EL RELATOR ESPECIAL para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, advierte al gobierno mexicano que “no hay excusas” para que el asesinato de Miroslava Breach, la periodista mexicana asesinada en marzo de 2017 y que destapó los vínculos de la narcopolítica en Chihuahua, quede sin resolver y en la impunidad.

No solo eso. En entrevista con este medio, el relator dice que, si bien hay un presunto autor material del asesinato de Breach que está enfrentando la justicia, aún quedan múltiples preguntas sin responder en la investigación que hizo la Fiscalía General de Chihuahua tal y como documentó el trabajo periodístico “Proyecto Miroslava”.

“El caso no está cerrado, aún quedan muchos cabos sueltos”, subraya Lanza.

El relator especial de la CIDH también muestra su preocupación por la “estigmatización” de los medios de comunicación que plantean cuestionamientos y críticas al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y habla de algunas de las propuestas que presentaron al nuevo Ejecutivo, como que medios públicos de comunicación, como Notimex, dependan del Congreso y no del gobierno en turno.

LOS CABOS SUELTOS DE LOS CASOS MIROSLAVA Y VALDEZ

Sobre el asesinato de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, el relator especial de la CIDH celebra como una “buena noticia” que el caso pasara a manos de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Fiscalía de Chihuahua dejara cabos sueltos en la investigación.

Durante la entrevista, Edison Lanza recuerda que investigaciones como “Proyecto Miroslava”, realizado por periodistas mexicanos y extranjeros integrados en el Colectivo 23 de Marzo, documentaron que las autoridades investigadoras dejaron sin responder dos preguntas clave: ¿Quiénes están detrás del asesinato de Miroslava? ¿Qué denuncias querían silenciar con su muerte?

En torno a estas dos preguntas clave, “Proyecto Miroslava” reveló en tres reportajes que, a pesar de que un presunto autor material del homicidio ya está enfrentando la justicia, hay pistas y evidencias que nunca fueron investigadas; políticos chihuahuenses a quienes la Fiscalía no buscó para hacerles preguntas obvias; y personas que pudieron haber tenido algún grado de participación en el homicidio y que, sin embargo, se les otorgó la calidad de testigos con identidad reservada.

“Hemos pedido información a la Fiscalía General de la República para conocer el estado actual de las investigaciones. Porque no hay excusas para que este asesinato quede impune”, advierte el relator de la CIDH, quien hace hincapié en que el caso “debe ser aclarado de forma completa”.

“Es decir, la investigación debe llegar hasta quiénes son los autores materiales, pero también a los intelectuales que ordenaron el asesinato, porque es evidente que el homicidio de la periodista está vinculado a sus investigaciones”, añade Lanza, quien detalla que los hallazgos documentados por el Colectivo 23 de Marzo ya están también en manos de la Fiscalía.

También lee: CNDH abre expediente por el homicidio de Miroslava Breach

Otro caso sin esclarecer por el que la CIDH hizo un llamado al gobierno mexicano es el de Javier Valdez, periodista asesinado en Culiacán, Sinaloa, en mayo de 2017, tan solo dos meses después del homicidio de Miroslava Breach.

En el caso de Valdez, periodista especializado en narcotráfico, cofundador del semanario RíoDoce, de Sinaloa, y autor de libros como Malayerba y Huérfanos del narco, aún se desconoce quién ordenó matarlo a más de dos años del suceso.

Por ello, en enero de este año, la viuda del periodista, Griselda Triana, pidió al presidente López Obrador que no se descartara ninguna línea de investigación sobre el homicidio, luego de que Dámaso López Núñez, conocido como el Licenciado, asegurara que los hijos del Chapo Guzmán mataron a Javier Valdez por publicar una entrevista.

“Valdez desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre y por eso lo mataron”, dijo el Licenciado durante el juicio en una corte federal del Chapo en Nueva York.

El pasado 15 de mayo, el diario El Sol de México publicó que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) admitió que aún no ha identificado al autor intelectual del asesinato de Valdez, y que el proceso penal en contra de los dos detenidos como autores materiales está detenido debido a los amparos que presentaron contra la vinculación a proceso.

Ricardo Sánchez Pérez, titular de la FEADLE, pidió paciencia y aseguró que el caso de Valdez no está estancado, por lo que confía en resolverlo. Empero, las cifras están en su contra: de acuerdo con un informe de la organización civil Artículo 19, de 1,140 investigaciones abiertas por la FEADLE entre 2010 y diciembre de 2018, solo consiguió judicializar 186, es decir, apenas el 16.3 por ciento de todos los casos. Y de esas 186, solo obtuvo diez sentencias condenatorias, lo que representa un 99.13 por ciento de impunidad en delitos contra la libertad de expresión.

Aun así, Edison Lanza insiste en el llamado de la CIDH a las autoridades de investigación para esclarecer los asesinatos de los periodistas.

“Estos dos casos de Miroslava y de Javier van a poner a prueba el sistema de justicia de México”, opina el relator de la CIDH.

“Porque si estos casos no se aclaran y quedan cabos sueltos, entonces estaríamos hablando de una debilidad muy fuerte en las instituciones mexicanas. No puede ser que se silencien a dos periodistas de esa importancia y de ese calibre, y que no haya ninguna respuesta del Estado mexicano”, advirtió Lanza.

REFORMAR LA “LEY CHAYOTE”

En el segundo bloque de la entrevista, Edison Lanza analiza cuál es el México que observan ahora desde la CIDH, luego de que a finales de 2017 hiciera una visita al país entonces gobernado por Peña Nieto, y le hiciera una serie de recomendaciones como fortalecer el Mecanismo de Protección a Periodistas con más presupuesto y personal capacitado, la cual persiste al día de hoy.

