A medida que los líderes mundiales intentan abordar un número sin precedentes de crisis humanitarias, muchas de ellas profundizadas más allá de lo imaginable por la pandemia del nuevo coronavirus, Estados Unidos está poniendo su peso en el escenario global para obstruir esfuerzos de ayuda que salvan vidas.
La administración de Trump parece tener la intención de bloquear los esfuerzos y resoluciones internacionales que contengan estas palabras de importancia crítica: salud sexual y reproductiva.
La atención a la salud sexual y reproductiva es una atención médica esencial. Sin embargo, a menudo se descuida, especialmente durante las emergencias. Los riesgos para la salud que enfrentan las mujeres y las niñas tienden a multiplicarse en tiempos de crisis, y podemos ver los peligros claramente durante el COVID-19.
Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en todo el mundo ven a las mujeres luchando por obtener los servicios de salud que necesitan. Las instalaciones de salud están cerrando, el transporte es restringido, los suministros de medicamentos y anticonceptivos se agotan; y los servicios urgentes se retrasan con devastadoras consecuencias. A menos de que actuemos ahora, las mujeres y las niñas morirán por causas prevenibles o sufrirán lesiones de por vida, simplemente porque no pueden acceder a la atención que requieren.
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Y, sin embargo, Estados Unidos utiliza su poder como el mayor donante de asistencia sanitaria y humanitaria mundial para eliminar el apoyo internacional a estos servicios esenciales.
Recientemente, Estados Unidos ha estado trabajando para eliminar las referencias a la salud sexual y reproductiva en una resolución importante ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) sobre el fortalecimiento de la asistencia humanitaria de emergencia, cuando más se necesita.
Entre los puntos conflictivos se encuentra una línea que insta a los Estados miembros a “garantizar un acceso confiable y seguro a los servicios de salud sexual y reproductiva … a fin de satisfacer de manera efectiva las necesidades de las mujeres, adolescentes y niñas, protegerlas de la mortalidad y la morbilidad prevenibles que ocurren en emergencias humanitarias”. Otro pasaje clave en el borrador llama a los Estados a satisfacer las necesidades humanitarias básicas de las poblaciones afectadas: “agua potable, alimentos, vivienda, energía, salud, incluida la salud sexual y reproductiva”, entre otras cosas.
Se destaca una sola línea en tinta roja: “Estados Unidos: no puede apoyar las referencias a la salud sexual y reproductiva en este texto”.
CÍNICO PODER DE ESTADOS UNIDOS
No es la primera vez que Estados Unidos ha resaltado estas palabras poderosamente significativas.
El mes pasado, Estados Unidos, explicó su posición en una carta dirigida al secretario general de la ONU objetando el Plan de Respuesta Humanitaria Global de las Naciones Unidas a la COVID-19. El plan “coloca cínicamente la prestación de ‘servicios de salud sexual y reproductiva’ en el mismo nivel de importancia que la inseguridad alimentaria, la atención médica esencial, la desnutrición, el refugio y el saneamiento”, se lee en la carta del administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), John Barsa. La carta establece que la ONU no debe usar la crisis del coronavirus “como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un ‘servicio esencial’”.
Estados Unidos utiliza cínicamente su poder en medio de esta crisis para revertir décadas de progreso realizado para mejorar el acceso a la atención médica y proteger las vidas de las mujeres y las niñas. La atención de la salud sexual y reproductiva no es un código que signifique aborto. Es un conjunto integral de servicios para mujeres que incluyen controles prenatales, atención para tener un parto seguro, atención neonatal, atención a casos de violencia sexual, tratamiento de infecciones de transmisión sexual, anticoncepción y atención para el aborto seguro. Estos son servicios absolutamente esenciales.
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Estudios recientes muestran que incluso una pequeña reducción en los servicios de salud sexual y reproductiva durante esta pandemia será catastrófica.
