A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación se pronunció en contra de las reformas legislativas para incorporar el “pin parental” en las leyes de educación de los estados, como en el caso de Aguascalientes.
El pin parental consiste en que los padres de familia tengan la facultad para elegir los contenidos educativos que podrán recibir sus hijos en las aulas, principalmente los contenidos relacionados a convicciones éticas, morales y religiosas, lo que limitaría a los alumnos el acceso a la educación sexual, reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.
En el documento publicado en el portal de internet de la SEGOB (https://bit.ly/3gCalOx) se indica que las secretarías de Gobernación, Salud, Educación, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) coinciden en que el pin parental supone una afectación al interés superior de la niñez, al impedir que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación sexual y reproductiva, además de oponerse a la educación laica y científica.
De igual forma, refieren que las consecuencias sociales de este tipo de iniciativas podrían provocar un aumento de la violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, además de propiciar el embarazo infantil y en la adolescencia, discriminación y homofobia, entre otras conductas.
Ante esta situación, la SEGOB enviará un documento de análisis del pin parental a los congresos de las 32 entidades federativas, en el que se señalan los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica en el Estado mexicano, además de los contenidos de los tratados y convenciones internacionales firmados por México sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El comunicado agrega que de aprobarse el pin parental en los estados, las autoridades competentes de impartición de justicia podrían considerarlas como inconstitucionales, ya que se violan los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, además de transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos. De igual forma, el pin parental se opone al marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del interés superior de la niñez.
Desde inicios de 2020, la propuesta del pin parental fue presentada en cinco congresos locales, incluyéndose Aguascalientes, en donde se aprobó en la sesión del 23 de mayo.
En la legislación local no se hace referencia directa del pin parental, pero por las reformas aprobadas sí se incluye de forma implícita en el artículo 4° de la nueva Ley de Educación del Estado de Aguascalientes que señala lo siguiente:
“Asimismo la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.
Posterior a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) presentó una acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que los alcances de la reforma educativa se sobreponían a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, la legisladora local de MORENA, Natzielly Rodríguez Calzada, presentó una contrarreforma a la Ley de Educación del Estado, que pretende echar atrás el pin parental. A la propuesta se adhirieron sus correligionarios de partido, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Nueva Alianza y la legisladora María Irma Guillén Bermúdez, del Partido Encuentro Social (PES).
La contrarreforma ya fue turnada a la Comisión de Educación en espera de ser avalada para presentarse al pleno del Congreso Estatal.
Asimismo, en la última sesión del periodo ordinario –el 25 de junio- los legisladores aprobaron por mayoría un punto de acuerdo del diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Saucedo Gaytán, en el que se propone que las Comisiones de Derechos Humanos y de Educación, así como el departamento jurídico del Congreso del Estado rindan un informe a la mesa directiva para “aclarar y saber” si el artículo 4° de la nueva Ley de Educación del Estado de Aguascalientes no va en contra de los preceptos constitucionales.
