Según el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) en Tijuana, el señor Macario Chávez se presentó físicamente a registrar la compra-venta de un terreno que era de su propiedad en octubre del 2018, sin embargo de acuerdo a un acta de defunción emitida en el condado de San Diego, este falleció en 2007.
Pero además ese mismo predio ya había sido vendido a Carlos Delgadillo Villela en 2005, quien se ostenta como legítimo propietario y quien aseguró que esto pone al descubierto una serie de irregularidades cometidas por funcionarios del Registro Público y de Catastro, que ameritan una profunda investigación.
Y es que su representación legal, tiene evidencias de que se mostraron y aceptaron documentos falsos para concretar el despojo, ya sea por corrupciòn o negligencia, advirtió.
El afectado explicó que compró el terreno de 600 metros cuadrados ubicado en la colonia Buenos Aires Norte, al señor Macario Chávez, en el año 2005. Desde ese momento se realizó el cambio de propietario como correspondía.
Cuando se presentó a pagar el impuesto predial del ejercicio 2019 se enteró que el terreno ya no estaba a su nombre, sino al de Norma Alicia Ramírez Ojeda.
Su abogado, Alejandro Godínez, al seguir el rastro de los trámites que se realizaron ante el Registro Público y ante Catastro, encontró que el cambio de propietario se efectuó apenas el año pasado.
Indicó que para concretar el despojo presentaron un acta de defunción falsa fechada en 2018 y emitida por el Registro Civil de Tijuana, aunque Macario murió en noviembre de 2007 en el Alvarado Hospital Medical Center, de San Diego, según el acta de defunción proporcionada por un hijo del vendedor.
Los denunciantes dijeron que el vendedor Macario murió viudo, aunque ahora el RPPC documentó que Norma Alicia Ramírez Ojeda es su cónyuge.
La identificación oficial de Norma Alicia señala que nació en 1988, pero en el RPPC se identificó con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y dijo que habita en el lote baldío, según documentos.
“El cambio de propietario se hizo el cinco de octubre. Dio fe el entonces registrador José Antonio Morán Rangel”, dijo el abogado.
Según el expediente, Morán Rangel tuvo en su presencia al difunto señor Macario, por eso el abogado alega complicidad entre el registrador, Norma Alicia y otros empleados del área jurídica del Gobierno del Estado.
“Abusando de su fe pública, Morán Rangel manifestó tener a la vista a esta persona, siendo que ya había fallecido”, dijo. El trámite de compra-venta se ratificó el 24 de octubre de 2018.
En septiembre pasado, a escasos días de que la administración estatal concluyera, ese registrador fue removido de su cargo.
Los hijos del señor Macario Chávez reconocieron que su padre vendió a Carlos Delgadillo, por lo que desconocieron a Norma Alicia Ramírez Ojeda, aseguró el representante legal del afectado.
Quien fuera titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) en Tijuana, Héctor Luévano Ruiz, al cierre de la administración estatal, explicó que tiene conocimiento del caso y recomendó al representante legal denunciar ante las instancias correspondientes.
La Contraloría del Estado tendría que investigar las irregularidades presuntamente cometidas por el exregistrador, aunque “la parte interesada tendría que hacerlo del conocimiento” de la dependencia, dijo Luévano Ruiz.
Aunque le presentaron documentos certificados que incluso el propio Catastro selló, el registrador dijo que Godínez exhibió copias simples al exponer el caso.
El único documento que se llevó en copia simple fue el acta de defunción que presumen es falsa y que solicitarán ante el Registro Civil, alegó el abogado.
Godínez explicó que otras irregularidades cometidas en la transacción de Norma Alicia, son falta de sellos del certificado de libertad de gravamen por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y de Recaudación de Rentas del Estado.
Además presentó un avalúo donde la propiedad aparece con un valor mucho menor al real y un cálculo en ceros del Impuesto de Adquisición de Inmuebles.
El abogado dijo que presentará una denuncia penal contra el exregistrador y otros funcionarios, mientras que a la señora Norma Alicia Ramírez Ojeda se le acusará de fraude, falsificación de documentos y lo que resulte.
Para conocer su versión se buscó a Norma Alicia, sin embargo declinó ofrecer una entrevista, confirmó José Arturo Navarro Gaona, su representante legal en este caso.
Él mismo comentó que sostuvo una plática con el abogado del afectado, a quien le sugirió que presente una denuncia de manera formal si considera que tiene los documentos para probar que existió un delito y manifestó que le causó extrañeza que haya buscado una mediación fuera de tribunales.