Un estudio realizado por el Instituto Guttmacher predice que una reducción del 10 por ciento en los países de ingresos bajos y medios podría significar 15.4 millones de embarazos no deseados adicionales, más de 3.3 millones de abortos inseguros y 28,000 muertes maternas adicionales en el transcurso de un año.
Al menos 22,800 mujeres mueren cada año debido a complicaciones derivadas del aborto inseguro, por lo que la pandemia haría más que duplicar el número de muertes según esta estimación conservadora del impacto de esta acción. Es probable que veamos una pérdida de más del 10 por ciento en los servicios, pero la escala real será difícil de medir porque las mujeres y las niñas que no tienen acceso a la atención médica a menudo sufren en el hogar u ocultas dentro de sus comunidades.
La terrible realidad es que más mujeres y niñas podrían morir debido a la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva que por la pandemia del nuevo coronavirus.
NO POLITIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA
Debemos evitar politizar la atención médica y centrarnos en la evidencia médica: los programas enfocados a la atención en salud sexual y reproductiva salvan vidas.
En 2018, los equipos de MSF atendieron 24,900 casos de violencia sexual. También asistimos a 28,000 mujeres con complicaciones causadas por abortos inseguros, incluyendo sobrevivientes de violación, mujeres desplazadas forzosamente de sus hogares y mujeres atrapadas en la pobreza.
Las acciones tomadas por la administración actual de Estados Unidos para limitar el acceso al aborto en realidad tienen un impacto mucho más amplio en la salud pública.
En 2017, Estados Unidos restableció y amplió la Ley Mordaza Global (también conocida como la Política de Ciudad de México) para evitar que los proveedores de salud de todo el mundo hablen sobre el aborto o hagan derivaciones a otras organizaciones que brindan atención para un aborto seguro. La última versión de la Ley Mordaza Global aplica restricciones a toda la asistencia de salud global financiada por Estados Unidos, no solo a las organizaciones involucradas en la planificación familiar. MSF no recibe fondos de Estados Unidos, pero vemos los efectos nocivos de esta política en los proveedores de salud de primera línea que brindan una amplia gama de servicios, que incluyen atención materno infantil, programas de nutrición, tratamiento de la malaria y atención del VIH.
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Un estudio publicado por The Lancet el año pasado indica que la política de Estados Unidos para restringir la financiación de los servicios de aborto puede conducir a “más, y probablemente más riesgosos abortos en los países pobres”.
Entonces, ¿qué se puede hacer?
Los gobiernos y proveedores de salud deben dejar en claro que la atención de la salud sexual y reproductiva es una atención esencial y priorizar estos servicios en consecuencia. Debemos hacer todo lo posible para mitigar los riesgos de las restricciones de movimiento, el cierre de instalaciones médicas y la escasez de suministros. Las comunidades necesitan urgentemente una orientación clara, ya que la desinformación y el miedo también impiden que las mujeres accedan los servicios que necesitan.
Esta crisis causada por el coronavirus nos debe impulsar a adaptarnos e innovar para brindar atención a las personas que más lo necesitan. En este momento, las mujeres y los proveedores de salud están luchando con la inaccesibilidad de las instalaciones físicas. Es hora de cambiar nuestro enfoque hacia actividades basadas en la comunidad, soporte remoto de servicios y modelos de autocuidado cuando sea posible. Los actores mundiales de la salud, incluyendo a MSF, deben comprometerse más con las mujeres y sus comunidades para adaptar nuestras respuestas.
Necesitamos palabras fuertes y acciones firmes por parte de los líderes mundiales, incluido Estados Unidos, para enfrentar los extraordinarios desafíos humanitarios que tenemos por delante. Debemos asegurarnos de que las mujeres y las niñas siempre tengan acceso a servicios de salud que salvan vidas, no solo en medio de una pandemia.
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Avril Benoît es directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras en Estados Unidos (MSF-USA). Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
