Mujeres sienten inseguridad ante los casos de feminicidio en Baja California y algunas piden que se active una alerta de género, pero otras opinan que esto no solucionará el problema.
La primera vez que Karla se sintió insegura por ser mujer fue en el transporte público de Tijuana a los 14 años. Iba de camino a la escuela cuando un señor la tocó por debajo de su uniforme.
De eso pasó ya una década, pero el acoso sexual roba su tranquilidad casi a diario y ya le costó renunciar a un trabajo en el que los dueños la hostigaban física y verbalmente.
“Me daba miedo quedarme sola con ellos”, dice Karla, quien pide no incluir su apellido.
Los recientes casos de feminicidio en Baja California son prueba para ella de que el temor permanente a ser violada y asesinada no es irracional; la mayoría de las víctimas sufren acoso previo por parte de sus agresores.
Por eso, Karla y cientos de personas en la entidad exigen una declaración de Alerta de Violencia de Género contra Las Mujeres (AVGM).
El gobernador del estado, Jaime Bonilla, anunció en febrero pasado que se analizaba la posibilidad de activar esta medida antes de concluir el mes.
Pero aceptar esta declaratoria le corresponde al gobierno federal y eso no sucedió al cierre de esta edición.
“Hace años que deberíamos de tenerla”, opina Alin Barboza, psicóloga y docente en CETYS Universidad, quien ofrece orientación sobre la violencia de género en el noviazgo.
El debate sobre esta declaratoria, se abre entre quienes observan su valor simbólico y quienes desconfían de su efectividad con base en la experiencia de otras entidades federativas.
“El Estado de México lleva años con alertas y ha demostrado que no sirven para la prevención de los feminicidios”, dice María Salguero, geofísica y creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México, un trabajo reconocido por autoridades académicas y gubernamentales.
Una alerta de género significa aceptar que existe un problema, pero también implementar acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.
Es feminicidio todo asesinato de una mujer que se comete por razones de género, según el Código Penal Federal en México.
Ahí se detalla que en estos casos, la víctima debe presentar signos de violencia sexual, antecedentes de acoso o violencia, o haber tenido alguna relación con su agresor, entre otras características.
Así se tipificó el caso de Genoveva Álvarez, quien fue asesinada por su ex pareja en Tijuana, en el interior del lugar donde laboraba, el pasado 8 de febrero.
También es el caso de Marbella Valdez, quien era estudiante de derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y estaba reportada como desaparecida. Su cuerpo fue identificado con signos de violencia sexual y la encontraron el mismo día en que asesinaron a Genoveva.
En 2019, Baja California ocupó el quinto lugar en feminicidios a nivel nacional, con 260 casos de mujeres asesinadas registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Y este año, al 3 de marzo, suman 29 asesinatos de mujeres en Tijuana, de los cuales ocho se investigan como feminicidio, según datos de la Fiscalía General del Estado.
Otros casos nunca se suman a la estadística porque se trata de mujeres que están desaparecidas.
“La fiscalía nos ha quedado a deber información”, dice Diana Rosa Velázquez, regidora en el Ayuntamiento de Tijuana y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
“Hay bastantes casos archivados. Está el de Diana Piggeonountt, que hasta ahorita no se ha sabido nada de ella”, comenta refiriéndose a la estudiante de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, que fue vista por última vez en 2018, cerca de la colonia Divina Providencia.
“Me sentiría más segura con una alerta de género en el estado. Así todos sabrían del problema y harían algo”, opina Karla.
Pero la experiencia en otras entidades federativas no es alentadora para Baja California.
En México, hay 13 estados que la implementaron en años pasados. Entre ellos, Veracruz y Estado de México, que siguen liderando las cifras de feminicidio en el país.
María Salguero opina que un punto a favor de esas declaratorias, es que las entidades reciben recursos para capacitar a su personal en perspectiva de género.
“El problema es que no los previene. Al contrario, están subiendo más”, comenta.
En 2015, la AVGM entró en vigor para el Estado de México.
Ese año se registraron 59 feminicidios y 278 asesinatos de mujeres. Pero en 2019, tuvieron 81 feminicidios y 258 homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo.
Un caso similar es el de Veracruz, que declaró su alerta en 2016 y fue la entidad con el mayor número de feminicidios en 2019, según la misma fuente.
La alerta de género se solicitó por primera vez para Baja California hace cuatro años, pero el gobierno federal la desechó.
En su lugar, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) emitió 14 recomendaciones que resultaron en la aprobación de una ley para la igualdad y en la creación del Centro de Justicia para la Mujer, que se inauguró el año pasado, pero no está en funciones.
Actualmente existe otra solicitud. Fue hecha en febrero pasado por la CEDH.
En esta, la comisión argumenta que ha habido un incremento desde 2015 en el número de feminicidios, desapariciones forzadas y otro tipo de violencias contra la mujer.
Para la investigadora Sayak Valencia, el trabajo gubernamental debe centrarse en la prevención.
“Lo que nos interesa es que no lleguemos hasta el feminicidio”, comenta.
Sayak Valencia es académica en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y se especializa en teoría crítica y feminista.
A su parecer, las estrategias deben incluir el mejoramiento de calles, seguridad y transporte público, un trabajo que incumbe a los ayuntamientos.
En el marco de distintas movilizaciones que se llevaron a cabo durante el mes de febrero, el Gobierno Municipal de Tijuana acordó medidas como la instalación de botones de pánico en la ciudad, una Patrulla Rosa para atender reportes de violencia intrafamiliar y el programa Seguridad Rosa, que consiste en otorgar cursos de defensa personal.
La Fiscalía General del Estado también actuó en consecuencia, con la aprehensión y vinculación a proceso de los probables feminicidas de Genoveva Álvarez y Marbella Valdez.
“Invito a la sociedad, sobre todo a las mujeres, a seguir manifestándose en contra del feminicidio. Es una forma de visibilizar lo que está sucediendo”, comenta Sayak.
Y Karla coincide con ella. El pasado 15 de febrero fue una de las más de 500 personas que se reunieron en el Monumento a la Independencia en Zona Río para alzar la voz en contra de los feminicidios.
Caminaron hacia las antiguas instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y reclamaron el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
“No tendríamos que salir a marchar para exigir seguridad y justicia”, dice Karla, “pero sólo así nos están notando”.
