El sector de energía eléctrica en México no pasa por su mejor momento, el cambio de gobierno y, con este, el de la política energética, imprimió cierta incertidumbre en el panorama para invertir y desarrollar proyectos energéticos. El estancamiento se percibe en todo tipo de proyectos, algunos detenidos por conflictos socioambientales, otros en disputa por derechos de ocupación, la tendencia en el sector es a la desaceleración y no se ven señales de cambio próximas.
Esto ha generado que una gran parte de la capacidad instalada autorizada e incluso la subastada al día de hoy no estén generando, eso aunado a la cancelación de las subastas futuras, nos pone en un panorama donde el crecimiento de la demanda eléctrica —demográfico y por desarrollo económico— podría no verse satisfecho, alejándonos más de la seguridad energética que nuestro país busca desde hace algunos años.
Ahora, existen áreas de oportunidad que no dependen tanto de la voluntad política o presupuestaria, modelos que permiten la generación-consumo en el ámbito privado y, a su vez, posibilitan la venta de excedentes de energía, como es el abasto aislado y la generación distribuida.
GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD)
La GD permite a un generador exento —capacidad instalada menor a 0.5 MW—, así como a centrales eléctricas exentas que se encuentran interconectadas a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de centros de carga, el consumir la energía generada, y en caso de estar conectados a la red, vender sus excedentes a cambio de una contraprestación —venta total o Net Billing— o una compensación entre consumo y generación —Net Meeting—. Estos dos últimos presentan una ventaja adicional, ya que al contar con el contrato de suministro los costos del equipo de medición y sus instalaciones corren a cargo del distribuidor.
Este esquema de generación no ha recibido suficiente fomento gubernamental, por ello seguimos en una etapa de adopción baja —representa menos del 0.3 por ciento de la capacidad total—, lo que no permite justificar inversión en modernización y ampliación de la red. La adopción media —superar el 5 por ciento de la capacidad instalada— tornaría rentable el modelo para la inversión gubernamental. No obstante, el crecimiento de la GD ha sido exponencial, con casi 95,000 contratos que amparan casi 700 MW de capacidad instalada.
Tampoco significa que el gobierno le haya dado la espalda al modelo, con las DACG vigentes se continuará otorgando certeza jurídica a los generadores de tecnología y los potenciales inversionistas en modelos de GD, sobre todo en el sector de las renovables, que concentra un mayor número de apoyos.
Este esquema presenta incentivos, como los ahorros para los usuarios que sean generadores exentos o la depreciación acelerada de la inversión en maquinaria y equipo para la generación y la reducción de los derechos de suministro de agua por el uso de dispositivos ahorradores de energía o agua. Por estos y otros motivos, resulta costo efectivo el uso en el modelo de la tecnología renovable de baja escala, como los paneles solares que representan más de un 90 por ciento de las instalaciones que amparan la GD.
Por todo esto, consideramos que hoy existe una ventaja competitiva en la comercialización de sistemas de generación, por lo atractivo que el producto puede ser para el consumidor, sobre todo en los lugares donde la red no llega y en aquellas zonas urbanas donde los costos son altos para los usuarios, lo que permite financiar dichos sistemas. Pero también hay incentivos para los usuarios, que pueden obtener un ahorro significativo de más de 70 por ciento en su cuenta de luz y con la posibilidad de inyectar sus excedentes a la red por una contraprestación, además de los intangibles que derivan de poner su grano de arena con el esfuerzo mundial para reducir el cambio climático.
ABASTO AISLADO (AA)
A raíz del cambio de impulso a la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de todos los consumidores, el AA es una alternativa eficaz para los consumidores de energía a mediana y gran escala, que requieren de una generación constante, con costos ciertos y sin necesidad de cubrir costos de interconexión a la red.
Esto se debe a que con el modelo de AA es posible satisfacer las necesidades eléctricas a través de una central eléctrica propia conectada por medio de una red privada, sin la necesidad de estar conectado forzosamente a la red general de distribución. Aunado a lo anterior, el poco avance en la inclusión de usuarios calificados participantes (UCP) que ha tenido el mercado eléctrico mayorista y la creciente demanda de energía de industrias y comercios de gran y mediana escala, potencializan el AA como una alternativa a la incierta inversión gubernamental para incrementar la red, así como la oferta energética del país.
