La persecución y criminalización de defensores del territorio no cesa pese a promesas de la Cuarta Transformación (4T) aseguró Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, luego que Teresa Castellanos y Jaime Domínguez, opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), fueron citados a comparecer a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a una nueva demanda por daño moral que presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Flores Solís explicó que ambos activistas, ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, habrían sido incorporados al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos por la persecución de la cual fueron objeto en el anterior régimen, situación que se reactiva en esta nueva administración.

Esta nueva “cacería” de los defensores se echó a andar después de que el pasado 10 de abril, en el marco del Congreso Nacional Indígena en Amilcingo y Anenecuilco, se registrara una manifestación en las instalaciones de la termoeléctrica de ciclo combinado en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla por opositores provenientes de distintas partes del país.

Teresa Castellanos y Jaime Domínguez fueron acusados por la CFE de realizar pintas en las instalaciones, situación que sostuvo la demanda por daño moral, pues los manifestantes “espantaron a los trabajadores” por lo que se les exige el pago de 69 mil pesos.

El defensor poblano lamentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no atendiera los llamados de diálogo con pobladores de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala que en los últimos meses han conseguido detener de manera legal la propia central eléctrica y el funcionamiento del gasoducto cuyos tramos –en los límites entre Morelos y Puebla– ha sido legalmente suspendido hasta que se repongan los mecanismos de consulta entre las comunidades.

Juan Carlos Flores Solís reveló que ni Castellanos ni Domínguez les han permitido ver la carpeta de investigación en las que los acusan de participar en la protesta y hacer las pintas. “La CFE deberá demostrar las pruebas del supuesto daño moral, sabemos que no las tiene porque ambos defensores no participaron ése día en la protestas; las acusaciones se sostienen contra los opositores por ser los más visibles”, acusó.

Insistió que en este proceso priva la opacidad la parte acusadora que tampoco ha accedido a mostrar el peritaje con el que se evaluó el daño que alcanzó los 69 mil pesos.

El defensor lamentó que el Gobierno Federal continúe criminalizando la oposición, ahora bajo pretextos absurdos. “Ni con Felipe Calderón ni con Enrique Peña Nieto habría habido tal persecución por pintas. Vemos que AMLO responde al diálogo con una nueva criminalización, esta es un nuevo incumplimiento a sus promesas”, dijo.

El riego para los defensores no cesa

Ante la persecución que parece no tener fin, Flores Solís dijo que los defensores no han dejado atrás los riesgos a perder la vida, la libertad y siguen sin cumplirse los derechos a la manifestación y la protesta.

Recordó que la tortura de Jaime Domínguez que a la fecha es considerada un crimen de Estado ha quedado impune. El gobernador Graco Ramírez y los trabajadores de la CFE, Alicia Vázquez Luna y Jorge Messeguer, no han sido juzgados por hostigamiento, difamación, secuestro, privación ilegal de la libertad, fabricación de delitos y tortura.

“Esto te pasa por defender a esos indios mugrosos”, fueron las palabras que el mando único de la Policía Estatal le dijo a nuestro compañero Jaime Domínguez Pérez, mientras lo golpeaban en costillas, oídos y cabeza para evitar que se notaran mucho las marcas de la represión “traigan una cubeta de agua para hacerle el pocito a este hijo de la chingada”, “ya tenemos el avión para desaparecerte”, tácticas empleadas en la Guerra Sucia de los setentas contra los luchadores sociales en México y hoy el gobierno de Graco Ramírez se acerca más al tipo de gobierno de Ulises Ruiz, Estrada Cajigal o su maestro Luis Echeverría que a un Gobierno Progresista.

Incomunicado por 26 horas, detenido a las 11 horas del día jueves 19 de septiembre de 2013, pudo recibir visitas hasta las 15 horas del viernes 20, sin alimentos por más de 24 horas, recibiendo golpes y amenazas por siete horas, antes de ser presentado ante un Ministerio Público, sin la presencia de derechos humanos, aún cuando desde el inicio el compañero Jaime los pidió y diversos organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos lo solicitaron desde el principio de su detención”, fue la denuncia que ha sido presentada ante autoridades correspondientes e ignorada a la fecha.

A la fecha, siguen las amenazas de muerte contra Teresa Castellanos y sus hijas.