A pesar de que el Congreso de Aguascalientes no avaló la reforma al artículo 4° constitucional para incluir la entrega de los programas sociales del gobierno federal como un derecho para los mexicanos, este viernes fue publicada la modificación legislativa en el Diario Oficial de la Federación, por lo que a partir de mañana comenzará a tener validez.

En el documento, se prioriza la obligatoriedad que tendrán los gobiernos federales siguientes para otorgar apoyos a sectores vulnerables del país como las personas con alguna discapacidad, los adultos mayores, personas indígenas y estudiantes de bajos recursos.

A la letra, señala lo siguiente:

“El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación, tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos, hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza”.

En el caso de los adultos mayores:

“Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad”.

Finalmente, para el caso de los estudiantes se enuncia:

“El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad para las y los pertenecientes a familias en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación”.

Además de los apoyos sociales, la reforma incluye el acceso al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia con la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley definirá un sistema de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social”.

A partir de ahora, el Congreso de la Unión tendrá un año para establecer el marco jurídico que contendrá las disposiciones con los alcances conforme al presupuesto que se apruebe para dicho fin.

Cabe destacar que el monto de los recursos aplicados por la Federación y por los estados para la implementación de los programas sociales no podrá disminuirse, en términos reales, a lo asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

La reforma fue aprobada por el Senado de la República el 24 de marzo para luego ser turnada a los 32 congresos estatales.

En Aguascalientes se sometió a discusión en el pleno del Poder Legislativo tres días después, aunque la mayoría panista determinó votarla en contra, al considerar que los programas sociales no deben ser incluidos en la Constitución.

“Señor presidente: si con sus programas sociales quiere marcar historia para muchos años en México, no los deje en la Constitución, cúmplalos. Hoy requerimos más que nunca la fluidez de la economía, que apoye a los jóvenes, a los que no tienen empleo, a la tercera edad, pero hágalo ya, para eso sí lo vamos a apoyar”, mencionó en un video el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y diputado local, Gustavo Báez Leos.

Finalmente, el 4 de abril el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que para entonces la reforma ya había sido aprobada por 17 congresos estatales, alcanzando la validez constitucional.