California dará un importante golpe a la industria de las prisiones privadas, ya que sus legisladores votaron a favor de prohibir esos establecimientos, entre los que se incluyen los centros de detención dirigidos por el organismo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, distribuidos en todo el estado.
Este miércoles, 65 miembros de la Asamblea Estatal de California votaron a favor del proyecto de ley AB-32, la nueva legislación que busca prohibir las prisiones privadas, mientras que 11 miembros votaron en su contra.
La legislación todavía debe ser aprobada por el Gobernador de California Gavin Newsom antes de convertirse en ley, pero se espera que el funcionario respalde la prohibición, dado que él mismo pidió dar fin “de una vez por todas al ultraje de las prisiones privadas” en su discurso de toma de posesión, pronunciado en enero pasado.
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Si se aprueba, la nueva legislación entrará en vigor después de la elección presidencial de 2020 “el 1 de enero de 2020 o después”, y prohibirá al gobierno de California “suscribir o renovar un contrato con una prisión privada con fines de lucro para encarcelar a presos del estado”.
Sin embargo, el proyecto de ley parece hacer una excepción que permite renovar o extender contratos con instalaciones penitenciarias privadas con fines de lucro para que proporcionen alojamiento a reos estatales “para cumplir con los requerimientos de cualquier límite de población penitenciaria ordenado por los tribunales”.
Rob Bonta, miembro de la Asamblea Legislativa y autor del proyecto de ley AB-32, celebró en Twitter este miércoles la aprobación del documento, manifestando su orgullo por el hecho de que California esté “a punto de crear una reforma histórica y necesaria”.
“¡Las personas no son mercancías!”, dijo.
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La legislación señala claramente que el proyecto de ley debería aplicarse a cualquier “centro privado de detención” en el que “las personas sean encarceladas o confinadas involuntariamente de cualquier otra forma con el propósito de ejecutar una sentencia punitiva impuesta por un tribunal, o de mantenerlas en detención en espera de un juicio, audiencia, u otro procedimiento judicial o administrativo”.
Por ello, la aprobación del proyecto de ley no solo representa una victoria para la reforma de la justicia penal, sino que también es un importante triunfo para los grupos defensores de los inmigrantes, que desde hace mucho tiempo se han manifestado contra el uso de empresas de prisiones privadas para alojar a los inmigrantes detenidos.
De acuerdo con el proyecto de ley AB-32, cuatro grandes centros de detención de inmigrantes con la capacidad de albergar hasta a 4,500 personas serán obligados a cerrar en los próximos cinco años.
Los cuatro centros son manejados por Geo Group, un importante contratista de servicios de prisiones que cuenta con instalaciones en todo Estados Unidos.
De acuerdo con The Guardian, los contratos de las cuatro prisiones habrán de expirar en 2023 y no podrán ser renovados, según lo estipulado por el nuevo proyecto de ley.
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Se informa que, inicialmente, Bonta había incluido únicamente los contratos de la autoridad estatal penitenciaria con las empresas privadas de prisiones.
Sin embargo, el funcionario reescribió la legislación en junio para asegurarse de que las instalaciones de ICE en California también estuvieran incluidas en la prohibición.
Newsweek se puso en contacto con la oficina de Bonta para pedir sus comentarios para este artículo.
