A partir del 24 de agosto se iniciarán las primeras pruebas para la operación del sistema S1 de la plataforma digital del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual constará de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses de los servidores públicos de la administración estatal y de los municipios.
La declaratoria de inicio de operaciones fue publicada en la edición del Periódico Oficial del Estado del pasado 10 de agosto y en ella se señala la forma en la que se alistará la operación del sistema electrónico que contendrá información de los funcionarios sobre las propiedades que estén a su nombre, su status de pago de impuestos y si tiene familiares o personas cercanas trabajando en el servicio público, entre otros datos.
De acuerdo al secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, Aquiles Romero González, la plataforma digital comenzará su fase de pruebas a través de la aportación de la información de los trabajadores del sistema estatal, así como de aquellos que accedan voluntariamente a que sus declaraciones sean publicadas en la plataforma.
“La fase de prueba contendrá las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos que integramos la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, los demás servidores públicos del estado y los municipios estarán obligados a presentarlas en términos que dispone la norma, en los formatos establecidos, en el sistema de declaraciones que ya ha sido definido por los órganos internos de control y que luego habrán de subirse a la plataforma para la consulta del público en general”.
Sin embargo, será a partir del 1° de mayo de 2021 cuando sea una obligación para todos los servidores públicos del estado y los municipios la emisión de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. A partir de entonces se deberán presentar en tres momentos: al inicio del cargo, la declaración de modificaciones o anual y la declaración de conclusión de su cargo.
Los datos se integrarán a los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el 11 de diciembre de 2019, los cuales serán públicos para la consulta de los ciudadanos, a excepción de los datos sensibles que puedan poner en riesgo la integridad del servidor público o de su familia, agregó Romero González.
No obstante, aunque será una obligación que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones 3de3 en la plataforma digital del Sistema Estatal Anticorrupción, aún tendrán la opción de que la publicidad de la información sea de carácter voluntario, debido a aspectos jurídicos que están pendientes de modificarse.
“La Ley General de Transparencia menciona que las declaraciones de los servidores públicos serán públicas siempre y cuando el servidor público dé su consentimiento, mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas indica que todas las declaraciones van a ser públicos, entonces existe una antinomia que deben de procesar los órganos internos de control”.
Ante esta situación, recordó que una de las recomendaciones del Sistema Estatal Anticorrupción al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) que hiciera el enlace con el Sistema Nacional de Transparencia para modificar los lineamientos y que se garantizara la máxima publicidad de las declaraciones.
“Mientras no superemos la antinomia legal que se está presentando se pudieran presentar algunos amparos de servidores públicos que quisieran no establecer la publicidad de sus declaraciones, van a ser los menos seguramente, pero existe esa posibilidad”, subrayó.
Finalmente, el secretario técnico refirió que actualmente son cerca de 2 mil servidores públicos que están obligados, por el cargo que ostentan, a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses ante la Contraloría del Estado, sin embargo con las reformas legislativas y con la operación de la plataforma del sistema la cantidad se ampliará a más de 20 mil sujetos obligados.
“En este momento hay aproximadamente 2 mil servidores públicos que presentan declaración patrimonial en el estado de Aguascalientes, porque la anterior Ley de Responsabilidades Administrativas sólo obligaba a que la presentaran de jefes de departamento hacia arriba y otros casos hipotéticos, pero ahora no hay distingo, desde el servidor público más encumbrado hasta el más humilde están obligados a presentar sus declaraciones”.
Por lo anterior, a partir del 24 de agosto se iniciará una capacitación intensiva a los funcionarios públicos a fin de que cumplan con esta disposición y se eviten sanciones administrativas por incumplimiento.
“Tendremos que iniciar con capacitación y sensibilización porque hay servidores públicos que tienen 20 años en el servicio público pero nunca han presentado una declaración patrimonial porque no estaban previstos en el supuesto, y esa resistencia al cambio debe de entrar a un diagnóstico de capacidades institucionales y ver cómo vamos a ir clarificando los puntos”, concluyó.
