Unas 50 mil personas opositoras al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin se manifestaron en Moscú para pedir elecciones libres, en una de las mayores protestas autorizadas desde 2012.
La concentración estaba autorizada para desarrollarse solo en una avenida de la capital, varios cientos de personas quisieron continuar la manifestación frente a la administración presidencial, donde les esperaba una gran presencia policial.La policía informó que 136 personas fueron detenidas por violaciones de la ley durante una acción no autorizada en el centro de Moscú”.
Aunque el gobierno dijo que participaron 20 mil personas, la organización no gubernamental Contador Blanco contabilizó a 49 mil 900 personas.
Opositores de Putin exigen elecciones libres y justas; hay más de mil detenidos
En la avenida Sájarov, cerca del centro de la capital rusa, los manifestantes desfilaron en calma con pancartas en las que exigían “Dennos el derecho a voto” o “Nos mintieron”, mientras que otros ondeaban banderas rusas y mostraban fotografías de activistas detenidos.
Este es el cuarto fin de semana consecutivo de protestas a pesar de la dura respuesta de las autoridades y la ausencia de la mayoría de los líderes de la oposición, prácticamente todos ellos encarcelados.
La movilización, inédita desde el regreso de Vladimir Putin al Kremlin en 2012, año en el que se regularon las manifestaciones en el país.
A principios de junio de ese año, Putin firmó una ley que endureció las sanciones infracciones en actos masivos públicos.
Una de las restricciones que establece el documento es participar en las manifestaciones con el rostro cubierto y estipula multas entre 600 y 900 dólares para los organizadores de actos públicos son previo aviso a las autoridades.
Si el tráfico es interrumpido, rebase el número de asistentes acordados u ocasione un despliegue mayor de fuerzas del orden, la multa que se aplicaría al organizador va de mil a mil 600 dólares.
Además, tanto los organizadores como los manifestantes tendrán que pagar hasta 9.000 dólares si sus acciones causan daño a la salud de otra persona o daño al mobiliario urbano. Las sanciones para las personas físicas pueden llegar a los 10 dólares o a 200 horas de trabajo social.
Las autoridades también pueden ser objeto de multa si se oponen a una manifestación de manera ilegal.
España
En España las manifestaciones, a diferencia de las reuniones, deben ser comunicadas por escrito a las autoridades con diez días de anticipación como mínimo y 30 como máximo, en casos urgentes el aviso podrá darse 24 horas previas, de acuerdo con información del Ministerio del Interior.
Se deben otorgar los datos personales de las o los organizadores, hora, lugar, fecha y duración, además de un itinerario y medidas de seguridad previstas por los organizadores.
Sin embargo, la convocatoria podrá ser prohibida si “ la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas”.
Francia
En Francia las autoridades también deben estar enteradas de que se realizará una manifestación entre tres y quince días antes de la concentración, igual que el España, los datos personales de los organizadores deben ser otorgados.
“Si la autoridad conferida a los poderes policiales considera que la manifestación planificada probablemente perturbe el orden público, lo prohíbe mediante un decreto que notifica inmediatamente a los signatarios de la declaración con el domicilio elegido” establece el Decreto de ley de 23 de octubre de 1935 que regula las medidas relacionadas con el refuerzo del mantenimiento del orden público.
A principios de marzo de este año, en el marco de las protestas de los llamados “chalecos amarillos” el parlamento francés aprobó una ley contra manifestaciones que fija penas de hasta un año de cárcel y 15 mil euros de multa para las personas que participen en protestas con el rostro cubierto.
Las personas que sean consideradas una “amenaza de gravedad” se les podrá prohibir la libre manifestación y reciben sanciones de cárcel y 7 mil 500 euros de multa.
Nicaragua
En julio de 2018 el gobierno de Daniel Ortega aprobó una ley que atribuye a los manifestantes actos de “terrorismo”, penados con hasta 20 años de prisión.
Argentina
En 2014, Argentina emitió la Ley de convivencia en manifestaciones públicas que ordena dar aviso al Ministerio de Seguridad sobre la intención de desarrollar una marcha con 48 horas de antelación; las protestas que no sean informadas o irrumpa los servicios son ilegítimas.
Con información de AFP y RT
