Ha pasado un año desde que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva revocando una política que él mismo implementó, la cual fue ideada para separar a las familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Aquella medida condujo a la detención de más de 2,800 niños, quienes quedaron recluidos sin sus familiares en varios campamentos.

En los 12 meses transcurridos desde que Trump se desdijo de su política, otros 700 menores han sido separados de sus progenitores o familiares, y puestos a cargo de familias de acogida o bien, internados en campamentos que no cubren sus necesidades sanitarias básicas, como cepillos de dientes, pañales y jabón. Y todo esto consta en la información que el propio gobierno ha proporcionado a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La orden ejecutiva de Trump sigue contemplando la separación de las familias en casos en que los adultos responsables tengan antecedentes penales o cuando exista la sospecha de que los adultos representan un peligro para los menores. Sin embargo, la orden no especifica otras pautas, por lo que ACLU acusa a la presidencia de hacer una interpretación muy amplia de lo que, a todas luces, es una grave amenaza para los niños.

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En una entrevista con el diario Houston Chronicle, Lee Gelernt, abogado principal de ACLU, declaró: “Este tipo de separaciones se ha incrementado drásticamente en los últimos meses. El gobierno está tratando de meter un elefante en lo que debía ser una excepción muy estrecha”.

Gelernt precisó que ha visto casos en que niños de brazos han sido separados de sus progenitores por supuestas violaciones de tránsito.

“El gobierno está tomando la determinación unilateral de que los padres son un peligro, y separa a las familias sin que las instalaciones de detención infantil reciban notificación alguna de la separación del menor, sin explicar a los padres cuáles son las justificaciones para la separación, y sin proporcionar un proceso jurídico para que la familia pueda impugnar la separación”, aseveró Gelernt.

Por su parte, durante una presentación en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS, el republicano Michael McCaul (representante por el décimo distrito de Texas) aseguró que los campamentos donde se encuentran detenidos esos niños son los “peores” que ha visto en su vida.

“Tenemos que enviar ayuda humanitaria para atender a esos niños. Esa es la esencia de nuestra nación. Tenemos que hacernos cargo de esos niños… He vivido en el estado de Texas, he sido su representante en el Congreso desde hace 15 años, y antes me desempeñé como fiscal federal. Nunca en mi vida he visto algo peor, y es necesario corregir la situación”, protestó.

Los republicanos han dejado que el Congreso asuma la responsabilidad de financiar los campamentos, en tanto que los demócratas cuestionan por qué la presidencia Trump arguye que no tiene dinero para proporcionar artículos básicos como el champú. Y mientras tanto, a nadie se la ha ocurrido proponer alguna legislación o una solución bipartidista.

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