo único transparentado por el gobierno de Bonilla sobre la obra PROY-CESPT-001-2020 para el “Servicio de Limpieza y desazolve de la estructura de la canalización del Río Tijuana y el Arroyo Alamar…”, fueron los términos de referencia desde la plataforma Compranet.
De los contratos, como anunció el gobernador, ninguno había sido publicado hasta el cierre de edición.
Pero la información falsa dada por el gobernador no fue la única mentira publicada por el gobierno estatal sobre los contratos de limpieza del río Tijuana y el arroyo Alamar. Entrada la tarde, el equipo de comunicación social publicó otra falsedad.
En un comunicado dijo que el gobernador los contratos se pueden encontrar en los portales de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), pero eso también resultó falso.
En lo que va de este año, según datos públicos, la SHFP no ha celebrado ningún contrato. Apenas firmó seis convenios con otras autoridades de gobierno y procuración de justicia, según consta en la base de datos de contratos de la secretaría, revisada antes del cierre de edición.
Tampoco en las plataformas de Compranet y la Nacional de Transparencia, la SHFP ha publicado algún contrato.
Desde enero de 2020, la CESPT ha transparentado un total de 292 archivos de facturas y contratos por adjudicación directa, invitaciones a cuando menos tres personas o licitaciones, colocándose como la dependencia más transparente de las tres analizadas.
De esa cantidad, 231 los ha compartido en el Portal Nacional de Transparencia, 51 en Compranet y solo diez ha subido al portal de Transparencia de Baja California.
La Oficialía Mayor ha compartido en la Plataforma Nacional de Transparencia 230 procesos de adquisición, contratación o arrendamiento; 54 los ha subido a la base de Transparencia de Baja California y solo 6 ha hecho públicos a través de Compranet.
De acuerdo al proyecto de licitación, la vigencia del contrato sería de un mes, pero, a excepción de Prodesa, el gobierno de Bonilla amplió los convenios con Makro y MJ Industrial, para que continuaran con la limpieza en otro tramo del Arroyo Alamar, explicó el titular de Seproa en entrevista.
“Conagua iba a limpiarlo, pero decidimos no esperar, porque podría ensuciar el resto”, dijo Salomón Faz.
El desazolve del tramo adicional tendrá un costo de alrededor de 6 millones de pesos, precisó el titular de Seproa, cantidad que se adiciona a los 90 millones de pesos previamente asignados para ese proyecto.
El gobernador Jaime Bonilla dijo que el recurso dispuesto para la limpieza del canal del Río Tijuana y Arroyo Alamar “es el dinero que se robaron mucho de los empresarios que no pagaban el agua, ahora ese dinero lo estamos usando para eso”.
Salomón Faz Apodaca, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), dijo que los contratos los resguarda el área jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, pero es Oficialía Mayor la dependencia que se encargó de procesar la adquisición del servicio de limpieza y desazolve.
En la transmisión donde el gobernador aseguró que los contratos ya estaban publicados, también sugirió a la periodista que los pidiera.
“Si pides la copia de los contratos seguramente te los van a mandar”, dijo Bonilla.
Y aunque se solicitaron a la Seproa, CESPT, Oficialía Mayor y al director de Comunicación Social, Juan Guízar, ninguna petición fue atendida.