El AA permite generar o importar energía para la satisfacción de una necesidad propia —o del mismo grupo económico— o para la exportación, siempre que dicha energía no sea conducida por las redes nacionales. Este modelo es el heredero del modelo de autoabastecimiento previo a la reforma, igualmente permite inyectar los excedentes —previa interconexión—, sólo que, en este caso, sí se recibe una contraprestación a cambio.
Aun cuando el modelo requiere de que el titular del permiso de generación deba ser el mismo titular o una de las personas —físicas o morales— que pertenecen al mismo grupo económico del titular, permite la contratación de terceros para realizar el financiamiento, la instalación, el mantenimiento y operación necesaria para generar energía eléctrica y entregarla a los centros de carga del titular.
Al igual que la GD, la capacidad instalada en AA no es relevante en la integración de la canasta energética actual, no obstante, existe un nicho de oportunidad, ya que solo se cuenta con casi 50 permisos de generación de energía eléctrica bajo este modelo, lo que representa una capacidad total de generación de aproximadamente 650 MW, permite un margen de actuación muy amplio en términos de demanda in situ. El AA permite no solo tener un mayor control sobre la energía producida, también reduce los costos de la energía y no se tiene que incurrir en potencia ni en el derecho financiero de transmisión.
Ahora bien, estos no son los únicos beneficios económicos con los que cuenta el modelo del AA. En el caso de que la central eléctrica opere con energías renovables, es posible obtener los CEL, que permiten incentivar la generación. Un CEL es un título que acredita la producción de 1 MW de energía eléctrica limpia, el cual deberán adquirir los suministradores —básicos y calificados—, los usuarios calificados y los finales de abasto aislado, para cumplir con los porcentajes que son requeridos para dar cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales manifestadas en la Ipcc y sus Estados miembros.
Los obligados a adquirir un porcentaje equivalente de CEL respecto del total de su producción tienen que hacerlo por un total de CEL que constituya el 7.4 por ciento de su generación para 2020, 10.9 por ciento para 2021 y de 13.9 por ciento para 2022.
La demanda que genera este modelo, además del mercado voluntario que contempla, fomenta el uso de energías renovables para los modelos de abasto aislado, lo que potencializa sus beneficios para el generador-consumidor, además de que lo libera de la incertidumbre de la política nacional y la pérdida de foco que ha tenido el tema frente a otros que al parecer resultan más importantes para el actual gobierno.
Según lo manifestado en el Primer Informe de Gobierno, respecto a la transición a energías renovables continúa la meta de alcanzar 35 por ciento de generación eléctrica a través de energías limpias para el año 2024. Asimismo señaló que, durante los meses de enero a junio de 2019 se observó un aumento de la generación fotovoltaica de 0.70 a 2.44 por ciento, y en aras de dar cumplimiento a la meta, de acuerdo con dicho informe, “se ha desarrollado un programa específico para que los contratos adjudicados a través de las subastas realizadas instalen la infraestructura necesaria”, el cual todavía no ha sido publicado.
Sin embargo, cabe aclarar que las obras que se requieran para interconectar las CE con las RGD serán a cargo de los peticionarios, siempre que estos no hayan solicitado que la infraestructura requerida fuera agregada al PRODESEN, los cuales podrán optar por realizarlas a su costa o por hacer aportaciones a CFE para que esta las realice y así beneficiarse de las mismas.
Como despacho de abogados especializados en energía y desarrollo de proyectos, asistimos a nuestros clientes durante todas las etapas de su proyecto, desde la auditoría de factibilidad jurídica y los estudios socioambientales, la asistencia o asesoría en los modelos contractuales, la obtención de permisos, autorizaciones, licencias o, en su caso, concesiones, hasta el desarrollo de auditorías para la consecución de financiamientos. Con nuestro equipo de expertos podemos ofrecer soluciones integrales a todos los agentes del mercado para dar certidumbre a sus inversiones y garantizar su correcto desarrollo para que genere la rentabilidad proyectada.