—¿Cómo han visto esa transición entre el gobierno de Peña Nieto y el de López Obrador en cuanto a la situación de la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas? —se le plantea.

—Si tengo que ponerle una palabra es expectativa —responde Lanza de inmediato—. Estamos viendo si la relación entre gobierno y prensa, que siempre es compleja, va a dar o no un paso de calidad mayor al que tenía México hasta el momento.

Y, hasta ahora, expone Lanza, las señales (del gobierno) “han sido ambiguas”.

“Creemos que esa relación (gobierno—medios) aún sigue estando pautada por esa vieja relación en la que la crítica, o la investigación periodística, está mal vista por los gobiernos. Y en este sentido, las señales (del gobierno mexicano) han sido ambiguas. En este momento, el discurso presidencial parece inhibir la crítica, cuando habría que fortalecer (a la prensa) y no impulsar la estigmatización de los medios”.

Te interesa: 12 periodistas fueron asesinados en México en 2018; elecciones aumentaron las agresiones: CIDH

Cuestionado sobre los recortes anunciados por el presidente López Obrador en publicidad oficial —prometió gastar un 50 por ciento menos que el gobierno saliente de Peña Nieto, que solo entre 2013 y 2016 gastó 36,000 millones de pesos en propaganda—, el relator de la CIDH insiste en la necesidad de realizar reformas a la Ley de Publicidad Oficial que entró en vigor el 1 de enero de este año, también conocida como “Ley Chayote”, para evitar el manejo arbitrario de la publicidad por parte de las autoridades.

Sin embargo, en paralelo a esa reforma, Lanza expone que México también necesita un “mecanismo de transición con reglas claras, transparentes y objetivas” que, ante el recorte anunciado por el gobierno, aporte dinero público a los medios de comunicación que les permita subsistir y seguir trabajando.

—¿En qué consistiría ese mecanismo de transición?

—La publicidad oficial no tiene que ser un mecanismo que sustente de manera artificial a los medios. Pero México podría apoyar con un fondo de transición hacia el periodismo digital, por ejemplo. Porque México tampoco puede quedarse sin prensa y sin medios. Hoy muchos periodistas están perdiendo su trabajo y sus medios están cerrando. Entonces, durante algún tiempo hay que ayudar al periodismo con un mecanismo de transición.

—¿La CIDH ya ha planteado esta iniciativa al gobierno de López Obrador?

—Esto todavía no se ha concretado. Pero sí he hablado con los encargados de comunicación de Presidencia, con Jesús (Ramírez).

EL MODELO DE LA “BBC” EN MÉXICO

—¿Y de qué hablaron?

—Le dije que en México debe haber buenos medios de comunicación públicos, pero que no fueran manejados por el partido que está en el gobierno, sino que sea a la usanza de la BBC o de la televisión alemana. México tiene la dimensión y la capacidad económica para tener unos medios públicos que realmente estén al servicio del interés público. Y para ello también se necesita una reforma, para tener un blindaje y que no vuelvan a ser utilizados como medios de propaganda.

—Es decir, ¿la propuesta es que Notimex, por ejemplo, ya no dependa del gobierno?

—Sí, hay varios modelos de medios públicos donde hay más control parlamentario (del Congreso), donde existe la participación de la academia y de la sociedad civil en consejos asesores, y donde el director no es nombrado por el Ejecutivo, sino por una mayoría parlamentaria. En Europa hay buenos ejemplos de esto, pero en América Latina, lamentablemente, no. Y México podría ser una avanzada.

Edison Lanza añade que también se insistió al gobierno mexicano en “dar un paso adelante” en la relación con la prensa, “para en vez de discutir si tal medio es bueno, regular, o malo, o en lugar de etiquetar a ciertos medios, pues por qué no abrir una discusión pública sobre cómo fortalecer a los medios públicos y también al periodismo independiente”.

Aunque el relator de la CIDH no lo dice expresamente en la plática, cuando se refiere a medios “buenos, regulares o malos” y a “etiquetar” a ciertos medios, se estaba haciendo eco de las críticas que el presidente López Obrador ha vertido contra medios como la revista Proceso, a la que acusó de “no portarse bien” con su gobierno, o el periódico Reforma, al que calificó en una conferencia mañanera como “prensa fifí” luego de que publicara que en el primer mes de su gobierno los homicidios aumentaron 65 por ciento, dato que el mandatario descalificó como “una volada”.

—¿Preocupan a la CIDH esas expresiones?

—Sí, es preocupante. Hay una mayoría en México que impulsó un cambio político. Pero la democracia no es avasallar a las minorías, ni a quienes son independientes del gobierno. Hay una confusión ahí muy grande. Y es una tendencia complicada que también estamos viendo en otros países de Latinoamérica, como El Salvador, donde quienes tienen un fuerte apoyo popular piensan que ya no tienen que dar explicaciones. La prensa, obvio, no es infalible y también puede cometer errores, pero para eso está el debate público.

—Hay una confusión en cuanto a que el papel de la prensa no es portarse bien con los gobiernos en turno…

—Bueno, hay nuevos sectores que están entrando en el gobierno de México, y también ellos requieren de una curva de aprendizaje. Pero sí, muchas veces se expone a la prensa, o hay una reacción contraria hacia ella, por el simple hecho de preguntar y de indagar. Un periodista que no hace preguntas interesantes, o que vaya al punto, es algo que uno no esperaría del periodismo, sino de la propaganda y del oficialismo.